Así combaten la okupación de viviendas en el resto de la Unión Europea
La normativa española se aleja cada vez más de los parámetros del Viejo Continente
El Gobierno de coalición sigue dando pasos para legitimar la okupación ilegal. El último ha sido la inclusión, en el decreto que regula la creación del consumidor vulnerable, de una modificación de la ley antidesahucios para blindar a los okupas que no utilicen la violencia. La medida, adelantada por ABC, fue condenada ayer tanto por miembros de la oposición como por representantes del sector inmobiliario.
La vicesecretaria de política sectorial del Partido Popular, Elvira Rodríguez, acusó al Ejecutivo de «no respetar la propiedad privada». «La regulación de los desahucios y la oscura gestión de los fondos europeos son los últimos ejemplos de un Gobierno que está llevando a la ruina a muchos españoles», aseguró Rodríguez en su cuenta de la red social Twitter.
Desde la Agencia Negociadora del Alquiler, por su parte, explican que el último cambio normativo «puede ser una llamada a la ocupación de viviendas de un determinado perfil de ocupantes y que cumplan con unas determinadas características». La inmobiliaria no descarta que este movimiento sea la antesala de una legislación más restrictiva con los propietarios de pisos vacíos.
Lo cierto es que España es una excepción dentro de la Unión Europea, donde los estados miembros mantienen a raya la okupación ilegal desde hace décadas. Alemania ha erradicado prácticamente este fenómeno, que vivió un boom en los años 80 –en Berlín llegó a haber 150 edificios okupados–. En Italia se permite a los propietarios presentar denuncias penales y en Portugal se mira con incredulidad el incremento de casos que se producen en nuestro país.
ALEMANIA Los desalojos, en un plazo de 24 horas
En Alemania, okupar viviendas de forma ilegal está castigado con multas y penas de cárcel de hasta un año, siempre que el propietario ponga la correspondiente denuncia. Una vez puesta la denuncia y entregada la notificación, el desalojo se produce en un plazo de veinticuatro horas. En el caso de que se trate de un grupo organizado de personas y que se haga uso de la violencia, las penas llegan hasta los dos años de prisión.
La última casa okupada, reminiscencia del movimiento de los años 70 y 80, fue desalojada por la Policía en octubre de 2020 en la calle Liebig 34, de Berlín. Este movimiento surgió en el Berlín cerrado por el Muro, donde la imposibilidad de seguir construyendo durante décadas había ocasionado un problema de falta de viviendas.
En la década de los 80 llegó a haber 150 edificios okupados en Berlín. La muerte del okupa Klaus-Jürgen Rattay en un enfrentamiento contra la Policía generó un amplio debate social y el Senado de Berlín cambió de política, comenzando a negociar con los okupas la salida de los edificios o contratos de alquiler.
Hay que señalar que no estamos hablando de edificios propiedad de particulares, sino en su mayoría de inmuebles que pertenecen al Estado. En 1984 la okupación era ya un fenómeno marginal y hoy en día está erradicado.
ITALIA Hasta cuatro años de prisión
La okupación ilegal de casas y apartamentos es una realidad cada vez más frecuente en Italia, especialmente en este particular momento de crisis económica. Pero el fenómeno no ha adquirido una situación alarmante gracias a una legislación que permite al propietario presentar una «denuncia penal» para recuperar en breve su inmueble ocupado. La ley castiga severamente el delito de invasión de terrenos o casas, lo que conlleva también consecuencias civiles.
Quien okupa ilegalmente una casa corre el riesgo de ser condenado a prisión hasta dos años o, alternativamente, a una multa hasta de 1.032 euros. La okupación puede ser perseguida de oficio solo en el caso de que el delito sea cometido por más de cinco personas y una de ellas esté claramente armada. En este caso la denuncia puede ser presentada por cualquier persona. En este supuesto, la pena es de prisión de dos a cuatro años y multa hasta de 2.064 euros. Si el ocupante se niega a desalojar la casa tras la sentencia del juez, el propietario, acompañado de un funcionario del juzgado y, eventualmente, con la presencia también de las fuerzas del orden, puede obtener la liberación de la propiedad. La legislación prevé la ocupación de la casa en estado de grave necesidad. Un ejemplo: un matrimonio en paro con dos hijos gravemente enfermos sin casa en la que vivir y decide ocupar un apartamento. En casos como este de absoluta emergencia, se puede invocar el estado de necesidad, pero solo en presencia de un peligro actual de un grave daño a la persona y por un breve periodo de tiempo.
PORTUGAL Solo en edificios abandonados
En lo único que coinciden España y Portugal respecto a la actitud legal frente a los okupas es en que el desalojo se puede prolongar más días o semanas de lo que pueda esperar el propietario. Nada más, porque la irrupción ilícita en una vivienda es un fenómeno casi inexistente en territorio luso.
Curiosamente, los medios portugueses suelen hacerse eco de los casos que se registran en España, que apenas se reproducen allí. Solo minoritarios sectores próximos al Bloco de Esquerda (partido «hermano» de Unidas Podemos) alientan alguna vez una «incursión» de estas características, pero es una cuestión residual que, en todo caso, se circunscribe a edificios abandonados. Nunca se reportan situaciones detectadas en viviendas de construcción nueva, por ejemplo.
Tanto es así que la palabra okupación tiene en Portugal unas connotaciones vetustas, pues remite a los ciudadanos a las ocasiones en que se realizaban estos actos en los años posteriores a la Revolución de los Claveles de 1974. Eran unos tiempos muy distintos y las hordas comunistas campaban a sus anchas en las calles. Hoy todo eso queda en el baúl de los recuerdos.