ACUSAN A ABARCA HEALTH DE PRÁCTICAS ENGAÑOSAS
Departamento de Justicia indicó que el PBM cambió el costo de medicamentos
El Departamento de Justicia se querelló contra el administrador de beneficios de farmacias (PBM, en inglés) Abarca Health LLC. por presuntamente incurrir en prácticas engañosas e injustas al cambiar las tarifas de una amplia gama de medicamentos.
Según la querella, que fue presentada ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) a través de la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM), Justicia acusa a Abarca de cambiar las tarifas y de recontratar de su red de farmacias.
“Este PBM se valió de métodos injustos de competencia y actuaciones engañosas para cambiar las tarifas de los medicamentos y lograr la contratación de su red de farmacia”, informó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, en conferencia de prensa.
Y es que, desde el 2018, Abarca se convirtió en el PBM exclusivo de Triple S en su línea comercial, Medicare Advantage, y de sus líneas comerciales de negocio, proveyendo así servicios de administración de red de farmacias de comunidad que representaban más de 800,000 personas en la Isla.
Luego, el PBM enmendó sus contratos de proveedores de farmacia, efectivo el 1 de enero de 2019. De esta manera, aparentemente, informó falsamente que efectuó un “análisis de mercado exhaustivo” por seis meses, por lo que las tarifas que ofrecían eran “competitivas y consistentes con el mercado y las necesidades de nuestros clientes”.
Pese a lo sustentado por Abarca, la OAM descubrió que el PBM no hizo el análisis formal de mercado ni por escrito. Es por esto que Justicia alega que la compañía incurrió en la conducta engañosa para así justificar sus nuevas tarifas y hacer que las farmacias aceptaran los nuevos términos contractuales.
“Eso fue en el proceso de recontratación en el año 2018 de las farmacias que iban a proveer los medicamentos que iban a estar en la cubierta de este plan médico”, detalló el secretario auxiliar de la OAM, Guarionex Díaz Martínez.
“En ese momento, el PBM comienza el proceso de crear la red de farmacia para proveer su medicamento y, para ello, envía una propuesta de contrato con unas tarifas tómalo o déjalo, así son las alegaciones”, explicó.
La repercusión perjudicial hacia el consumidor podría haberse reflejado en el acceso y/o precio de los medicamentos una vez estaban en las góndolas de las farmacias de comunidad. Sin embargo, en la conferencia de prensa no se proveyeron cifras ni porcentajes exactos para demostrar el efecto que pudo haber generado a través de los años.
“La ley no nos exige a nosotros probar el efecto o daño al final del día”, dijo Thaizza Rodríguez, licenciada auxiliar de la OAM.
“Sabemos que este tipo de práctica y toda práctica que sea ilegal, que es lo que estamos alegando, al final del día los va a afectar (a los pacientes). Puede ser en el acceso, ya sea de parte de la farmacia… o del medicamento. Pero, en términos específicos de cuáles sean los daños o los efectos- en vista de que este caso no se trata de eso-, no (lo) tenemos que proveer”, agregó Rodríguez.
“Esta es una práctica inaceptable que afecta la justa competencia en el ámbito de la salud, y no la vamos a permitir”
DOMINGO EMANUELLI
SECRETARIO DE JUSTICIA
“En este caso, dentro del procedimiento y de los estudios, se va a presentar data económica sobre por qué ellos no tenían esa información (para aumentar las tarifas), además de otra información que tenemos que ellos no lo hicieron y cómo afecta eso a las farmacias, por ende, al consumidor, porque esta es una cadena de costo: entre más caro paga la farmacia, más caro paga el paciente”, manifestó, por su parte, Emanuelli Hernández.
Asimismo, la directora ejecutiva de la Asociación de Farmacias de Comunidad de Puerto Rico, Linda Ayala, coincidió que el aumento de tarifa pudo haber tenido un efecto directo en el bolsillo del paciente, pese a que tampoco estimó de cuánto.
“Cualquier conducta deshonesta o que no sea de buena fe en los negocios de Puerto Rico que afecte de manera negativa las condiciones competitivas de los mercados, más adelante va a repercutir en el consumidor. Nuestro deber es velar porque la competencia haga su trabajo en beneficio del consumidor”, concordó Díaz Martínez.
Justicia fue alertada de esta práctica por un comerciante. Empero, los funcionarios se abstuvieron de dar detalles de cómo y cuándo recibieron dicha denuncia.