Senador PPD enfrentará hoy cargos criminales
El senador popular por el distrito de Guayama, Albert Torres Berríos, encara hoy cargos criminales que le radicará la Oficina del Panel del Fiscal Independiente (OPFEI) en el Tribunal de San Juan.
No está claro en qué consisten las denuncias, pero en agosto del año pasado al legislador se le asignó un fiscal especial independiente por un alegado patrón de acoso laboral y de solicitudes de dinero que le atribuyeron empleados de su oficina legislativa en 2021.
En 2022 el OPFEI acogió un referido del Departamento de Justicia y designó a la FEI, Zulma Fuster Troche, para conducir la investigación sobre posibles infracciones al Artículo 191 del Código Penal (extorsión) y el Artículo 3, de la Ley 115-1991, conocida como Ley de Represalias contra el Empleado por Ofrecer Testimonio.
Ayer, Torres Berríos no se presentó a sus labores en el Capitolio y se encontraba reunido con sus abogados, confirmó el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, quien no fue categórico en qué acción, si alguna, tomaría contra el senador, si se le encuentra causa para el arresto.
Dalmau Santiago reconoció, sin embargo, que la Regla 243 del Reglamento del PPD establece que cuando se determinase causa probable para arresto o citación contra algún miembro de la colectividad por algún delito grave o menos grave que implique depravación moral, el presidente puede suspenderlo temporeramente de su cargo hasta que el caso sea resuelto por los tribunales. Recordó también, el líder senatorial, que son los senadores, en última instancia, los jueces de sus pares.
El líder legislativo sostuvo que Torres Berríos, motu propio, no le ha planteado la posibilidad de renunciar ni él tampoco se la ha pedido.
En diciembre de 2021, la Comisión de Ética del Senado recomendó castigar con un voto de censura y reprimenda pública al senador Torres Berríos, de 32 años, luego de investigar una querella de empleados del legislador que alegaron ser objeto de un patrón de maltrato verbal y de solicitudes de dinero.
También se rindió un informe de minoría que recomendó castigar también al legislador con una multa de $5 mil, que se le separara de forma permanente de la presidencia de comisiones legislativas, se ordenara a la oficina de Recursos Humanos que continúe la investigación y que el expediente fuera referido al Departamento de Justicia, pero ninguno de los dos informes fueron acogidos por el pleno del Senado.