La vuelta de las reglas fiscales no descuadra los planes del Ejecutivo
No tocará la previsión de déficit de 2023 para reservarse un colchón con el que conceder más ayudas tiene la vista puesta, sobre todo, en los precios de los alimentos, su gran asignatura pendiente
J. L. MACÍAS / J. MILLÁN
Las reglas fiscales han vuelto. La Comisión Europea planteó hace unos días un primer texto firme que contempla obligar a un ajuste del 0,5% del PIB cada año a todos los países que, como España, superen el límite de déficit del 3% del producto interior bruto. Es por eso que el Gobierno
reaccionó rápido reduciendo la previsión del déficit del próximo año, aunque no tocará el de este curso. Así, se reserva todavía un importante colchón económico para seguir tomando medidas, con la vista puesta en los precios de la alimentación.
Lo presentado por Bruselas supondría para España una reducción en el déficit de 6.600 millones en términos de contabilidad nacional de 2022. El Ministerio de Hacienda, comandado por María Jesús Montero, reaccionó rápido y, un día después de conocerse públicamente la propuesta europea, aseguró que el déficit del Estado se reduciría al 3% en 2024, para caer al 2,7% en 2025 y al 2,5% en 2026. Ese mismo año, además, el saldo entre el ingreso y el gasto público descontando el pago de intereses de la deuda será positivo.
Eso sí, Montero confirmó que la previsión del déficit para este curso se mantenía intacta en un 3,9%. Fuentes cercanas a la ministra presumen de ello y aseguran que en Europa «ha habido un cambio de paradigma» económico. A su juicio, ha ganado la tesis que defiende que, cuando se produce una gran caída del PIB, no se debe recortar, sino que el Estado debe funcionar como motor de la economía para, también así, sustentarla.
Destaca el entorno de la ministra, además, que esta tesis se sustenta con datos. En 2020, el déficit se situó en el 10,1% por las medidas tomadas para proteger el empleo durante el coronavirus. En dos años, el Gobierno lo ha logrado rebajar más de cinco puntos porcentuales. «Es el mayor descenso de la historia para un periodo tan corto», dicen otras fuentes de Moncloa. Además, la buena marcha de la recaudación impositiva logró que el año pasado España dejara un déficit presupuestario del 4,8% del PIB, dos décimas menos que el objetivo planteado por el Gobierno. Esto dejó un remanente de 2.654 millones de euros que el Ejecutivo finalmente se inclina por emplear en reforzar las medidas de apoyo a familias y empresas cuya economía ha quedado deteriorada. Es lo que apuntan las fuentes de Hacienda consultadas. Eso sí, no concretan ni cuáles serán ni cuándo, aunque se prevén más pronto que tarde.
Lo que está claro es que la gran asignatura pendiente del Ejecutivo es la cesta de la compra. Cierto es que la inflación se ha rebajado –desde el pico interanual del 10,8% alcanzado en julio cayó al 4,1% en abril–, pero la subyacente, en la que la cesta de la compra tiene un peso muy importante, sigue disparada. La última lectura, conocida el pasado viernes, fue de un 6,6%. Aunque el Ejecutivo cree que ya se dan las condiciones para que los precios de los alimentos empiecen a caer, los datos que llegan del INE no terminan de reflejarlo. La cesta de la compra era el pasado marzo todavía un 16,5% más cara que en el mismo mes de 2022.
Hacienda mira ahora de reojo la propuesta de la Comunidad Valenciana de lanzar un cheque de 90 euros de un solo pago. Ya en vigor, se da esa cantidad en un bono de consumo para familias residentes en la autonomía con rentas inferiores a los 21.000 euros y es compatible con la ayuda de 200 euros del Gobierno central. Según las fuentes de Hacienda consultadas, el Ejecutivo de Sánchez contempló su implantación a nivel estatal, pero terminó siendo descartado. Montero duda de su eficacia y, sobre todo, de su impacto en el pequeño comercio. No obstante, la ministra ya no es tan tajante como hace días y su entorno defiende ahora que estudiarán cómo va su implantación en la población valenciana. ●
MONCLOA