Arranca el gran banco español que pretende canalizar los 140.000 millones de ayudas europeas
►Favorece la imagen del país ante Europa y aporta músculo financiero a un sector estrangulado por una eternizada situación de tipos bajos ►El inevitable ajuste laboral queda aplazado hasta marzo, fecha que coincide con la llegada de la primera partida de
Una operación con toda lógica política: un embajador financiero para la marca España y un comodín para que Europa ponga un «tic» en la columna de deberes hechos de nuestro país si los frugales ponen mala cara al envío de ayuda urgente. Están en juego 140.000 millones de fondos europeos para paliar los efectos del Covid-19 en nuestra economía y hay que tener la experticia y pericia para canalizarlos de forma correcta y con efectividad. De ahí surge el acuerdo de fusión, por absorción, de Caixabank y Bankia, que da como resultado al mayor banco español por volumen de activos en España. Porque el tamaño, en banca, sí que importa. En la actualidad, una operación tal –con sus derivadas político-empresariales– favorece la imagen del Gobierno –por ende, y del país– en el exterior y aporta músculo a dos entidades financieras estranguladas, al igual que el resto del sector, por unos eternizados bajos tipos de interés que no permiten ganar ni más margen ni más rentabilidad.
Y es que lo mismo sin quererlo, pero con toda la intencionalidad del mundo por bandera, las partes quedan satisfechas más allá de lo negociado a priori. Según ha podido saber ABC, por un lado el Gobierno –sobre todo en la figura de la vicepresidenta de la cuestión, Nadia Calviño, con la connivencia de Pedro Sánchez– mata dos pájaros de un tiro, adelantándose al resto de los países de la Unión Europea, retomando la consolidación del sector bancario, al mismo tiempo que hace un guiño a Fráncfort –donde está sentado en la vicepresidencia del BCE Luis de Guindos– al seguir con la casi olvidada, pero paulatina, salida del capital estatal en un banco rescatado.
Y, por otro lado, añaden las mismas fuentes, Caixabank –bajo la batuta negociadora de Isidro Fainé, presidente de la Fundación La Caixa, prácticamente dueña y señora del banco– se postula una vez fusionada como vehículo financiero y se pone a disposición del país para canalizar una ayuda que el tejido empresarial español necesita como agua de mayo para remontar.
Mientras, el Estado, coinciden las fuentes consultadas, logra defender con esta opción la españolidad de una entidad que de haber salido a subasta abierta podría haber caído en manos extranjeras –a pesar de la regulación que limita esta opción en época de pandemia–, en el caso de que hubiese presentado una oferta mejor que la pactada con Caixabank. «Las empresas tienen la obligación por estatutos de buscar siempre la mejor oferta para sus accionistas, la mejor rentabilidad y retorno, y de haberse producido una subasta hubiese podido ocurrir. Ahora bien, con esta fusión, el Gobierno mantiene Bankia en manos españolas y se presenta ante Europa con una entidad más grande, reestructurada, y como un vehículo financiero de gran tamaño con el que gestionar con garantías los fondos europeos».
Un gigante nacional
Ahora bien, han sido meses de negociaciones al más alto nivel, al menos desde antes de junio, para crear un gigante a escala nacional de alrededor de 630.000 millones de euros. Sumando otros más de 34.000 millones queda la foto completa de la entidad a nivel de grupo. La entidad resultante, además, contará con más de 6.700 sucursales y superará los 51.000 empleados. Todavía quedan pasos por superar, pero lo más duro está ya andado: sus consejos de administración han dado el «OK» a la fusión.
Los números del proyecto de unión, si bien cuesta descifrarlos con total claridad, están ya sobre la mesa; tanto sobre la ecuación de canje como sobre el consejo y el reparto de funciones. La relación entre la cotización de Bankia y la de Caixabank la víspera del anuncio era de 0,5704 euros, por lo que la ecuación de canje de 0,6845 euros por título supone una prima del 20,011% sobre el día del anuncio nocturno (el pasado día 3). Si bien, lo usual en este tipo de operaciones es tomar un promedio de cotizaciones y, usando tres meses, sale una prima del 28%, según las estimaciones de ambas entidades. Ceder el control siempre implica cobrar una prima de control, que suele estimarse entre el 20 y el 30%.
