Las defensas del caso Imelsa cargan contra las grabaciones en otro juicio
El inicio del tercer juicio del caso Imelsa, que sienta en el banquillo al expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus (PP), volvió a plantear ayer el debate sobre la legalidad de las grabaciones que realizó durante años el exgerente de esta empresa pública y autodenominado yonqui del dinero, Marcos Benavent, así como su veracidad y custodia. El letrado de Benavent, Juan Carlos Navarro, volvió a exponer al tribunal la supuesta injerencia en los derechos fundamentales de su defendido que en su opinión se ha cometido al hacerse públicos los audios que grabó durante años y que su exsuegro, Mariano López, entregó primero a la dirigente de Esquerra Unida y actual consellera del Gobierno valenciano, Rosa Pérez, y después al fiscal.
Esta pieza está relacionada con presuntas irregularidades detectadas en la adjudicación y prestación del servicio de atención telefónica de la Diputación, que desarrolló la empresa Servimun en 2013, que supuestamente utilizó el exsuegro de Benavent para hacerse con comisiones. Se trata de la segunda vez que el expresidente Rus es juzgado en relación con el caso Imelsa, mientras está a la espera
de conocer la sentencia de la pieza referida a la supuesta contratación ilícita de personal que no acudía a sus puestos de trabajo en Imelsa, que quedó vista para sentencia el pasado mes de marzo.
La Fiscalía reclama ocho años de prisión para Rus; cuatro años y medio para Marcos Benavent; 13 años para el exsuegro de este y seis años para un funcionario de la Diputación que supuestamente colaboró en el amaño como penas más relevantes.
Procesados en Acuamed
La Audiencia Nacional ha procesado a 42 personas en el caso Acuamed, la investigación en la empresa pública por la adjudicación de una veintena de obras hidráulicas en la cuenca del Mediterráneo, entre ellas en el Serpis (Gandia) y en una desaladora en Torrevieja (Alicante) durante la etapa
de los gobiernos socialistas de Zapatero.
Entre los procesados figura el ex director general de Acuamed Arcadio Mateo, a quien se le imputa haber obtenido de las empresas contratistas dádivas en forma de viajes y estancias dentro y fuera de España, e incluso un implante de pelo en Turquía por valor de 4.500 euros. También se le acusa de haber especulado con un crédito de 500 millones de euros concedido a Acuamed.
En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 considera que los hechos por los que se acuerda el procesamiento y que se investigan desde 2016 son constitutivos de los delitos de corrupción en los negocios, falsedad documental, fraude a la administración, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho.