Doña Ermelinda merece vivir con dignidad
Doña Ermelinda me recibió en el balcón de su apartamento. Junto a muchos residentes de residenciales en Puerta de Tierra, además de enfrentar sus padecimientos de salud, vive en la incertidumbre de ser desplazada de su hogar.
Ermelinda Morales lleva 38 años viviendo en Parque San Agustín. Desde octubre comenzaron las cartas de realojo, lo que significa abandonar su hogar y la comunidad en la que ha vivido. Vive en un primer piso, pues no puede subir ni bajar escaleras. Le han dicho, si no aceptas las condiciones de realojo, el Departamento de Vivienda decide a dónde tendrás que mudarte. Es decir, o aceptas irte “a la buena” o te vas bajo las condiciones que te imponemos.
Parque San Agustín en Puerta de Tierra es un área frente al puerto de San Juan. Ella vive en un lugar de ensueño para los especuladores del mercado inmobiliario que han ido acaparando lugares en Puerto Rico. En mi visita a varios residenciales en la zona de Puerta de Tierra la amenaza de desalojo, ya no es una amenaza; es una realidad. Acaparadores bajo el manto de la Ley 22 (Ley 60 hoy) han ido adquiriendo propiedades desplazando comunidades.
En Parque de San Agustín, San Antonio, San Agustín y Puerta de Tierra hay un proceso de “desplazamiento constructivo”. Es como dar un puño en el rostro y llamarle “caricia de impacto”. Se trata de quitar los servicios a un sector, dejar que se deterioren las estructuras de los edificios de manera que se haga tan inhóspita y difícil la convivencia, que la gente coja sus maletas y se vaya. El plan es sacar a la gente pobre del barrio para convertirlo en un barrio turístico y para ricos, por su ubicación estratégica.
Los propios residentes me dijeron no tener inconveniente con la inversión que permita un espacio de crecimiento económico. El problema es que quienes desean adquirir propiedades, con el estímulo y protección del gobierno municipal y estatal, ven a los pobres como un inconveniente. El gobierno no da alternativas viables ni razonables para la gente pobre que forma parte de comunidades históricas.
Los gobiernos estatales y municipales han dado la espalda a los pobres diciendo que no pueden hacer nada por tratarse de propiedad privada. No obstante, sí pudieran regular los usos y la zonificación histórica. Esta es la realidad que se vive en múltiples lugares en Puerto Rico. Se desmantelan comunidades al costo que pague el mejor postor. Isabela, Rincón, Vieques, Aguadilla, Dorado, el Viejo San Juan, entre tantos otros lugares, se reparten como bizcocho para satisfacer el apetito de unos pocos.
En Puerta de Tierra se han organizado los residentes en un colectivo llamado “Puerta de Tierra no se vende”. El grupo se creó para proteger el carácter residencial del área y muy especialmente para proteger los últimos residenciales públicos que quedan en el barrio. La experiencia del barrio es que han ido poco a poco sacando a la gente pobre.
El mal llamado “desarrollo” y la inversión económica no puede ser al precio del desplazamiento comunitario ni el abuso. Muchos adultos mayores viven en soledad e incertidumbre luego de una vida aportando y creciendo en comunidad. Es evidente que el gobierno protege a quienes ven a los más
pobres como un inconveniente. Es necesario eliminar la Ley 22 (Ley 60) como primer paso. En segundo lugar, debemos diseñar un desarrollo económico balanceado. Todos los componentes de la sociedad deben ser parte integral del crecimiento económico. El desplazamiento de sectores vulnerables no es buena política pública. Es inaceptable y hay que combatirlo.
No puedo aceptar que a doña Ermelinda le digan que por su condición social no merece vivir con dignidad. Aspiro a un Puerto Rico en el que las personas como doña Ermelinda, vivan en paz y prosperidad, con calidad de vida en su comunidad. Ella y muchos más lo merecen.
“El gobierno no da alternativas viables ni razonables para la gente pobre que forma parte de comunidades históricas”