Fuentes financieras consultadas por ABC coinciden que el precio es muy favorable para Caixabank, que ahora tiene el reto de remunerar ese capital; su rentabilidad está en torno al 5%, ahora muy lejos del 10% que exigen los inversores y el BCE. «Si en un año no llega a esa cifra, la fusión no habría alcanzado uno de sus objetivos , aumentar la rentabilidad, que es la clave que atrae inversores», dicen.
Mientras, para el economista y experto en banca Carmelo Tajadura, «la operación es conveniente para ambas entidades ya que refuerza la estabilidad del sistema y mejora la capacidad del banco para hacer frente al futuro». Tajadura basa su explicación en que, por un lado, para Caixabank la operación es buena porque compra cuando más bajo está el precio: «Compra un banco con mucho capital, lo que le permite no tener que pedir dinero a los mercados. Y lo compra con un “badwill” (fondo de comercio) de 8.000 mi
llones, que permite provisionar mucho». No en vano, la ratio de capital de la entidad catalana en junio era del 12,3% y la de la nacionalizada superaba el 14%. Y ayer se anunció que la ratio del nuevo banco será el 11,6%, más baja que ambos, lo que quiere decir que todo el ‘badwill’, y más, «lo van a dedicar a los ajustes de reestructuración y saneamientos».
Mientras, para Bankia, según Tajadura, la unión es una buena vía «porque su estructura de balance era floja (mucho hipotecario de bajo margen y muchos bonos de Sareb a tipo cero). No era rentable ni tenía perspectivas de serlo en el horizonte aprehensible. Ya había llevado bastante al límite el ahorro de gastos por su cuenta. Y la amenaza de la mora que viene por la crisis del virus estaba ahí. Con la operación mejora claramente su posición competitiva».
Ajustes de empleo a la vista
Pero la gran incógnita estará en cómo de severo será el ajuste de empleo que tendrá que llevar a cabo la nueva Caixabank. Sobre ello se pronunciaron ayer el nuevo presidente, José Ignacio Goirigolzarri, y el consejero delegado, Gonzalo Gortázar, en la rueda de prensa de presentación del acuerdo: el proceso empezará a partir de marzo de 2021 y anticipan unas negociaciones «complicadas». Fecha que en la práctica, casualidad o no, coincide con la llegada de los fondos europeos. El ajuste laboral aplazado hasta entonces, pues, facilitará que llegue la ayuda sin problemas al evitar presentar ante Europa mucho antes una entidad en conflicto social.
En el proyecto de fusión ambas entidades prevén un ahorro en costes de 770 millones de 2023 en adelante, de los que 75 millones ya se podrán ganar en 2021, y 700 en 2022. Y como todo ajuste de empleo, también tiene un precio. El coste de la reestructuración –dentro del que se engloba la salida de trabajadores– ascenderá a unos 2.200 millones de euros.
«Quienes primero tendrán que enterarse, cuando tengamos los planes aterrizados, son los representantes de los trabajadores», apuntó, en la presentación de los términos de la fusión ante la Prensa, el que ha sido nombrado como consejero delegado de la entidad resultante, Gonzalo Gortázar, hasta ayer CEO de Caixabank. Añadía además que echarán el resto por lograr alcanzar un acuerdo. Sin embargo, todavía la nueva Caixabank no tiene definido a cuántos miles de puestos de trabajo ascenderá el ajuste. Fuentes financieras calculan un mínimo de 6.000 y un máximo de 10.000 empleos.
Más allá del efecto laboral, cabe recordar que en el consejo de administración habrá dos consejeros nombrados por la Fundación La Caixa y uno por el Estado a través del FROB, además de nueve independientes y uno calificado como «otro consejero externo». Gortázar puntualizó que no tienen ninguna preocupación por las posibles injerencias públicas en el banco ahora que el FROB tendrá una silla en el consejo. De hecho, Goirigolzarri dijo que esa presencia supone incluso «una responsabilidad adicional» frente a los accionistas y la sociedad en su conjunto.
«Quorum» en las juntas
Ahora, la presencia del Estado será del 16,1% en la nueva Caixabank; y la de la Fundación La Caixa rondará el 30% como primer accionista. Al respecto, algunas fuentes escépticas consultadas por ABC advierten de que «con ese tercio en manos de la Fundación que preside Fainé y el 16% del Estado –bajo el Gobierno de turno, de momento con el que ha logrado realizar la operación– van a tener ‘‘quorum’’ en las juntas antes de convocarlas, por lo que disuaden de la participación de los accionistas».