Hacienda veta las banderas de Podemos: ni vivienda ni 6 meses por maternidad
«Acabamos de pactar con el PSOE meter una buena parte de nuestro programa de fiscalidad en el BOE», presumía el jueves pasado el portavoz parlamentario de UP, Pablo Echenique. Lo hacía después de que días antes se presentaran las líneas maestras de la reforma fiscal pactada por los dos socios de Gobierno. Un paquete de medidas en el que los morados dejaron su sello con el tributo a las grandes fortunas, entre otras cosas.
No obstante, ahora Unidas Podemos no tiene tanto que celebrar. Ayer se presentó el proyecto de Presupuestos de 2023 y, en ellos, la formación no ha conseguido incluir medidas que consideraban claves, como la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad a seis meses. Tampoco ha logrado desbloquear leyes varadas como la de vivienda o la de seguridad ciudadana, conocida como la ley mordaza.
De las grandes reivindicaciones de UP, tan solo ha habido avances de calado en lo relativo a dos asuntos: la reversión del recorte en la prestación por desempleo que aprobó el Gobierno del PP en 2012 y la ley de familias, cuya tramitación se ha pactado iniciar y que incluirá la ampliación de la ayuda de 100 euros por hijo de entre 0 y 3 años a madres desempleadas.
Por el camino, además, a Unidas Podemos se le han quedado otras de sus reclamaciones, y quizá la más importante sea la ley de vivienda, que lleva más de medio año empantanada en el Congreso por la negativa de ERC, EH Bildu y UP a aprobarla sin profundizar en la protección a los inquilinos. La formación morada buscan una regulación de los precios del alquiler que obligue a limitarlos también a los pequeños propietarios, así como una mayor restricción de la posibilidad de ejecutar desahucios o una disposición para obligar a la Sareb a poner la mayor parte de sus inmuebles en el alquiler social.
El PSOE se ha negado a ceder en ninguna de estas cuestiones, porque considera que eso supondría reabrir una negociación con Unidas Podemos que costó un año cerrar en el seno del Ejecutivo, y ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue muy clara al ser preguntada por este asunto. «No parece lógico», señaló, «que si [la negociación de] los Presupuestos de 2022 tuvo como broche la ley de vivienda y el Gobierno progresista cumplió en registrar el texto en el Congreso», en las cuentas para 2023 se negocien cambios sobre ese mismo proyecto.
La misma falta de avances se ha registrado en torno a la derogación de la ley mordaza y la aprobación de una nueva ley de seguridad ciudadana, un trámite que lleva meses bloqueado en el Congreso a la espera de que los grupos acuerden el texto final. En este caso, quienes exigen los cambios son fundamentalmente ERC o EH Bildu y no tanto un Unidas Podemos, que ya pactó con el PSOE un amplio paquete de enmiendas conjuntas hace casi un año. Pero los morados no han conseguido un compromiso de los socialistas para desatascar la tramitación. ●