Vocales del Poder Judicial: «Este ataque da miedo»

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«Nos quieren hacer pasar por una cuadrilla de bucaneros. Este Gobierno nos ha condenado ya a la muerte civil». Quien así habla es una vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a quien el PSOE propuso como miembro del órgano de gobierno de los jueces hace ya siete años. Alguien que no es sospechoso de alinearse con el PP y que con su voto ha hecho posible que los últimos nombramientos del Consejo salieran adelante con el apoyo de hasta 19 de los 21 vocales que lo integran, entre ellos los de otros jueces y juristas propuestos, como ella, por el PSOE.

Dice que no conoce al partido que hoy está en el Ejecutivo y que de un tiempo a esta parte se ha entregado al «mamoneo» y al «populismo» de Podemos. Sólo así puede entenderse, dice, el «repentino interés» del Ejecutivo en hacerse con el control de un órgano que «nunca le ha importado a nadie». Y es aquí precisamente donde radica su preocupación, que se hace extensible a otros vocales con los que contactó ayer ABC. «¿Por qué tanto interés en que no nombremos? ¿qué pasa ahí? ¿qué creen que pueden hacer en el CGPJ, levantar un teléfono y llamar a un juez?». «Esto es algo que trasciende a las personas y toca de lleno a la institución, al poder judicial en sí, objeto de un ataque que da verdadero miedo», dicen.

En el CGPJ no ha sorprendido «en absoluto» el nuevo varapalo que supone que el Congreso haya decidido ignorar la opinión de los jueces en una reforma que le incumbe, por cuanto supone limitar sus atribuciones, en concreto los nombramientos, durante el tiempo que el órgano esté en funciones. Hay una sensación generalizada de que impedir «a toda costa» que el Consejo siga nombrando puestos clave de la cúpula judicial está contribuyendo a generar desconfianza en el ciudadano y a laminar la imagen de la justicia, máxime cuando estos nombramientos se están llevando a cabo con el aval de vocales

Reacción El CGPJ responderá a la decisión del Congreso con una declaración que todavía no ha ultimado

Desconfianza «¿Por qué tanto interés en el CGPJ? ¿Creen que van a poder levantar el teléfono y llamar a un juez?»

de distintas sensibilidades y cuando anteriores consejos, como aquel del que formó parte el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, también lo hizo sin que nadie lo cuestionara.

Vocales de distinto perfil comparten la opinión de que la decisión del Congreso de ignorar al órgano estaba clara desde el momento en que se aprobó la habilitación del mes de enero para sacar adelante una reforma que, aunque edulcorada respecto a la inicial –que pretendía rebajar la mayoría cualificada en la elección de los vocales jueces–, Europa está mirando con lupa. Es cierto que, como recuerdan los vocales, el dictamen del CGPJ en proposiciones de ley es potestativo, y no obligatorio (como sucede con los anteproyectos de ley), pero algún «ingenuo» albergaba la esperanza de que al menos «hicieran el paripé y pidieran el informe aunque luego lo guardaran en un cajón». «Ya ni se disimula –dice otro vocal– y no se puede esperar otra cosa: un estado de alarma de seis meses, ningún control por el Parlamento... Y aquí no pasa nada. Nadie protesta», lamenta. En este sentido, el CGPJ enmarca la ofensiva contra los jueces en el intento de controlar también el tercer poder del Estado. «Pero nosotros no nos vamos a dejar», añade una vocal con 36 años de carrera como juez a sus espaldas.

La respuesta de Europa

De momento, los candidatos a presidir ocho audiencias provinciales comparecieron ayer (y lo seguirán haciendo hoy) ante la Comisión Permanente del Consejo, que tiene previsto hacer más nombramientos en el Pleno del próximo 28 de enero. Las especiales circunstancias que se están viviendo en Madrid con el avance de la pandemia y los estragos del temporal –con la consiguiente dispersión de los vocales– ha hecho imposible establecer por ahora una respuesta coordinada a la decisión que ayer tomó la Mesa del Congreso, pero «la habrá». Los vocales están convencidos de que, al margen de lo que lo que el CGPJ pueda hacer, «Europa dirá algo» como también hizo con Polonia. El derecho de la UE y la jurisprudencia de su Tribunal de Justicia exige que en toda iniciativa legislativa que afecte al poder judicial se dé audiencia a todos los sectores implicados.