Justicia estudiará el caso Guzmán y actuará «en consecuencia»
Las reacciones a la contratación del exviceconsejero de Salud de la Junta, Miguel Ángel Guzmán, como director de la aseguradora privada Asisa siguen corriendo como la tinta, con los partidos de izquierda acusando al Ejecutivo de «corrupción» y este afirmando que analizará el caso y tomará las medidas oportunas una vez que se determine si la contratación del ex número 2 de la consejera Catalina García incumple la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta de Andalucía.
La propia consejera admitió ayer que «hubiera sido mejor haber hecho una consulta previa para ver que no había ningún problema», pero insistió en que conoció la noticia por los medios de comunicación. La Junta, dijo, analizará el caso, pero hasta que «compruebe todo para no cometer un error» pidió «esperar» y no emitir una «pena», aludiendo en este punto al archivo de la causa contra Mónica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana. García aseguró que las personas que trabajen en la Administración pública «deben poder tener un retorno», pero «cumpliendo con la ley». Por ello, insistió en que si se demuestra finalmente que ha habido incompatibilidad, «se actuará en consecuencia».
Por su parte, el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, explicó que la Oficina Antifraude, ante la que Adelante Andalucía ya ha presentado una denuncia, tiene las competencias en materia de sanción, pero «no las competencias en materia de investigación», que corresponden a su departamento, que abrirá una «actuación informativa» para comprobar la incompatibilidad. Esto se produce siempre ante tres supuestos. Uno, si el afectado lo solicita; otro, cuando hay una denuncia de terceros; y el último, «en base a la notoriedad de un asunto», que es, afirmó, el caso de Guzmán.
Por el momento, concretó Nieto, «no tenemos información que nos pueda decir ni una cosa ni la otra», pero sí garantizó que su consejería «va a trabajar en ello y que vamos a intentar que en el menor tiempo posible se pueda hacer público».
También ayer se pronunció el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, que consideró que el asunto del exviceconsejero no tiene «polémica», sino que solo hay que determinar si se cumple o no la ley. «No tiene más trascendencia ni tiene más película», aunque algunos pretendan utilizarlo «políticamente», concluyó.
Piden dimisiones
Al hilo de las informaciones, el PSOE-A auguró ayer que el «modus operandi» del Gobierno del PP-A en su gestión, marcada por «irregularidades» e «ilegalidades», se va a «convertir en la macrocausa de [Juanma] Moreno Bonilla». Así lo dijo su portavoz parlamentaria, Ángeles Férriz, que calificó lo ocurrido con Guzmán como un «escándalo de primera magnitud» y al Ejecutivo de «banda más que de Gobierno».
Por Andalucía afirmó que se trata de un claro caso de
«corrupción política» y lamentó lo «tibio» que se ha mostrado el Gobierno andaluz al conocer la noticia. Además, afirmó que la consejera del ramo es «un problema añadido» y sugirió su dimisión porque le viene «absolutamente grande» su gestión al frente del Servicio Andaluz de Salud.
Además de la referida denuncia ante la Oficina Antifraude, desde Adelante Andalucía están estudiando llevar el caso ante los tribunales por un presunto delito de cohecho ante lo que también consideraron como un caso de «corrupción política». Por su parte, en Vox se mostraron más cautos y señalaron que la Junta debe analizar y «aclarar» si ha existido algún tipo de «irregularidad con el tema de incompatibilidad», al tiempo que defendieron el «el principio de presunción de inocencia».
«Hasta que la Junta no compruebe todo para no cometer errores hay que esperar y no emitir una pena»
CATALINA GARCÍA
Consejera de Salud
«El ‘modus operandi’ del Gobierno del PP-A en su gestión se va a convertir en la macrocausa de Moreno Bonilla»
Portavoz parlamentaria del PSOE-A