Guerrero y Viera destacan lo «ágil» que era el sistema para resolver «dramas»
El exdirector de Trabajo alega que no había «fondos reservados» de ayudas El exconsejero esquiva las preguntas del fiscal por la falta de memoria
El proteccionismo de un torrente de ayudas públicas para amortiguar el drama del paro en Andalucía ha sido el principal argumento esgrimido por los primeros ex altos cargos acusados que han declarado en el juicio para justificar el fondo de los ERE. Un sistema de subvenciones «arbitrario» y «sin control» –según el juez instructor– que comprometió más de 855 millones de euros entre 2000 y 2010 y que ha llevado al banquillo a 22 exresponsables autonómicos, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Con palabras diferentes, el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y uno de sus antiguos jefes, el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, expresaron lo mismo. El primero, que respondió sólo a las preguntas de su letrado, trató incluso de desmontar dos de los axiomas del escándalo de los ERE: la existencia de intrusos (personas que cobraron por ayudas públicas por prejubilarse en empresas donde nunca habían trabajado) y el «fondo de reptiles», «expresión coloquial desafortunada» que «utilicé» al declarar ante la Policía, según admitió en una entrevista en ABC en octubre de 2015.
«Los intrusos no son intrusos sino personas que tenían privado el derecho al trabajo y reunían los requisitos como los 20 o 30 trabajadores que habían salido de la empresa» que daba nombre a la póliza y a los que «no hemos hecho ricos», puntualizó Guerrero.
No tira de la manta
El hombre que firmaba los convenios con los comités de empresa para que otra agencia de la Junta, IFA/IDEA, pagara las ayudas, justificó las subvenciones para frenar la sangría laboral derivada de «una época convulsa con un montón de problemas sociolaborales tremendos» como las amenazas de cierre de Altadis en Sevilla y Cádiz o Santana en Jaén. Respecto al «fondo de reptiles» dijo ahora que «nunca salió de su
Falsos trabajadores «No son intrusos sino personas que tenían privado el derecho al trabajo y reunían los requisitos» Fondo de reptiles «Nunca salió de mi boca. Ha servido a la prensa para decir que teníamos fondos reservados» Proteccionismo «Los prejubilados no han cobrado más de 1.200 euros. No los hemos hecho ricos» Fiscalización «La Consejería no estaba para eludir los controles de la Intervención. No puedo aceptar eso» Directrices «Yo no despachaba con Guerrero ningún convenio... pero le digo que se ocupe de ayudar a un matadero» Subordinados «Con 18 centros directivos es difícil conocer cada partida o expediente»
boca» y que «se ha tergiversado» para «pensar que teníamos fondos reservados» cuando «no es cierto».
Guerrero no sólo no tiró de la manta sino que con ella no dejó a nadie al descubierto. Defendió la «honestidad» de los gobiernos autonómicos y de Viera dijo que «como cualquier consejero nunca me impuso nada». También ratificó su declaración a petición propia ante la juez María Núñez Bolaños el pasado 21 de octubre de 2015 con una salvedad. Había incluido por error al exdirector de Presupuesto Antonio Lozano en una reunión donde le dijeron que siguiera con el mismo sistema de reparto de ayudas en 2005. «Visto al señor Lozano en la sala, me equivocaba
de persona», pretextó. Su jefe en la Consejería apeló a la desmemoria para no responder a preguntas concretas del fiscal Manuel Fernández Guerra sobre ayudas. Hasta una quincena de veces repitió la frase «no recuerdo». «No sé si le puede resultar chocante, señor fiscal, pero 14 años son muchos años –dejó la Consejería de Empleo en abril de 2004–, se justificó José Antonio Viera cuando le preguntaron por el aumento del crédito a la fundación Promi. Tampoco recordaba que con cargo a la partida de los ERE se pagó una campaña publicitaria del Servicio Andaluz de Empleo ni que «tuviésemos una situación de tesorería [en la agencia IFA] lo suficientemente grave –por comprometer más dinero del disponible– para que me informaran».
El olvido y la delegación de competencias en sus subordinados y los técnicos que tramitaban los expedientes le hicieron de escudo. Justificó el convenio marco de julio de 2001 firmado por él que institucionalizó las ayudas porque tenía «apariencia de legalidad» y era una herramienta «rápida y ágil» pera dar ayudas. El objetivo de las mismas era «resolver los dramas personales» provocados por el cierre de empresas. «No puedo aceptar que se plantee que un consejero de la Junta esté organizando para saltarse los controles de los interventores y cometer fraude, no me entra en la cabeza», proclamó.