Sánchez sube un 70% la partida de vivienda pública en plena negociación de la ley con UP
El Gobierno quiere mandar un mensaje de apuesta por la vivienda pública de alquiler en un momento clave de la negociación con la mayoría de la investidura para aprobar la ley de vivienda, que hace semanas era «inminente» pero que ya acumula 14 meses varada en el Congreso de los Diputados. El Consejo de Ministros ha aumentado un 70% el presupuesto para este año de la Entidad Pública Estatal de Suelos (Sepes), el «brazo ejecutor» de la vivienda pública del Ejecutivo que prevé superar las 30.000 viviendas públicas para alquiler asequible en una década.
«Incrementamos el aumento de gasto para medidas que sirven para dinamizar la oferta de alquiler asequible», presumió ayer Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. En la rueda de prensa celebrada en Moncloa tras la reunión del gabinete, aseguró que «disponer de una vivienda es una de las principales reivindicaciones» de los jóvenes, y por eso el Ejecutivo está «trabajando para hacer llegar viviendas públicas a donde el mercado no llega».
El acuerdo del Consejo es una adenda al convenio suscrito entre Transportes y Sepes en noviembre y supone una ampliación de crédito de 260 millones de euros.
Esta cantidad se suma a los más de 360 millones de euros ya transferidos a la entidad pública de suelo entre 2018 y 2022 y permitirá alcanzar este año un total de 621,6 millones de euros. Desde el Ministerio aclaran, eso sí, que el grueso de la subida presupuestaria se utilizará para que Transportes compre a Defensa las instalaciones en las que se desarrollará la operación Campamento, en la que el Gobierno prevé construir un mínimo de 10.700 viviendas públicas.
La adenda aprobada ayer también trae consigo otras novedades respecto al Plan de Vivienda Asequible en Alquiler. En este sentido, se permite incorporar al convenio actuaciones para la promoción de este tipo de viviendas en zonas despobladas o de uso dotacional para «contribuir al equilibrio territorial o al reto demográfico, fomentando un asentamiento de población». «La adenda añade a su vez la posibilidad de financiar viviendas accesibles que provoquen sinergias positivas con ámbitos de actividad económica o industrial cercanos», reza la nota distribuida por el Ejecutivo.●