Casi la mitad de los españoles cree que debía dimitir o ir a la convocatoria de elecciones
«Respeto» ante la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de continuar en el cargo, pero también una exigencia: que el debate abierto sobre las noticias falsas y los supuestos ataques a los dirigentes progresistas por parte de miembros del poder judicial no se limite a la «retórica», sino que tenga consecuencias a nivel legislativo, en primer lugar reformando la ley para poder renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con mayoría absoluta del Congreso, lo que evitaría el veto del PP. Eso fue lo que planteó ayer la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, al tiempo que dijo que «los intentos de desestabilizar al Gobierno se responden con más democracia y derechos».
Díaz, que compareció en el Ministerio de Trabajo, incidió en que «lo que ha pasado debe representar un antes y un después». Y eso supone abordar «cuestiones como el derecho a la vivienda» y continuar «reduciendo la jornada laboral, garantizando permisos de crianza, subiendo salarios, reduciendo listas de espera en sanidad y protegiendo los servicios públicos». «Lo que no soportan es que subamos el salario mínimo, que redistribuyamos el poder», porque «la derecha nunca admite que cualquiera que no sean ellos pueda gobernar», argumentó. Y, ante esto, «es urgente» abordar «la democratización de la Justicia en nuestro país». Así, pidió acabar con la ley mordaza.
Díaz no quiso responder a la pregunta de si planteará alguna regulación de los medios de comunicación para combatir la segunda pata del lawfare que, según Sánchez, está afectando a
La encuesta flash realizada el viernes por el Centro de In- vestigaciones Sociológicas (CIS) y dada a conocer ayer re- fleja que casi la mitad de los españoles (44,5%) cree que Sánchez debió dimitir o con- vocar elecciones tras su «refle- xión». Un 36,7% consideraba que debía continuar, mientras que un 11,7% apostaba por que se sometiera a una cues- tión de confianza. De las 1.809 entrevistas realizadas se exsu familia: la diseminación de noticias falsas.
En la misma línea se pronunció la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que exigió al presidente que apruebe «medidas trae que un 41% de los ciudadanos cree que tiene razón en lo que planteaba en su carta; el 48% opina que la causa judicial abierta contra Begoña Gómez es para «meterse con Sánchez», mientras que un 30,5% la veía justificada; un 52,8% está de acuerdo con que la política «se está convirtiendo en algo insoportable»; y el 81,4% ve necesaria «una reforma de la situación de la justicia en España». ●
ser consciente de que la misma pudo «desconcertar» por no obedecer «a ningún cálculo político», y mostró un sentimiento imprescindibles» si quiere hacer frente a la persecución mediática y judicial. Entre ellas, apostó por «una ley de medios de comunicación que garantice la pluralidad frente al dominio
Horas más tarde, a las 21.00 h, Sánchez dio una entrevista a TVE. En ella apuntó que los cinco días de reflexión han sido para él «muy gratificantes» –«que no olvidaré»– y que el pasado miércoles no estaba «dispuesto a dimitir». Admitió que con su movimiento buscaba una «respuesta de la ciudadanía» y que ha abierto un debate, a su juicio, «necesario». «No es una estrategia política», comentó a las preguntas de los periodistas, Marta Carazo y Xabier Fortes, «se trata de fortalecer la democracia frente a los bulos».
En cuanto a su esposa, afirmó que fue «la primera» que le pidió que no dimitiera y confió en que «todo se archivará». Y criticó al PP por su pretensión de llamarlos a los dos a declarar a la comisión de investigación del Senado. Es, dijo, una «oposición destructiva» que quiere «imponer una agenda regresiva».
ERC y el PP presentaron ayer sendas denuncias ante la Junta Electoral Central (JEC) con el fin de que suspendiera la entrevista por su colisión con la campaña del 12-M, pero no llegaron a tiempo a la reunión del organismo. Fuentes de la JEC recordaron, en todo caso, que la suspensión habría sido «algo excepcional» y que no se contemplaba para este caso. ●
de una derecha mediática que está en posiciones golpistas», y coincidió con Sumar en reformar la legislación para que el Congreso pueda renovar el CGPJ con mayoría absoluta y «cambiar la ley para modificar el acceso a la carrera judicial».
Por su parte, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) pidió a Sánchez que convoque a la prensa para explicar su proyecto de regeneración, que debe contemplar, según advirtió, el respeto al trabajo de los periodistas y a la libertad de información. Lo hizo después de que el presidente no aceptara preguntas de los medios tras anunciar su decisión de seguir al frente del Gobierno. ●