«TENGO UNA PERSONA EN MI CASA CON UNA DEUDA DE 13.000 €»
Caseros como Susy Martí denuncian desprotección ante los ‘inquiocupas’ que dejan de pagar y son declarados vulnerables
Susy Martí tiene 64 años, está jubilada y cobra una pensión de viudedad de 627 euros, pero desde hace 27 meses no puede entrar en su casa de Alfafar (Valencia) porque está ocupada por una inquilina morosa. Susy es víctima de la ‘inquiocupación’, un fenómeno que las estadísticas oficiales no consideran como ocupación, pero que, según la Plataforma de Afectados por la Ocupación, supone el 70% de los casos en España. «Tengo a una persona metida en mi casa desde hace 27 meses sin ninguna intención de irse hasta que haya una orden judicial y ya no puedo más, yo también soy vulnerable y no puedo con tanto gasto», se lamenta Susy, que ayer pasó a la acción y protestó frente al Ayuntamiento de Alfafar, con pancartas y una camiseta de presidiaria. «Voy a seguir protestando hasta que recupere mi casa porque la Justicia no hace su trabajo», advierte, recordando que la deuda de su inquilina «ya asciende a 13.000 euros».
El problema de Susy empezó cuando decidió irse a vivir con su padre a su apartamento de la playa y alquiló su piso de Alfafar. «Mi madre acababa de morir y tuve que hacerme cargo de mi padre. Nos fuimos al apartamento porque él estaba más a gusto allí por un tema de movilidad, ya que tenía rampa para minusválidos y mi piso era un tercero sin ascensor», relata.
Pero la inquilina que alquiló su piso no tardó en dejar de pagar la renta de 480 euros mensuales: «Esa persona entró con un contrato de alquiler con un señor y estuvieron pagando durante un año, un poco mal y tarde, pero iban pagando, hasta que en marzo de 2021 dijeron que ya no pagaban más y así seguimos hasta la fecha. El señor al final se fue del piso, así que ahora ella está viviendo sola en mi casa».
Afortunadamente, Susy tenía un seguro frente al impago del alquiler, que se hizo cargo de las mensualidades durante un año, pero desde entonces no ha visto ni un euro: «Yo pensaba, ingenua de mí, que en un año podría recuperar mi vivienda y que a mi inquilina le darían una alternativa habitacional, pero estamos igual que al principio». «Ese alquiler era para completar mi pensión de 627 euros y todo esto ya está afectando a mi salud física y psicológica, tengo que tomar ansiolíticos», añade.
Las denuncias de Susy parecieron surtir efecto cuando en mayo de 2021 se programó un desahucio, pero su inquilina fue declarada entonces vulnerable y se paralizó el lanzamiento. «Ella tiene una discapacidad del 91%, pero vive sola en mi casa que es un tercero sin ascensor y sube las escaleras. Ni siquiera ha pedido ayuda asistencial a los Servicios Sociales. Además, conduce y sale a la calle todos los días. Me sorprende muchísimo», afirma.
Es esa declaración de vulnerabilidad la que impide que Susy pueda recuperar su casa porque el Real Decreto 11/2020 prohíbe desahuciar a personas vulnerables sin ofrecerles una alternativa habitacional. «El Gobierno sacó una norma que obliga a los Servicios Sociales de cada ayuntamiento a poner a disposición del inquilino vulnerable una vivienda o a hacerse cargo de su alquiler, pero en España, en el 95% de los casos en los que se declara la vulnerabilidad de los inquilinos quien se hace cargo de ellos es el propietario y no la administración», explica Vicente, abogado de Susy. «Al final, el inquilino sigue viviendo en la vivienda sin pagar nada, ni luz ni agua ni nada, porque todo lo cubre meses lleva la inquilina de Susy viviendo de ‘inquiocupa’ en su casa sin pagar nada
el arrendador. Hasta que los Servicios Sociales no se hagan cargo del asunto, no podemos hacer nada», añade.
Susy cuenta que «hace dos semanas» le comunicaron que ya habían encontrado una alternativa habitacional para su inquilina, aunque de momento sigue sin marcharse de su piso: «Me dicen que no pueden ponerse en contacto con ella porque no les coge el teléfono». Este periódico ha contactado con la defensa de la inquilina de Susy y con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alfafar, pero no han querido realizar ninguna declaración. ●
Portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación
O¿Se está creando alarma social con la ocupación o es realmente un problema más grave del que reflejan las estadísticas? Es un problema mucho más grave. El Gobierno solo recoge las denuncias por usurpación o allanamiento de morada, pero no tiene en cuenta la ‘inquiocupación’.
O¿La ‘inquiocupación’ es entonces el gran problema que ocultan los datos oficiales? Absolutamente. Nosotros estimamos que hay unos 80.000 afectados por este problema en España.
O¿Cuánto se tarda en desalojar a un ocupa en España? Algunos procedimientos judiciales pueden durar de dos a tres años.
O¿La nueva ley de vivienda favorece la ocupación? Va a empeorar la situación para los propietarios porque es una ley excesivamente garantista para los ocupas. No regula las ‘inquiocupaciones’ y solo amplía los plazos para que estos ocupas puedan presentar recursos y seguir más tiempo en la vivienda. ●