Exdirector de la ACT ordenó abrir el Atirantado
El ingeniero Luis Trinidad Garay admitió que como director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) ordenó que el puente Atirantado de Naranjito se inaugurara el 24 de octubre de 2008.
El entonces jefe de la ACT dijo que dio la orden de apertura porque se le informó que el proyecto estaba “sustancialmente terminado” y alegó que nunca se enteró de un correo electrónico que le dirigieron los inspectores de la obra, en el que le advertían que el puente no estaba listo para abrir.
Trinidad Garay y el ingeniero Carlos González Miranda, exsecretario de Transportación y Obras Públicas (DTOP), se distanciaron ayer de la controversia que rodea la apertura del Atirantado en el segundo día de las vistas públicas que lleva a cabo la Comisión para el Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Norte de la Cámara de Representantes.
La compañía Las Piedras Construction se alejó también de las fallas detectadas en la obra y reclamó que la ACT fue advertida en octubre de 2008 de los riesgos de que el puente abriera “sin estar los trabajos de postensionado de los cables de las losas de rodaje debidamente terminados, ni tampoco la inyección de grout (cemento especializado) tanto en estos cables, como en los cables que sujetan las losas desde las pilastras” de la estructura vial, que actualmente está cerrada.
Tanto Trinidad Garay como González dijeron que el entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilá no les hizo ninguna petición sobre la inauguración del puente, que ocurrió a pocos días de las elecciones generales de 2008.
El presidente de la comisión legislativa y representante popular Edgardo Feliciano indicó que hacen gestiones para citar a declarar al exsecretario del DTOP, Rubén Hernández Gregorat, quien asumió las riendas de la agencia en enero de 2009 con la administración del gobernador Luis Fortuño. “La Comisión no lo ha conseguido”, dijo.
En las vistas públicas ha aflorado el pulseo político entre populares y penepés repartiéndose culpas por el deteriorado puente, cuya construcción le costó al erario más de $31 millones y ahora el gobierno que invertir otros $25 millones para su rehabilitación.
Trinidad Garay dijo que entendía que el puente estaba apto para abrir y se amparó en una carta del 23 de octubre en la que “el mismo contratista así lo expresa”.
Sostuvo que no recibió información directa de alguna persona, inspector, supervisor, de la compañía de la construcción que le indicara que el puente no estaba listo.