La Gürtel acusa a Camps de «crear» la financiación ilegal del PP de Valencia
El Bigotes revela que el expresidente de la Generalitat «ordenó» los pagos en B y la facturación falsa; es la primera confesión de los gestores de la trama
Los gestores de la trama Gürtel de corrupción interrumpieron ayer su tregua con los políticos del Partido Popular y apuntaron a los máximos dirigentes por el sistema de corrupción del que se nutrió la red dirigida por Francisco Correa. Diez años después de que estallara el caso, el encargado de la trama en Valencia, Álvaro Pérez, conocido como el «Bigotes», señaló directamente a Francisco Camps, el expresidente de la Generalitat Valenciana. Le acusó de «crear» el método de financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana en los años 2007 y 2008, y de «ordenar» los pagos en negro y la facturación falsa. Espadas en alto.
«Esa persona es Francisco Camps», afinó el Bigotes, que acusó al expresidente de la Generalitat de configurar la caja B del PP de Valencia. Según los gestores de la trama, los responsables del partido les forzaron a cobrar por los trabajos electorales que les prestaron a través de nueve empresarios contratistas de la administración pública, por medio de facturas falsas. Estos empresarios han reconocido los hechos y han admitido que abonaron 1,2 millones de euros de esos servicios, camuflados en facturas para la empresa Orange Market, la filial valenciana de la Gürtel, por unos servicios que no existieron en la realidad. Así cobró la Gürtel la deuda que el PP valenciano contrajo con la red por sus servicios.
Estas confesiones apuntalan las tesis de la Fiscalía Anticorrupción, que considera que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana acudió a este método de financiación para esquivar el límite de gasto electoral que permite la ley, y para lograr que los empresarios –que tenían prohibido realizar donaciones al partido por sus relaciones contractuales con la administración pública– sufragasen las campañas. En total, el PP valenciano abonó a la red en negro 2,031 millones de euros por las campañas de la municipales y autonómicas de 2007, y de las generales de 2008. Sumando otros cargos ordinarios, fuera del periodo electoral, el partido de Camps pagó en B un total de 3,4 millones de euros, según el relato del Ministerio Público.
Sin pacto con la Fiscalía
La delación de Pérez fue apoyada por la declaración de Pablo Crespo, el número dos de la trama, también acusado, quien admitió la fórmula ilegal de financiación. Ambos –que siempre habían negado las irregularidades– corroboraron lo que apuntó en un primer momento, sin tanta concreción, el capo Correa, a quien la Fiscalía anticipó por escrito un acuerdo si colaboraba durante la vista oral. Ese mismo pacto buscaron Crespo y el Bigotes hasta la misma mañana de ayer, sin éxito. El Ministerio Público pide 27 años de cárcel para Pérez, y 22 años para Crespo, aunque podría valorar las revelaciones de ayer y suavizar su petición en el turno de exposiciones finales, cuando el juicio se acerque a su final. Ese es el único fin de sus tardías confesiones.
Con este paso, el caso Gürtel –uno de los procesos de corrupción que ha marcado la política española reciente– cierra un círculo con la confesión de sus principales responsables, que confirman la montaña de pruebas recopiladas durante una década por los jueces investigadores, la Fiscalía Anticorrupción y los agentes policiales de la UDEF. La trama, que todavía será juzgada en otras piezas del mismo tronco, conformó un red corrupta de empresarios, políticos y funcionarios, que anidó en numerosas administraciones del PP, por toda España, en la era de la bonanza. El acto teatral celebrado ayer en la Audiencia Nacional ayudará a esclarecer lo que sucedió. Un capítulo decisivo para el relato.
A corto plazo, la acusación de el Bigotes podría llevar a Camps de nuevo ante los tribunales. Tanto el juez del caso, José María Vázquez Honrubia, como la Fiscalía podrían deducir testimonio y denunciar lo sucedido, lo que podría provocar la apertura de una pieza contra el que fuera presidente de la Comunidad Valenciana entre los años 2003 y 2011. Camps, además, está citado como testigo en esta vista y declarará con obligación de decir la verdad, bajo juramento, al juez.
Con un lenguaje excesivo, el Bigotes no se cortó en su comparecencia, en la que brotaron sin cesar los nombres de todos los antiguos hombres fuertes del PP valenciano, el partido que gobernó como un rodillo en la re-
gión. El encargado de la red en Valencia –un «correveile», según se definió a sí mismo– acusó a Juan Cotino, el antiguo presidente de las Cortes Valencianas, de seleccionar a los empresarios que debían pagar la deuda del PP con la trama, que Crespo cifró en un millón de euros. El sobrino de Juan, Vicente Cotino, es uno de los empresarios que ha reconocido los pagos.
En la primera declaración que afrontó «sin ganas de callar nada», el responsable de la Gürtel en Valencia libró a Ricardo Costa y Vicente Rambla –exsecretario general del PP valenciano y exvicepresidente de la Generalitat Valenciana, respectivamente, ambos acusados en este juicio– del sistema ilegal de financiación. Según Pérez, Costa le explicó en una reunión que, si la red quería cobrar los trabajos, debía hacerlo a través de los empresarios, porque el partido no disponía de dinero. Aun así, aclaró que el exsecretario general del PPVC se oponía a esa fórmula, pero que seguía las órdenes impuestas por Camps, el hombre detrás de todas las decisiones, según Álvaro Pérez.
Para despejar ese interrogante, el Bigotes relató una reunión con Costa, en la se quejó de la forma de cobro. «Ricardo llama delante de mí a la persona que le consultaba siempre todo y le dijo que había problemas serios de hacerlo de esa manera y esa persona le dice que es la única manera que hay de cobrar, y si le interesa, bien, y si no, que lo deje. Esa persona es Francisco Camps», narró Pérez, que se desahogó con expresiones informales y gráficas, y anécdotas de todo tipo.
Atento, el juez le cuestionó por qué sabía que el interlocutor de Costa era Camps. El Bigotes explicó que solo a él se referían como «presidente».
Según su versión, también eran partícipes del sistema ilegal, además de Camps y Cotino, las respectivas jefas de gabinete y de prensa del expresidente valenciano, Ana Michavila y Nuria Romeral, respectivamente, y el exconsejero de la Generalitat José Ramón García Antón, fallecido.
«Todos los PP de España»
También repartió culpas en otras direcciones. El Bigotes aseguró que los empresarios que han confesado los pagos en negro «no son todos los que están, ni están todos los que son», sin detallar nada más. También denunció que «todos los PP de España» querían trabajar con la trama Gürtel, aunque ahora «se rasgan las vestiduras».
El número dos de la red, Crespo, con un estilo más sobrio y un dominio exhaustivo de la causa judicial, admitió las acusaciones, y aseguró que las empresas de Correa carecían de una alternativa si querían cobrar; lo contrario les hubiera llevado a la quiebra. Crespo relató que el PP decídía qué se cobraba en A, qué en B, y qué a través de facturas falsas de empresarios. Sobre el día a día, despejó en el Bigotes, que se encargó del «ajuste de cuentas».