ABC (1ª Edición)

Ocho años de cárcel para el expresiden­te del banco vaticano

- JUAN VICENTE BOO

Al término de un proceso sin precedente­s para erradicar la corrupción a alto nivel, el Tribunal del Vaticano condenó ayer a Angelo Caloia, presidente del banco del Vaticano (IOR) desde 1989 a 2009, y al entonces consejero legal Gabriele Liuzzo a ocho años y once meses de cárcel por el robo de decenas de millones de euros en complicida­d con el director general de la entidad. Caloia presentará recurso.

Los tres máximos cargos de un banco cuya gestión debería ser ejemplar robaron unos 59 millones de euros mediante fraude en la venta de docenas de inmuebles realizada prácticame­nte sin publicidad ni control alguno entre 2002 y 2007. Juan Pablo II nombró en 1989 al banquero italiano Angelo Caloia presidente del banco del Vaticano (Instituto para las Obras de Religión) con el mandato de hacer limpieza después de la desastrosa gestión de Paul Marcinkus.

La temeraria contribuci­ón del arzobispo norteameri­cano a la bancarrota fraudulent­a del Banco Ambrosiano de Milán, que presidía Roberto Calvi, obligó al Vaticano a pagar 406 millones de dólares a las víctimas. Caloia era, teóricamen­te, el remedio a la enfermedad. Pero aprovechan­do la dolencia de

Juan Pablo II y la falta de supervisió­n, los tres miembros de la nueva cúpula del IOR –el presidente Angelo Caloia; el director general, Lelio Scaletti; y el consejero legal, Gabriele Liuzzo– organizaro­n una venta masiva de inmuebles del Vaticano a precios de regalo a sociedades

Angelo Caloia Organizó junto a otros tres altos cargos una venta masiva de inmuebles a precios de regalo

que controlaba­n secretamen­te ellos mismos o un cuarto cómplice, Lamberto Liuzzo, hijo del consejero legal, que ha sido condenado a cinco años de cárcel.

Los condenados se embolsaron 34 millones de euros en diferencia de valor por las compras clandestin­as y otros 19 millones de euros sustrayénd­olos a lo cobrado por el IOR. La sentencia añade multas simbólicas por un total de 20.500 euros y la obligación de devolver 23 millones de euros. El entonces director general, Lelio Scaletti, no ha sido procesado pues falleció en 2015.

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