El efecto boomerang de una política errática de vivienda en alquiler
Hoy hace un mes que sonaban los bombos de la lotería de Navidad. Eclipsado entre premio y premio, veía la luz el decreto ley 37/2020, cuyas partes más lesivas convierten a España en una anomalía dentro de la UE al amparar la ocupación ilegal de viviendas. Esta semana, incluido en un decreto de protección a consumidores vulnerables, se ha ampliado la protección a los okupas, impidiendo que se paralice el desahucio aun en caso de delito, salvo que medie violencia o intimidación. Desde Asval, asociación que representa a casi 2.000 propietarios –el 85% pequeños arrendadores–, somos muy conscientes de que el Covid ha causado un daño económico a las familias. Los propietarios lo saben bien y han arrimado el hombro para buscar soluciones en favor de los inquilinos, como la reducción del importe de las rentas.
Sin embargo, este esfuerzo no puede servir para que el Estado ponga sobre sus hombros el peso de la omisión de sus deberes, como la falta de políticas ambiciosas en materia de vivienda social. Mucho menos, para servir de llave a la ocupación, que causa un perjuicio grave a vecinos, barrios, arcas públicas y a las fuerzas de orden público.
En España, más de dos millones de familias y empresas cuentan con viviendas en alquiler. El 80% del patrimonio de los españoles está en el ladrillo y es la principal vía de ahorro. En un contexto de tipos de interés negativos y con políticas incentivadoras hacia la compra, la vivienda ha sido para ahorradores e inversores la única forma de no perder poder adquisitivo. Y en ocasiones, alquilar, su única fuente de rentas.
No enumeraré cada una de las partes lesivas del decreto, que provocará una oleada de reclamaciones patrimoniales contra el Estado. Tampoco la cuestionable distinción entre tenedores con menos o más de 10 viviendas. Solo diré que, si se pone en cuestión el derecho a la propiedad privada, nos disponemos a cruzar
Consecuencias Con el intervencionismo regulatorio se están poniendo en peligro los fondos de ayuda de la UE
una peligrosa línea cuyas consecuencias históricas ya se han visto en forma de pobreza y opresión.
Un partido del Gobierno de coalición quiere ir ahora un paso más allá e introducir en la nueva ley de Vivienda el control de precios del alquiler, que se ha utilizado sin éxito en ciudades como Lisboa y Berlín. En el caso de esta última, el efecto ha sido la reducción de la oferta en un 25%. Además, aflorará una mayor economía sumergida. Esta acción también se ha señalado como infructuosa por el BdE y el FMI. En 2020, Madrid y Barcelona presentaron caídas históricas en los precios del alquiler. Esto debería bastar para convencer de que esta medida carece de fundamento y llega a deshora. En Cataluña ya se notan los
efectos negativos: se han parado proyectos para construir 1.500 viviendas en alquiler, según la APCE.
Pero más allá de lo coyuntural, el control de precios provocará problemas estructurales. Serán menos los propietarios dispuestos a alquilar y se promocionará menos vivienda privada en alquiler, causando un efecto boomerang, y expulsando precisamente a las familias más vulnerables, a las que se pretende favorecer. Desde Asval, proponemos una ley de Vivienda que aborde las verdaderas soluciones con un debate reposado. Una ley que tenga en cuenta la colaboración público-privada para desarrollar el mercado de la vivienda en alquiler en España. Ahora, con el programa Next Generation EU nos encontramos ante una oportunidad única de aprovechar estos fondos para aumentar el stock disponible. Necesitamos más vivienda en alquiler, no menos. Y con el intervencionismo regulatorio que se está imponiendo lanzamos un mensaje negativo a Europa, poniendo en peligro estos fondos de ayuda.
Necesitamos un verdadero parque de vivienda en alquiler asequible, que es la vía por la que ha apostado Europa. Para ello, se requiere una auténtica política social de vivienda y, ya que su implementación llevará años, necesitamos apoyar ya a los inquilinos en situación vulnerable. Por eso proponemos un paquete de ayudas directas de 700 millones para los colectivos vulnerables. Así, protegemos a los inquilinos, pero también a los propietarios, y evitamos los impagos y la ocupación.
La solución sigue pasando por no dejar a nadie atrás. En ello nos encontrará siempre el Gobierno, dispuestos a ayudar.