¿Es lo que exigen entonces a Hacienda?

anteriormente no tenían, hemos detectado que utilizan drones de vigilancia para saber si nos acercamos en el mar y cámaras térmicas. Las embarcaciones son las mismas, lo que ha cambiado son sus medios técnicos. Quienes pierden capacidad operativa en sus embarcaciones son las fuerzas policiales...

¿Y qué hacen cuando deben enfrentarse a ellos? Mire, en Vigilancia Aduanera ha habido casos en los que los agentes se han tenido que comprar su propio cinturón de armamento o su cámara, si quieren grabar las operaciones. Nuestra unidad tiene una gran falta de material. No llegamos a tener que comprarnos nuestra propia pistola, pero sí que estamos muy faltos de material.

Les debe generar mucha inseguridad enfrentarse al narco en esas condiciones. ¿Se sienten desprotegidos? El sindicato CSIF ha denunciado estos últimos años en diversas ocasiones que las narcolanchas, cuando se dirigían a una embarcación semirrígida de Vigilancia Aduanera, inferior en tamaño, ponían rumbo de colisión e intentaban abordarnos ellos a nosotros. Hay vídeos en los que se puede comprobar cómo el que va persiguiendo a la Policía es el ladrón. Hemos denunciado que nos están dando caza, que cada vez son más violentos y que en repetidas ocasiones hemos tenido que utilizar armas de fuego para evitar esos abordajes.

Lo que pasó en Barbate, vaya. Nosotros nos hacemos una pregunta. La Agencia Tributaria tiene estas comunicaciones por registro desde hace tiempo: ¿lo sabían los guardias civiles antes de detener esa embarcación? Hace 15 años no hubiera sido una locura ‘bajarla’ porque seguramente habrían huido, pero el aumento de violencia de los narcos y la falta de autoridad son dos de los condicionantes para el desgraciado fallecimiento de los guardias civiles.

Se habla mucho de la responsabilidad de Interior en lo sucedido. ¿Qué se le ha pedido para combatir el narcotráfico y no se ha concedido? Yo soy de Agencia Tributaria, no puedo valorar la actuación de Interior. Pero sí de mi área. Y la Agencia Tributaria sigue, hoy mismo, exigiendo a sus funcionarios que vayan a zonas calientes con barcos semirrígidos, solo un poco más grandes de los que llevaban esos guardias civiles.

Hay un escrito firmado por los funcionarios de las tres bases marítimas de las que parten estas embarcaciones (Algeciras, Cádiz y Huelva) en el

«Nuestros medios materiales han perdido capacidad para responder a los narcos»

«Hay vídeos en los que se puede comprobar cómo el que va persiguiendo a la Policía es el ladrón»

que se comunica a la Agencia Tributaria que temen por sus vidas y que se les envía «con coches a parar camiones». Esa frase es textual del escrito.

¿Cómo debe solucionarse? En primer lugar, el Gobierno debería aprobar de urgencia a través de decretos leyes un aumento de la dotación presupuestaria para esta zona con más medios materiales y humanos. Y la Agencia Tributaria, retirar inmediatamente de las zonas calientes las embarcaciones semirrígidas que exponen a sus funcionarios a un grave riesgo y cambiarlas por embarcaciones adecuadas que puedan combatir a estas narcolanchas.

Más allá de medios, como unidad tributaria conocen el problema socioeconómico endémico de la región. Eso debe abordarse, ¿no? El Estado debe elaborar un plan especial para esas zonas en las que el narcotráfico empieza a sustituir a toda actividad industrial y económica como medio de vida. Las administraciones tienen el deber de acompañar las soluciones para incrementar la seguridad, de implementar medidas para la Educación, la reindustrialización y las infraestructuras. ●

tación jurídica, tenían blindado cobrar ese dinero.

Por tanto, a Podemos le corresponderá el 23% del total de la subvención, lo cual equivale a 1,39 millones. La alianza de Díaz, por ende, se quedará con 4,91, que tendrá que repartir según se pactó el pasado julio: 1,15 millones (el 19%) para IU, 723.000 irán a parar a las cuentas de Catalunya en Comú y otro medio millón los ingresará Más Madrid. Los partidos tienen otras dos subvenciones: una por sus gastos electorales y otra que otorga el Congreso para el funcionamiento de los grupos parlamentarios. ●