«Nosotros hacemos el 97% del trabajo de los tribunales»
Se manifiesta frente al ministerio a cinco días de que comience la huelga indefinida incrementos de entre 350 y 430 euros mensuales en sus salarios en función de la especialización
Varias decenas de banderas ondearon ayer frente al Ministerio de Justicia, en la madrileña calle San Bernardo, mostrando las siglas de cuatro sindicatos: Comisiones Obreras, UGT, Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ). Una concentración convocada por estas organizaciones fue la antesala de la huelga indefinida de funcionarios de los cuerpos generales y especiales la Justicia convocada a partir del lunes 17, que pondrá de nuevo a la cartera de Pilar Llop contra las cuerdas. A ojos de los sindicatos convocantes, los funcionarios de Justicia llamados a la huelga hacen «el 97% del trabajo de los tribunales», por lo que los efectos de la huelga que seguirán de forma indefinida entre las diez de la mañana y la una del mediodía podrían ser muy graves.
La estampa de ayer recordó a la protagonizada hace unas semanas los letrados de la Administración de Justicia, que tras dos meses de paros y varias concentraciones organizadas en el mismo enclave consiguieron pactar con el Gobierno una subida de entre 430 y 450 euros mensuales para los 4.300 funcionarios que componen este cuerpo. Alcanzar aquel trato costó la suspensión de cerca de 400.000 juicios y la paralización de más de 400.000 demandas y 1.280 millones de euros. Ahora, el ministerio se enfrenta a otra huelga indefinida a la que están llamados a acudir 45.000 trabajadores a lo largo y ancho del país.
Las dos principales reivindicaciones de los sindicatos son un aumento en las nóminas proporcional al concedido a los letrados judiciales y la paralización de la ley orgánica de eficiencia organizativa (LOEO), actualmente en tramitación parlamentaria. El comité de huelga exige además la eliminación de las diferencias retributivas derivadas de los grupos de población. Es decir, buscan acabar con las diferencias salariales según el lugar en el que se trabaje, de forma que todos los salarios se equiparen a los establecidos en Madrid y Barcelona.
Concretamente, reclaman subidas de 430 euros para los facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Para los grupos de gestión y los técnicos especialistas de laboratorio solicitan 400 euros de aumento y para los profesionales de tramitación y ayudantes