Aragonès insiste con la financiación singular y el PSC no lo ve «sensato»
CHOQUE El president de la Generalitat acusa a Salvador Illa de querer «un café aguado para todos» HACIENDA Los inspectores avisan de que el cupo catalán es inconstitucional e insolidario
Todo parece indicar que uno de los temas principales de la campaña electoral para las elecciones del 12-M será la propuesta de «financiación singular» que presentó la semana pasada el Govern de Pere Aragonès. A justo un mes de que empiece oficialmente este periodo previo a los comicios, algunos de los candidatos ya se han mostrado en desacuerdo con la idea y acusan al Ejecutivo de «buscar privilegios». Sin embargo, los de ERC aseguran que «acabar con una situación injusta nunca es un privilegio, es una obligación».
Durante un acto en el Col·legi d’Economistas de Catalunya, el presidente de la Generalitat defendió ayer el nuevo plan de financiación y preguntó al candidato y líder socialista, Salvador Illa, por qué le parece bien el déficit fiscal de Catalunya –que cifran en 22.000 millones de euros– y por qué prefiere «café aguado para todos», dejando entrever que los socialistas «no quieren molestar a Isabel Díaz Ayuso o Emiliano Page».
Aragonès explicó después que la Comunitat vive un momento clave y tiene la posibilidad de obtener todos los recursos que genera. «No pedimos más de lo que hemos producido nosotros mismos», aseveró, insistiendo en el «maltrato económico» que sufre Catalunya.
La respuesta llegó poco después. La portavoz del PSC, Núria Parlon, reiteró que su grupo quiere una «financiación justa», pero cree que «salir del marco común de financiación no es suficientemente sensato». Además, criticó la decisión de anunciar una propuesta «que solo tiene el apoyo de 33 diputados» en precampaña. No obstante, valoró positivamente el debate, pero instó a llevarlo a cabo «con calma y donde toca».
Sobre el modelo de financiación también se manifestó ayer la Asociación de Inspectores de Hacienda. El colectivo –en el que están inscritos el 70% de los inspectores del país– cree que el planteamiento es inconstitucional, rompe con los principios de solidaridad entre territorios y dejaría a Catalunya en una situación de privilegio respecto al resto de CCAA, que verían mermados sus servicios públicos. Además, defienden que, de llevarse a cabo, provocaría la fragmentación de la Agencia Tributaria y podría abrir la puerta a la deslocalización de contribuyentes, algo que perjudicaría la lucha contra el fraude y entorpecería la recaudación. «Los inspectores de Hacienda no se han leído la propuesta. Nada impide su implementación», contestó Aragonès en un mensaje en redes sociales. El president aseguró que el futuro de Catalunya «no puede depender de los intereses de quienes, mande quien mande, quieren seguir controlando el Estado», y defendió la independencia. ●