Dudas sobre la legalidad del cambio electoral del 14-F
La decisión del Gobierno catalán, en funciones, no tendría base legal y la JEC puede anular el decreto de suspensión firmado por Aragonès si algún partido o un particular lo impugnan
El Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) publicó este sábado el decreto del departamento autonómico de Presidencia por el que se deja «sin efecto la celebración de las elecciones al Parlamento de Cataluña del 14 de febrero».
El texto, que entró en vigor ayer mismo y firmó el viernes Pere Aragonès (ERC), presidente en funciones de la Generalitat, fija la fecha del 30 de mayo como la nueva cita electoral, pero deja abierta la puerta a una nueva suspensión, por parte del Gobierno catalán, en función de «la evolución de la pandemia». Según varios expertos en la materia, consultados por ABC, el decreto es irregular y auguran que una impugnación ante la Junta Electoral Central (JEC) podría suponer su anulación.
El meollo de la cuestión está en el artículo 2 del decreto 1/2021, de 15 de enero (que tiene tres artículos, una disposición final y casi tres páginas de exposición de motivos): «Las elecciones al Parlamento de Cataluña se convocarán para que tengan lugar el día 30 de mayo de 2021, previo análisis de las circunstancias epidemiológicas y de salud pública y de la evolución de la pandemia en el territorio de Cataluña, y con la deliberación previa del Gobierno, mediante decreto del vicepresidente del Gobierno en sustitución de la presidencia de la Generalitat». Aunque no sería la única irregularidad.
1. Sin respaldo legal para suspender elecciones ya convocadas
Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional, advierte de que con el redactado del artículo 2 se está «regulando algo que no está previsto ni en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) ni en el Estatuto de Autonomía de Cataluña», que es la suspensión de unas elecciones ya convocadas. Cataluña se rige electoralmente por la Loreg y es la única región que no tiene desarrollada una ley electoral específica como el resto de autonomías. La Loreg no permite la suspensión de unos comicios ya convocados, de ahí que la decisión del Ejecutivo autonómico genera dudas legales.
2. ¿Y el plazo de 40-60 días?
El decreto también podría chocar con el Estatuto, que fija, en su artículo 75, que las nuevas elecciones tras la disolución anticipada del Parlamento autonómico, como es el caso, ya que no se cumplió la legislatura al completo por la inhabilitación de Quim Torra y la negativa de Junts y ERC de elegir a un nuevo presidente de la Generalitat, «deben tener lugar entre los cuarenta y los sesenta días siguientes» a la fecha de publicación del decreto de convocatoria, que en este caso se firmó el pasado 21 de diciembre y se publicó un día después en el DOGC. Es decir, no se pueden llevar a mayo.
Carlos Flores, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, señala que, en realidad, con el decreto del 15 de enero no se han suspendido las elecciones sino que se ha abierto la puerta a una nueva convocatoria. «Se está rompiendo el mandato del Estatuto y el derecho de participación de los candidatos. Hay una burla al electorado y a la opinión pública. Hay una vulneración de la ley», defiende.
Del mismo parecer es Daniel Berzosa, profesor de Derecho Constitucional de CUNEF Universidad, quien considera que el polémico artículo «no tiene desperdicio» y no tiene base legal. «No sólo traslada la fecha de las elecciones sino que avisa de que se volverán a ‘‘convocar’’. ¿Qué significa? ¿Se cambian las reglas electorales ilegalmente sin que nadie responda por ello? Si hay nueva convocatoria, ¿pueden cambiarse las candidaturas? No es un mero aplazamiento, porque podría haberse hecho acordando simplemente el cambio de fecha», advierte.
3. Aragonés, un presidente en funciones
Gabriel Colomé, profesor titular de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona, recuerda, además, que Aragonès es presidente en funciones y, por lo tanto, con limitaciones para ejercer de presidente: «No puede convocar elecciones, ni destituir o elegir consejeros de la Generalitat. Sus capacidades están restringidas». Este es otro punto clave de la discusión y una diferencia, asegura, en relación a la situación que se vivió en marzo en el País Vasco y en Galicia, cuando los presidentes autonómicos de estas regiones aplazaron, tras consultarlo con las Juntas Electorales y los partidos, las elecciones previstas.
