Educación traspasa a las CCAA el plan de inclusión

La nueva ley educativa, la Lomloe, fija que en el plazo de diez años los centros educativos ordinarios cuenten con los recursos suficientes «para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad». Según la norma, para alcanzar ese fin el Gobierno debe desarrollar un plan concreto que, dos años después de su entrada en vigor, aún no existe, según denuncian las asociaciones del sector de la discapacidad, que exigen al Ejecutivo que lo despliegue cuanto antes. En el Gobierno, sin embargo, aseguran que ya llevan tiempo trabajando en ello, pero que no se implantará mediante un plan, sino con programas concretos cuyo despliegue correrá a cargo de las comunidades autónomas.

Para el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), de acuerdo a una nota publicada la pasda semana, es urgente aprobar este plan, en diálogo con la comunidad educativa, para avanzar hacia un sistema educativo «con más altas cotas de inclusión». Educación, por su parte, explica que «no habrá un plan integral específico», sino que se irá dotando de recursos –humanos y materiales– a los centros ordinarios para que vayan fortaleciendo su capacidad de atender a alumnado con discapacidad. «Ya lo estamos trabajando con las comunidades a través de diversos programas», detallan fuentes del Ministerio a 20minutos. Programas como el de cooperación territorial, para el que en 2022 se destinaron 38 millones, y cuyo segundo reparto saldrá «muy pronto». Educación explica que, en paralelo, también ha pedido ayuda técnica a la Comisión Europea para la puesta en marcha de un plan, junto a Portugal e Italia y que comenzará en 2024, para elaborar unas recomendaciones sobre educación inclusiva. Desde Cermi reprochan que «aproximaciones parciales» no responden a la ley.