Primera Hora

DISPARIDAD EN LOS SISTEMAS OPERATIVOS

Expertos en seguridad indican que al Gobierno le urge ser más agresivo para evitar ciberataqu­es

- SARA R. MARRERO CABÁN sara.marrero@gfrmedia.com

Para el experto en cibersegur­idad Vicente De Hoyos, el ataque al sistema operador Profession­al Account Management (PAM), que maneja el sistema de AutoExpres­o, fue algo que bien se pudo evitar. Es la disparidad y la falta de cohesión del Gobierno lo que podría explicar la alta vulnerabil­idad de los sistemas, especuló.

“Cada uno (de los departamen­to) está aparte. Entonces, el de allá no sabe lo que está pasando acá. (Eso) afecta al Gobierno mucho”, analizó. “A mí lo que me extraña (es) con todo el dinero que se malgasta aquí en el Gobierno seguimos siendo víctimas. ¿Por qué?”, cuestionó.

En el caso del ciberataqu­e a PAM, De Hoyos recalcó que “se supone que debe haber alguien que esté haciendo la gobernanza sobre este operador”, exigiendo reportes mensuales de posibles ataques, lo que minimizarí­a la vulnerabil­idad de los sistemas.

Los sistemas operativos del gobierno aún no cumplen en su totalidad con las políticas establecid­as por la Orden Administra­tiva 2021-001 emitida por la oficina Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), a pesar de que se cumplió un año de su vigencia, coincidier­on la directora ejecutiva interina de la agencia, Nannette Martínez, y el principal oficial de cibersegur­idad del Gobierno de Puerto Rico, Ngai Oliveras.

“El Gobierno como tal estableció las políticas, que no existían, que dan unas direccon trices claras a las agencias y a los terceros que dan servicio a las agencias del Gobierno de Puerto Rico. Eso establece unos controles y las mejores prácticas que PRITS estableció para el Gobierno. Eso se implementó. Estamos en proceso ahora de ‘enforce’ esa política a nivel de agencia”, aseguró Oliveras a Primera Hora.

“Estamos haciendo unos avalúos de madurez de cibersegur­idad en cada agencia y ahí entonces sabemos cómo está esa agencia a nivel de cibersegur­idad para clasificar­los a ese nivel y establecer un plan de mitigación para subirlo al próximo nivel”, agregó.

Ambos funcionari­os acordaron también la falta de sinergia entre las agencias gubernamen­tales para proteger los sistemas de manera óptima. Resaltaron la necesidad de que todos esos sistemas “estén en servidores y máquinas del Gobierno”. Indican que solo de ese modo, “podemos tener algún tipo de visibilida­d y asegurarno­s que los controles de seguridad están implementa­dos”, indicó Martínez.

“Con eso no vamos a estar completame­nte protegidos, pero nos pone en una mejor posición”, atestiguó Oliveras.

La falta de personal y de fondos recurrente­s es un escollo mayúsculo que impide que se monitoreen todos los sistemas de una manera más eficaz, coincidier­on.

La Junta de Supervisió­n Fiscal asignó unos $11 millones a la agencia, fondos que no son fijos.

“Nosotros estamos en proceso de llevar ese mensaje, que Puerto Rico necesita un fondo recurrente significat­ivo para cibersegur­idad”, reiteró Oliveras al señalar que son cientos de agencias de Gobierno, cientos de miles de dispositiv­os y cientos de cuentas gubernamen­tales que se deben velar “24/7 los 365 días”.

PRITS ha solicitado cerca de $10 millones de fondos federales y la colaboraci­ón de Multi-State Informatio­n Sharing and Analysis Center (MS-ISAC), un esfuerzo voluntario y colaborati­vo designado por el Departamen­to de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, para que, más allá de los servicios gratuitos que recibe, pueda establecer una colaboraci­ón con el fin de aumentar a un 50% el nivel de seguridad de los sistemas de Gobierno y filtrar los miles de alertas que se reciben.

El contrato de PAM está vigente desde el 2018. Edwin González Montalvo, director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transporta­ción (ACT), explicó a este diario que la compañía fue contratada “para la transición hacia un operador nuevo, que es el compromiso que tenemos en esta administra­ción, de traer un sistema, nuevo, robusto y confiable”.

La cantidad de dinero que el Gobierno ha incurrido en contratar a PAM fluctúa entre $17 millones a $20 millones al año, según González Montalvo, ya que se hacen “casi un millón de transaccio­nes al día”.

Mientras dejemos todo en manos de terceros, se demora más el proceso de que nos avisen, de remediació­n” NANNETTE MARTÍNEZ CDIRECTORA EJECUTIVA

INTERINA PRITS

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Archivo SIN UNIFORMIDA­D. La falta de similitud entre los sistemas de las agencias de gobierno es parte del problema, según uno de los expertos.

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