CAMBIO DE SENTIDO

La armonización de la política fiscal, en su vertiente referida a los impuestos, fue uno de los primeros afanes del proyecto de construcción europeo. Sin embargo y vistos con la perspectiva de las décadas transcurridas, la verdad es que los logros alcanzados son bastante pobres. Se inició con la imposición indirecta, por el IVA, fundamentalmente, por ser el impuesto que afecta más al tráfico de mercancías, dentro del mercado único. Para evitar distorsiones graves se trató de mantener los tipos practicados por cada Estado dentro de horquillas que deberían estrecharse con el paso del tiempo. Sin embargo, a día de hoy se puede constatar que los avances han sido más que nulos, pero menos que excelentes.

Más modestos aún han sido los logros obtenidos en materia del impuesto sobre Sociedades, en donde los esfuerzos se han dirigido a armonizar las bases imponibles, sin conseguir avanzar prácticamente nada en la fijación de los tipos. Y ello a pesar de que este impuesto se ha convertido en uno de los mejores instrumentos de la política industrial, a la hora de captar inversiones extranjeras y de retener a las propias. Aún menores han sido los avances en la tributación de las personas físicas, en el impuesto sobre la Renta y en el casi inexistente impuesto sobre el Patrimonio, en donde España se ha convertido en una absurda originalidad, al mantenerlo contra viento y marea, contra lógica y conveniencia.

Por eso sorprende ahora la nueva propuesta que deshace el camino y devuelve a los Estados ciertas importantes competencias en materia de fijación de los tipos reducidos y nulos del IVA. La idea de modificar la situación actual puede estar muy justificada al tratarse de una regulación que data de 1992 y que ha quedado obsoleta. Sin embargo, la decisión de devolver competencias a los Estados miembros camina en dirección contraria a la intención inicial y conduce, necesariamente, a una disparidad impositiva mayor. Bien cerca tenemos el caso español, en donde, con el paso del tiempo, la cesión de capacidad normativa fiscal a las autonomías ha terminado por diseñar un auténtico galimatías, con el que disfrutan mucho los gobernantes y con el que padecen más las empresas y los ciudadanos.