La trama amenaza a Génova: «Se pueden contar cosas que aún no se han contado»
∑Crespo y el Bigotes mantendrán su estrategia de supuesta colaboración y seguirán «tirando de la manta», en las piezas pendientes del caso Gürtel
En un sótano de un polígono industrial cambió, el pasado martes, el curso del caso Gürtel. Sucedió en el locutorio de los calabozos de la Audiencia Nacional, en su sede de la localidad madrileña de San Fernando de Henres, donde se reunían el número dos de la trama, Pablo Crespo, preso preventivo, y su letrado, Miguel Durán.
–¿Eso que ha dicho Correa es verdad?–, preguntó el abogado, tras el cristal grueso, con rejilla, que separaba a ambos.
Minutos antes había finalizado la segunda sesión del juicio por la financiación ilegal del PP de la Comunidad de Valencia, una de las diversas ramas de este caso de corrupción.
Durán aludía a la acusación que Correa había lanzado en la sala de vistas: el cabecilla de la Gürtel relató que el PP valenciano forzó a las empresas de la trama a cobrar los trabajos electorales que prestaron al partido en 2007 y 2008 a través de facturas falsas abonadas por empresarios, contratistas de la administración pública, que tenían prohibido donar dinero al PP.
La declaración de Correa había involucrado a Crespo, que se enfrenta a 22 años de prisión en esta pieza. El cabecilla aseguró que su número dos le comentó que fue el político popular Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano y acusado en el juicio, quien les exigió el método ilegal.
En los calabozos, en torno a las cuatro de la tarde, Crespo respondió asintiendo: lo que había manifestado Correa era verdad (siempre según el acusado). Acababa de cambiar el curso de los acontecimientos: el letrado decidió pedir una suspensión de la declaración del número dos de la red corrupta, prevista para el día siguiente, con la intención de aportar «datos relevantes». A esta petición se adhirió el miércoles a primera hora el letrado de Álvaro Pérez, conocido como el «Bigotes», el hombre que captaba negocio para la red en Valencia.
Su letrado, Javier Vasallo, no improvisó: ya tenía planeado que su cliente, la pieza clave en Valencia, revelará información, considerando que era el momento adecuado para su defendido.
El juez del caso, José María Vázquez Honrubia, aceptó. Nueva cita: el viernes 19 de enero, el día en el que los gestores de la Gürtel reconocerían, a su manera, los hechos expuestos por la Fiscalía Anticorrupción, que les atribuye delitos electorales, falsedad documental y delitos fiscales. Crespo y el Bigotes se unían a Correa en una nueva estrategia: reconocer los hechos y aportar explicaciones, «sin callar nada», en busca de que la Fiscalía y los jueces valoren tal actitud. Objetivo claro: suavizar el horizonte entre rejas.
Correa, Crespo y Pérez se encuentran en prisión preventiva, condenados a trece años de cárcel por amañar contratos de Fitur, su primera condena, y tienen más penas y procesos judiciales pendientes. La Fiscalía les considera los responsables de una extensa trama de corrupción –formada por empresarios, políticos y funcionarios, corruptores y corruptos– que anidó en numerosas administraciones del PP en la España próspera previa a la crisis económica. El Ministerio Público les acusa de consolidar un sistema corrupto estructural y de violar todas las normas administrativas en la adjudicación de contratos para enriquecerse ilícitamente. Su rostro simbolizan una era de la corrupción.
Así, diez años después de que estallara el caso, los gestores admitían por
Confesión «¿Eso que ha dicho Correa es verdad?», le preguntó a Crespo su abogado
primera vez los hechos y rompían su tregua con los políticos, a pesar de no lograr por escrito un acuerdo con la Fiscalía. En la sala de vistas, Crespo reconoció la financiación ilegal y señaló a Costa. El Bigotes declaró desatado y acusó a Francisco Camps, el expresidente de la Generalitat Valenciana, de crear la financiación ilegal del PPCV.
La confesión, sin embargo, estaba controlada: los gestores de la Gürtel no reconocieron un acuerdo con el PP para la financiación ilegal y se desligaron de la facturación falsa atribuida a los empresarios. Se desmarcaron así de los delitos electorales y de falsedad, los más graves del caso.
Esta actitud de supuesta colaboración va a continuar en las piezas restantes. Según ha podido saber ABC, Crespo y el Bigotes volverán a «tirar de la manta» y mantendrán esta estrategia a partir de ahora. «Se pueden contar cosas que aún no se han contado», amenazan a Génova, según fuentes cercanas a su entorno. Ambos acusados esperan que Anticorrupción recule. Aun así, la defensa de el Bigotes no cambiará de estrategia en los dos juicios más que le esperan, incluso sin un pacto.
El Bigotes lo avisó el viernes, al anunciar que puede narrar «el tercer testamento» en la vista oral que enjuiciará las actividades de la trama Gürtel por la visita del Papa a Valencia en 2006. Nuevos nombres de empresarios y políticos podrían salir.
Crespo tiene más causas pendientes, como las relativas a la segunda época de la trama, las irregularidades en las localidades de Jerez y Boadilla, y la de los supuestos sobornos a altos cargos de Aena. Continuará.
Controlada Los gestores de la trama no admitieron la falsedad y los delitos electorales, los más graves