La Eurocámara pide prohibir en la UE los cortes de electricidad
El Parlamento Europeo ha dado su primer paso para negociar con los Veintisiete la reforma del mercado de la electricidad con un informe de ponencia que pide prohibir en la UE los cortes de suministro eléctrico por impago y que los gobiernos diseñen medidas de apoyo en verano y en invierno, cuando hay más consumo, para evitar que las facturas se disparen en los hogares más vulnerables.
Son dos de las 186 enmiendas a la propuesta de la Comisión Europea del informe del ponente, el eurodiputado socialista Nicolás González Casares. Ahora se debatirá en el comité de Industria, Investigación y Energía, que fijarán una posición común. Cuando en septiembre sea refrendada por el Pleno, será la posición con la que la Eurocámara negociará con el Consejo de la UE, con los gobiernos.
Una de las enmiendas es la obligación de que los gobiernos no puedan cortar el suministro a hogares vulnerables o afectados por la pobreza energética, para garantizar el derecho de los ciudadanos a tener suministros con el que cubrir sus necesidades básicas. Es una reclamación que desde meses ha buscado la Alianza contra la Pobreza Energética, que logró que la Comisión contemplara en su propuesta que los consumidores vulnerables tienen que ser «protegidos adecuadamente» y no ser puestos en «posición que les fuerce a desconectarse».
Esta primera posición del Parlamento va más allá y pide prohibir los cortes. También, que los gobiernos adopten «medidas específicas» en verano y en invierno para ayudar a gestionar el consumo y evitar que les lleguen facturas tan elevadas que no puedan pagar. En general, González-Casares plantea elementos adicionales a la propuesta de la Comisión, que cree «constructiva» pero «insuficiente». Pide más transparencia sobre la formación de precios e introduce particularidades en una de las ideas más novedosas, que los hogares puedan firmar distintos tipos de contratos, de precio fijo o dinámico, según el uso que vayan a dar a la electricidad.
Para ello, cada hogar deberá disponer de un contador digital inteligente y el ponente pide que se puedan usar los ya instalados si permiten mediciones individuales para evitar «inversiones innecesarias». También, que el suministrador de electricidad esté obligado a mantener el contrato hasta que expire, no pueda modificarlo ni cancelarlo antes.
El eurodiputado español retoma una idea con mucho peso en la propuesta del Gobierno
no recogida en el mismo grado por la Comisión, para que junto al mercado de demanda de electricidad haya otro de almacenamiento, con especial atención a las baterías de los coches eléctricos para lo que plantea que tengan que ser de carga bidireccional. Es decir, que una batería pueda cargar el coche, pero que también sirva para almacenar electricidad y emplearla en otros usos cuando la luz esté cara.
González Casares también incide en que la UE debe comprometerse con el objetivo del 15% de interconexión eléctrica en 2030 del que España queda lejos. Y convertir el tope de 180 euros MWh a los beneficios de las renovables como una «válvula de escape» en momento de cisis de precios, para que los países puedan destinar el excedente a los hogares vulnerables.
Con la reforma, la UE reconocerá el derecho a compartir electricidad que generen hogares o pymes. González-Casares es más restrictivo que la CE y pone límite a quién puede compartir para evitar que «actores poco escrupulosos» escapen por esta vía a las obligaciones de los productores de electricidad. Plantea limitar este derecho a instalaciones no mayores de 100kW y excluir a empresas cuya actividad principal sea generar electricidad. Si el proyecto para compartir electricidad sea de entidades públicas, al menos un 20% deberá destinarse a hogares vulnerables. ●