La mayoría del PSOE en el TC fuerza a no hacer excepción con la educación especial
EL PONENTE, que tenía dos objeciones, redactará una nueva sentencia acorde con lo votado en el Pleno EL TRIBUNAL apoya el uso del castellano como lengua vehicular que contempla la norma
EL EXMINISTRO Juan Carlos Campo se abstuvo en la deliberación y votación
La mayoría progresista del Tribunal Constitucional (TC) ha impuesto su criterio en lo que respecta a la ley de educación (Lomoe) en el Pleno que el órgano celebró ayer. Así, las pocas objeciones que había planteado el ponente de la sentencia que dictaminará la constitucionalidad de la norma han decaído tras varias horas de debate en el seno del tribunal de garantías, por lo que el magistrado Ricardo Enríquez redactará un nuevo texto en el que se avalará íntegramente la también conocida como ‘ley Celáa’. Enríquez solo ponía un par de pegas a la ley de educación impulsada por el Gobierno de coalición y aprobada definitivamente a finales de 2020. Una de ellas es que no está de acuerdo con que la norma obligue a la Administración pública a tener en cuenta la voluntad de las familias de estudiantes con necesidades especiales cuando quieren educarlos en centros ordinarios, pero no en los casos en los que quieran elegir un centro de educación específica.
Asimismo, el magistrado conservador pone objeciones al rechazo de cualquier ayuda pública dirigida a centros privados que segreguen a niños y niñas. Según Enríquez, este aspecto debía ser declarado inconstitucional.
Pero seis magistrados progresistas –se abstuvo el exministro Juan Carlos Campo–, frente a los cuatro conservadores, impusieron su criterio y votaron en contra de que este planteamiento del magistrado ponente figure en la sentencia.
A diferencia de otras ocasiones, en las que el ponente de la sentencia descartaba redactar una nueva acorde a la mayoría si no estaba de acuerdo con esta, ahora Enríquez se ha prestado a modificar su texto para que se adecúe a la postura mayoritaria, aunque ha anunciado la posibilidad de emitir luego un voto particular discrepante con el dictamen.
La ley educativa que recibe el nombre de la exministra socialista Isabel Celáa fue recurrida por Vox, que impugnó lo que consideraba «la parte más sectaria de la ley», lo que tiene que ver con la enseñanza concertada, la educación religiosa, la educación diferenciada y los centros de educación especial, así como contra el carácter excluyente del castellano como lengua vehicular.
En cuanto a este último punto, la mayoría de los magistrados están de acuerdo en que la ley garantiza que el castellano no sea excluido como lengua vehicular en la enseñanza, cuestión que consagraba en el borrador de sentencia como un derecho constitucional que debe ser «real», no una «fórmula vacía».
La nueva sentencia podría presentarse al Pleno del TC después de Semana Santa para su aprobación definitiva. ●