El Gobierno acerca cinco etarras en plena negociación con Bildu de los Presupuestos
El ex número 2 de ETA Josu de Mondragón y una de las asesinas de Lluch, beneficiados
En esta semana en la que el Gobierno de España ha formalizado sus negociaciones con Bildu para los Presupuestos, Interior anunció ayer el traslado a cinco presos de ETA, algunos con delitos de sangre. Cuatro de ellos irán a prisiones más próximas al País Vasco, y uno directamente a Bilbao. Es condición conocida de Arnaldo Otegui para apoyar a Pedro Sánchez que se acelere el ritmo de los acercamientos: acabar con la política penitenciaria «vengativa», en su jerga. El Gobierno, por supuesto, desvincula la decisión de ayer de esas conversaciones.
En total, desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno en junio de 2018 se ha acercado a cárceles del País Vasco a 68 etarras, más de un cuarto sobre los 200 penados que siguen hoy entre rejas. La mitad de éstos (38), se han autorizado desde mayo de este año. Once terroristas han sido acercados a cárceles vascas, una línea roja para las víctimas, recuerda la AVT, que ayer exigió al Gobierno que «rompa» su negociación con Bildu sobre los presos.
Entre los terroristas beneficiados ayer hay dos etarras muy significativos: Jesús Arcauz Arana, alias «Josu de Mondragón», ex número 2 de ETA, y Lierni Armendáriz, del «comando Barcelona», condenada por el asesinato del dirigente socialista Ernest Lluch y de dos conejqles del PP, José Luis Ruiz y Francisco Cano. Ninguno de los dos ha pedido perdón y ambos progresan al segundo grado. En la decisión de Armendáriz ha sido clave su estado de salud, según ha podido saber ABC, que aconseja más proximidad a sus familiares.
Fuentes de Interior recuerdan que la banda terrorista se ha disuelto, que sus presos reconocen la legalidad penitenciaria y que muchos están ya en la última fase de su condena y la regla general es adoptar decisiones que faciliten su «reinserción».
La competencia de Prisiones
Al haber desaparecido la amenaza terrorista, la doctrina de Instituciones Penitenciarias, y que defiende a capa y espada el ministro y exjuez Fernando Grande-Marlaska, es hoy aplicar el criterio general de que cumplan la pena lo más cerca posible de sus casas. Una demanda por la que el PNV presiona desde hace años a La Moncloa y que ha tenido mayor receptividad en Sánchez, que accedió al poder con su apoyo en la moción de censura contra Rajoy.
El jefe del Ejecutivo ya se ha comprometido con los nacionalistas al traspaso de la política penitenciaria al País Vasco, prevista para el próximo enero, aunque es seguro que sufrirá cierto retraso por el estallido de la crisis del coronavirus. Un escenario que preocupa a las víctimas por la discrecionalidad de la gestión, como ha ocurrido en el caso de los políticos condenados por el golpe separatista en Cataluña.
Pero en la última semana se ha añado un nuevo factor en la ecuación después de que el Gobierno haya decidido blanquear definitivamente a Bildu para incluirlo entre las «fuerzas progresistas» con las que pretende sacar adelante las cuentas públicas. Los herederos de Batasuna han visto una oportunidad inmejorable para intentar capitalizar el asunto de los presos, muy sensible para su electorado. Y de ahí que aprovechen la negociación para, más allá de exigir la derogación de la reforma laboral o «políticas sociales», reclamar «concesión territoriales» y beneficios para los reclusos de ETA. El Ejecutivo lo niega, pero Arnaldo Otegui lo exhibe en público, y con decisiones como las de ayer el Gobierno da alas a los independentistas vascos para que puedan presumir. «Hay predisposición», dijo Otegui tras enviar a sus portavoces del Congreso a reunirse con el vicepresidente, Pablo Iglesias.
AVT: «Balance demoledor»
La AVT emitió ayer un comunicado censurando la política penitenciaria del Gobierno que, si no es nueva, se ha acelerado en los últimos cuatro meses. Las víctimas denuncian que el Ministerio del Interior haya traspasado su principal línea roja, y es que no se acercaran a los presos que tengan delitos de sangre. La asociación que preside Maite Araluce señala que se están creando «núcleos de terroristas» en cárceles cercanas al País Vasco: por ejemplo, a Logroño han sido trasladados 13 presos, mientras que a los centros penitenciarios de Zaragoza, Asturias y Soria han sido llevados entre 9 y 7. El Dueso, en Santoña (Cantabria), también es otra de las cárceles elegidas para los traslados. «El balance que llevamos es demoledor».
Los historiales de los beneficiados hablan de su crueldad y fanatismo. Lierni Armendáriz acumula más de cien años de condena por el asesinato del socialista Ernest Lluch y los concejales del PP José Luis Ruiz y Francisco Cano. Jesús Arcauz Arana, alias «Josu de Mondragón», acumula más de ciento cuarenta años de condena por el envío, en 1989, de un paquete bomba (que pudo ser desactivado por la Guardia Civil) a un funcionario de prisiones de Herrera de Mancha, así como por el lanzamiento de una granada que no explotó contra el cuartel de la Guardia Civil en Amorebieta.
Y mientras el Ministerio del Interior sigue acercando a los presos de ETA, con el objetivo de la «reinserción», los homenajes públicos a los excarcelados no cesan. La asociación Dignidad y Justicia ha interpuesto una denuncia ante la Audiencia Nacional por un presunto delito de enaltecimiento y justificación de terrorismo y humillación a las víctimas por el acto de bienvenida, el miércoles en Bilbao, al exjefe del aparato «militar» de ETA Ibon Gogeaskoetxea. La asociación de Daniel Portero apunta en su escrito a que los carteles de convocatoria iban firmados por Sortu, la marca «madre» de Bildu.