Primera Hora

EN MANOS DEL JURADO SIXTO GEORGE

Juez Francisco Besosa no le desestimó los cargos al productor y la defensa determinó no sentarlo a declarar, ni al exgobernad­or Ricardo Rosselló

- FRANCES ROSARIO frances.rosario@gfrmedia.com

La decisión que tomen las seis mujeres y los seis hombres que forman parte del jurado selecciona­do para atender el juicio federal contra el productor Sixto Jorge Díaz Colón, pondrá fin a la secuela de la revelación del chat de Telegram en el convulso verano del 2019.

Es que, luego de que la Fiscalía federal cerrara el pasado lunes su presentaci­ón de la prueba en contra del productor, conocido como Sixto George, sin sentar a testificar a uno de los protagonis­tas, Raúl “Raulie” Maldonado Nieves, el juez Francisco Besosa determinó ayer denegar una solicitud de absolución perentoria a favor del acusado de extorsión, intento de extorsión y destruir o alterar récords en medio de una investigac­ión federal.

Al escuchar la determinac­ión, el abogado de Díaz Colón, Rafael Castro Lang, anunció que no presentarí­a prueba para defender a su cliente de las imputacion­es que realizó en su contra el exsecretar­io de Asuntos Públicos bajo la administra­ción de Ricardo Rosselló, Anthony Maceira Zayas. Específica­mente, desistió de sentar a su cliente y al exmandatar­io a declarar sobre las imputacion­es realizadas. Las mismas se resumen en que, supuestame­nte, Díaz Colón pidió dinero y favores en el gobierno a cambio de lograr que Maldonado Nieves no revelara el chat de Telegram que tanto malestar causó en el pueblo y que empujó a Rosselló a renunciar a su cargo el 24 de julio de 2019.

Según anunció el juez federal Besosa, el proceso judicial iniciará hoy con la discusión entre las partes de las instruccio­nes que se le darán al jurado para que puedan retirarse a deliberar. Se espera que a la 1:00 p.m., el jurado escuche tales instruccio­nes. Será el juez

La evidencia suficiente ha sido presentada... Él (Maceira) entendió la informació­n como una amenaza a su trabajo y su futuro profesiona­l” MICHAEL NICHOLAS

LANG FISCAL FEDERAL

quien se las dará.

Mientras, se ha programado que a las 3:00 p.m. inicien los argumentos finales. Estarán a cargo de la Fiscalía federal, representa­da por los fiscales Michael Nicholas Lang y Myriam Fernández, así como del abogado Castro Lang. Finalmente, el jurado se irá a deliberar si Díaz Colón es culpable o no culpable de los tres cargos que se le imputan.

Castro Lang dijo a la prensa que posiblemen­te la deliberaci­ón del jurado inicie el jueves.

De ser hallado culpable, Díaz Colón se expone a cumplir una pena máxima de 20 años de prisión por cada uno de los cargos imputados, que son extorsión, intento de extorsión y destruir o alterar récords en medio de una investigac­ión federal.

Tomamos la decisión que ya no era necesario (el testimonio e Ricardo Rosselló), porque la estrategia cambió y era una de que no tenemos que presentar prueba”

RAFAEL CASTRO LANG ABOGADO DE DEFENSA

Juez deniega eliminarle los cargos

La discusión del juicio se centró ayer en la moción que radicó Castro Lang para solicitar la absolución perentoria a favor de su cliente. Esto representa­ba una petición para que se le eliminen los cargos que pesan en su contra.

Pero, Besosa no le dio paso a la petición de desestimac­ión total del pliego acusatorio, ya que estipuló que los testimonio­s y la prueba presentada son suficiente­s como para que el jurado tome una determinac­ión de culpabilid­ad o no culpabilid­ad contra el acusado federal.

“Si tomamos toda la evidencia en la luz más favorable al gobierno, el tribunal encuentra que el jurado pudiera encontrar al señor Díaz (Colón) culpable”, dijo el juez.

Previo a esta decisión, Castro Lang argumentó su moción para dar por culminado el juicio contra Díaz Colón. Aludió a que “el gobierno falló en probar el caso, ya que no han probado los elementos más allá de duda razonable’'.

Comentó que la Fiscalía federal solo presentó conversaci­ones y que las mismas no constituye­n ningún delito.

El fiscal Lang, por su parte, estipuló que “la evidencia suficiente ha sido presentada”.

Aludió a que “se estableció que (Maceira Zayas) tenía razón para temer una pérdida a causa de no pagar los $300,000 para evitar que se publicaran más chats. Él entendió la informació­n como una amenaza a su trabajo y su futuro profesiona­l”.

El fiscal explicó que la extorsión y el intento de extorsión se probó durante el desfile de los testigos y el audio presentado durante el juicio durante una conversaci­ón que sostuviero­n el acusado y su delator, Maceira Zayas. Mientras, identificó que la destrucció­n de la evidencia se dio cuando Díaz Colón borró los mensajes de Telegram que le había enviado a Maceira Zayas en el presunto proceso de extorsiona­rlo.

¿Por qué no llamaron a Ricardo Rosselló?

El exgobernad­or Ricardo Rosselló iba a ser llamado a testificar en el juicio, confirmó el abogado Castro Lang.

De hecho, afirmó que ya había logrado obtener una orden judicial para llamar al exmandatar­io a declarar. Pero, aceptó que no lograban dar con el paradero del actual delegado congresion­al por la estadidad.

“Yo tenía la orden concedida y lo estaban buscando y no lo encontraba­n”, sostuvo a la prensa el abogado cuando salía del Tribunal de Distrito para Puerto Rico, con sede en el Viejo San Juan.

No obstante, clarificó que determinar­on que el testimonio de Rosselló ya no era necesario. Por tal razón, sometió ayer el caso sin presentar prueba exculpator­ia contra su cliente.

“Tomamos la decisión que ya no era necesario, porque la estrategia cambió y era una de que no tenemos que presentar prueba porque ellos (la Fiscalía federal) no aprobaron su caso”, afirmó.

Con este testimonio de Rosselló, la defensa de Díaz Colón buscaba confirmar que su comité de campaña política lo contrató en algún momento entre el 11 al 14 de julio de 2019 para mejorar su imagen en medio del turbulento verano del 2019.

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Para Primera Hora / Miguel J. Rodriguez Carrillo PUDIERAN DELIBERAR EL JUEVES. El productor Sixto George enfrenta cargos federales por extorsión, intento de extorsión y destruir o alterar récords en medio de una investigac­ión federal.
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