PIDEN RESOLVER DENTRO DEL PPD
La defensa del alcalde de Ponce sostvo que el caso debe verse como un asunto disciplinario
La representación legal del suspendido alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, argumentó ayer que la controversia respecto a la descalificación del candidato se debía dirimir internamente como un proceso disciplinario y no mediante la vía judicial.
El abogado Frank Torres Viada sostuvo que se trataba de una cuestión política en la que, “si el partido, después de certificarlo y después de que es su candidato, entiende que no es idóneo tiene una vía interna, que es un proceso interno disciplinario”.
Particularmente, refirió al juez Anthony Cuevas Ramos, quien presidió la vista argumentativa, al capítulo 10 del reglamento del Partido Popular Democrático (PPD) en el que, indicó, se provee para la “‘suspensión de su derecho a ser candidato a un puesto interno del partido o representarlo en un puesto público por un período que no exceda el del cuatrienio en curso, a menos que por ley se disponga lo contrario’. Yo creo que ahí la parte querellante tiene su remedio político para su problema político, que es un asunto que no pertenece a este honorable tribunal”.
Asimismo, expresó que, si el PPD no quería “un alcalde denunciado, no lo podían certificar”.
En tanto, el secretario general del PPD, Gerardo “Toñito” Cruz, al salir de la sala, explicó que la vía interna es para desafiliar a una persona, pero, de todos modos, seguiría apareciendo en la papeleta.
“La única manera de sacar a una persona certificada de la papeleta es viniendo al tribunal. Así que, la disciplina que nos permite el reglamento es para disponer de asuntos de personas que no cumplen con las normas del reglamento. Para descertificar a una persona ya certificada, solamente hay un camino: es venir al tribunal. Es más, la Comisión (Estatal de Elecciones, CEE), por más que yo le diga que todo el partido está de acuerdo en desafiliarlo, la Comisión no lo va a sacar de la papeleta. No puede, hay que venir al tribunal”, aseguró Cruz.
Durante la vista, en la que no estuvo presente Irizarry Pabón, las partes sometieron sus argumentos y se espera que el juez Cuevas Ramos emita su determinación por escrito.
Irizarry Pabón enfrenta un proceso separado en el Tribunal de Ponce por, supuestamente, solicitar dinero a sus empleados para pagar un préstamo personal de $50,000. El político enfrenta cuatro denuncias por violaciones a los artículos 4.2 de la Ley de la Oficina de Ética Gubernamental y 251 del Código Penal por presunto enriquecimiento injustificado.
Sin embargo, esta controversia civil se centra en un acuerdo que Irizarry Pabón firmó el 19 de diciembre, en el que se establecía que se le permitiría ser candidato a la reelección, condicionado a que el caso criminal que enfrenta se hubiese resuelto para el 28 de febrero. De lo contrario debía renunciar a su aspiración, lo que, transcurrida la fecha, no sucedió. Por tal razón, el PPD presentó una querella para descalificar al médico.
En el caso relacionado al dinero que supuestamente fue solicitado para pagar el préstamo, la vista preliminar continuará el próximo 10 de abril.