Jueces y fiscales confían en lograr «lo antes posible» el acuerdo salarial
LA REUNIÓN de la Mesa de Retribuciones acabó ayer sin un pacto y las partes se emplazan al próximo lunes
EL GOBIERNO ofreció 44,5 millones de euros, lo que supondría un incremento del sueldo del 6,01% en tres años
La Mesa de Retribuciones reunida ayer con el objetivo de negociar subidas salariales para jueces y fiscales culminó después de varias horas sin un pacto concreto, si bien las asociaciones profesionales se mostraron «optimistas» y confiaron en «alcanzar un acuerdo lo antes posible». Si cabe, el próximo lunes por la mañana, cuando se ha convocado la próxima reunión.
El Ministerio de Justicia, por su parte, confirmó a través de un comunicado que había trasladado «una propuesta de adecuación salarial en relación al nuevo modelo de Justicia que va a ser impulsado por las tres leyes de eficiencia» organizativa, procesal y digital, que se encuentran actualmente en la fase final de su tramitación.
La propuesta, según adelantaron varios medios, asciende a 44,5 millones de euros en total. Fuentes próximas a la negociación citadas por Efe lamentaron que la oferta sea «una miseria», ya que «supondrá un incremento del 6,01% en tres años», cuando la «pérdida de poder adquisitivo (de estos dos operadores jurídicos) es del 22%». La cartera de Llop, además, aclaró que el Ejecutivo ha ofrecido a las asociaciones de las carreras judicial y fiscal «un papel relevante» en la implementación de las tres citadas normas que tienen por objetivo «transformar el modelo de Justicia».
El encuentro, que transcurrió entre las 11.30 h y las 19.30 h, con un receso largo para comer, sirvió para «perfilar posiciones y poner propuestas sobre la mesa», según apuntó el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Juan José Carbonero, a la salida del Ministerio. «No todas las propuestas convencen, ahora es tiempo de evaluar lo que hay sobre la mesa de cara a continuar el proceso de negociación», acotó.
Durante la jornada se sentaron en la Mesa varias asociaciones, tres letrados del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los representantes de los ministerios de Justicia y Hacienda, incluyendo la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez.
Por otra parte, la presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Inés Herreros, aseguró que confía en que se llegue «a un acuerdo, ojalá este mismo lunes», y añadió que la Mesa es un espacio en el que «las partes tienen que ser generosas». La presidenta de UPF recordó asimismo que las reivindicaciones que han trasladado las asociaciones son «históricas» y recalcó que hasta ahora todos los ministerios habían negado cualquier tipo de aumento retributivo.
El ‘toma y daca’ parece estar avanzando a buen paso, con la amenaza de una huelga de jueces y fiscales que tendrá lugar de forma indefinida a partir del próximo 16 de mayo si las conversaciones con el Gobierno no llegan a buen puerto. Paralelamente, la ministra Llop –que según informaron las asociaciones pasó por la reunión «a saludar»– se enfrenta a la huelga de funcionarios de Justicia, que hoy jueves se concentrarán frente al Ministerio en la calle San Bernardo.
Se trata de la segunda huelga que se celebra contra la cartera de Llop en lo que va de año, después de que los letrados judiciales consiguieran un aumento de hasta 450 euros mensuales tras dos meses de protestas y duras negociaciones. El efecto cascada que produjo esa concesión del Ejecutivo parece innegable, si bien los jueces y fiscales hablan de
una «reivindicación histórica» cuyos orígenes se remontan a 2003.
En aquel año se aprobó la ley reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, una norma pensada para asegurar la independencia económica de los mismos. Quedó entonces establecida la Mesa de Retribuciones, el mecanismo oficial a través del cual se revisan las condiciones económicas de jueces y fiscales cada cinco años. Sin embargo, hasta ahora ninguna de las cinco mesas previas ha concluido con aumentos salariales.
A esto se suma la rebaja del sueldo a la función pública, que en 2010 redujo las retribuciones de jueces y fiscales en un 10%. Según denuncian las asociaciones convocantes de la huelga, esa rebaja no se ha visto compensada en ningún momento, por lo que los jueces y fiscales han sufrido una importante pérdida de poder adquisitivo que ahora pretenden compensar de una vez por todas.
«La Mesa de Retribuciones de forma efectiva, trabajando y con resultados, no se ha tenido nunca. Estamos hablando de una situación de parálisis de prácticamente 20 años», subrayó ayer en este sentido Inés Herreros (UPF). Ahora las asociaciones esperan revertir esta pérdida de poder adquisitivo llegando a un acuerdo «que se acerque todo lo posible» a sus reclamaciones. ●