Bruselas afea el plan de la Junta y la gestión del Estado para Doñana
Aunque la conservación del Parque Nacional de Doñana se ha convertido en un campo de batalla entre el Gobierno y la Junta de Andalucía en la precampaña de cara a las elecciones del 28 de mayo, para la Comisión Europea (CE) la proposición de ley que otorgará más derechos de regadío en este espacio protegido forma parte de un procedimiento de infracción que ya abrió en julio del año pasado porque España no estaba haciendo lo suficiente para recuperar los acuíferos de Doñana. Y aunque todavía no ha tomado una decisión sobre las explicaciones que han dado las dos partes para decidir si continúa el expediente, afirma ya que «no va en la buena dirección».
Esta es la posición que adoptó ayer la Comisión tras la reunión entre el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, y el consejero andaluz del ramo, Ramón Fernández-Pacheco, celebrada a petición de la Junta de Andalucía. En ella, el consejero explicó al comisario el «estado de juego» en el que se encuentra la proposición de ley e incidió en que «en absoluto perjudica al acuífero de Doñana» ni supone «amnistiar» a los regantes ilegales, así como que caben modificaciones en la norma. Una explicación que pareció no convencer a Sinkevicius, quien recalcó, según un portavoz de la CE, que «la Comisión está profundamente preocupada, porque la proposición
de ley, si se adopta tal y como ha sido planteada, podría degradar el humedal de Doñana». «La proposición de ley crea un marco legal favorable para el reconocimiento de derechos de riego de aguas de superficie que se añadirían a la excesiva presión de los ya sobreexplotados acuíferos», censuraron fuentes comunitarias. fue el año en el que la CE envió una carta al Gobierno para apercibirle por su gestión de Doñana
Por su parte, desde Madrid, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, exigió de nuevo a la Junta que retire la norma.
Entretanto, la CE sigue estudiando las cartas que el Gobierno central y la Junta remitieron la semana pasada en respuesta a la misiva de marzo, en la que la directora general de Medio Ambiente mostró su «estupefacción» por el plan de regadíos de la Junta. Hasta que no haya hecho este análisis, no determinará si da el siguiente paso del procedimiento de infracción. Y es que según añadió el portavoz de la CE, la Comisión considera que la proposición de ley «es un elemento más de
este proceso» de infracción, en concreto, «uno que no va en la buena dirección» para el objetivo que sigue exigiendo a España, la restauración de Doñana, porque las medidas actuales «no son suficientes». En este sentido, la CE advierte de que «incluso sin el previsible impacto negativo de la proposición de ley», existe «una fuerte evidencia de que la agricultura intensiva y los complejos hoteleros estaban relacionados con la desecación o contracción de las lagunas alrededor de Doñana, demostrando que los niveles de explotación de agua subterránea son insostenibles. ●