En el caso catalán, el Gobierno autonómico no tenía mucho margen de maniobra legal, coinciden los expertos, pero sí alternativas. Por un lado, Colomé lamenta que la Generalitat no haya adaptado la legislación a la situación, pese a tener un año para ello desde que se inició la pandemia. El Parlamento de Cataluña podría haber aprobado una ley electoral propia o incluso haber solicitado la modificación de la Loreg en el Congreso.
4. ¿Interés demoscópico de Junts y ERC?
«Se tendría que haber hecho una reforma en la legislación para cambiar las fechas de las elecciones ya convocadas. Lo tendría que haber hecho el Congreso», apunta Freixes. A lo que Flores añade que, al margen de ajustes legales, la Generalitat podría haber tomado medidas administrativas para que las elecciones se celebrasen con toda la seguridad sanitaria. «No pueden alegar sorpresa», advierte. Y Colomé se pregunta: «¿Qué ha hecho la Generalitat desde el 21 de diciembre para que las elecciones del 14-F fueran seguras? ¿Se ha adelantado el sorteo de los miembros de las mesas, por ejemplo, para hacerles pruebas PCR? No». Y añade un aspecto político: «Es como si el Gobierno catalán estuviera a la expectativa de la pandemia y de la demoscopia. La sensación es que la demoscopia, a Junts y ERC, no les es favorable y han optado por otro escenario mejor para ellos».
En cualquier caso, el embrollo es total. Los expertos consultados también coinciden en que cualquier partido (el PSC y Vox lo están valorando) o un ciudadano particular podría impugnar el decreto. En primer lugar, debería ser ante la JEC, ya que es la máxima autoridad electoral en estos momentos en Cataluña, que podría responder con celeridad. Pero la parte afectada que no estuviera satisfecha con la decisión de la JEC podría acudir por vía administrativa al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que no suele aceptar medidas cautelares, por lo que podría resolver después del 14-F.
Colomé indica, siguiendo en clave política, que «la lógica dicta que lo normal hubiera sido hacer una consulta a la JEC, antes de firmar el decreto, pero como la JEC es ‘‘española’’, la Generalitat solo le envía el decreto por cortesía, ya que considera que no tiene competencias». Berzosa duda de la fiabilidad de un recurso: «No sé si sería operativo dado los plazos, los ritmos y el ambiente. ¿Cuándo estaría la sentencia?». Y recuerda que el TSJC no suele admitir cautelares y menos si los partidos políticos «no han dicho nada al respecto» para impugnarlo.
Flores pone sobre la mesa otro aspecto que marca distancias con el País Vasco y Galicia: «En aquellos casos, todos los operadores jurídicos sabían que era ilegal. Pero nadie lo impugnó». Ante esta cuestión de fondo, Freixes y Berzosa se muestran pesimistas. «Me sorprende la crisis de nuestro sistema de partidos», indica la primera. «Esto vuelve a confirmar la caída libre en la que está el sistema político. Ignorar completamente las leyes. La quiebra obscena del principio constitucional de legalidad», añade Berzosa.
Teresa Freixes
CATEDRÁTICA Dº CONSTITUCIONAL «Se está regulando algo que no está previsto en la ley»
Carlos Flores
CATEDRÁTICO Dº CONST. (U. VALENCIA) «Hay una burla al electorado y se vulnera la ley»
Daniel Berzosa
PROF. Dº CONSTITUCIONAL (CUNEF) «Esto confirma la caída libre del sistema político»
Gabriel Colomé
PROF. TIT. CIENCIA POLÍTICA (UAB) «Aragonès no puede convocar elecciones, ni destituir consejeros»