El rodillo sanchista maniata las instituciones y tensiona el sistema

La reforma del CGPJ impulsada por el Gobierno provoca un choque inédito entre los poderes Judicial y Legislativo Los tentáculos de La Moncloa copan el sector público, desde la Fiscalía y la Abogacía hasta el CIS o Transparencia

Si las instituciones españolas se sometieran a un test de estrés como el que se practica periódicamente a la banca probablemente habría que recetarles ansiolíticos. Desde que gobierna Pedro Sánchez no hay una sola institución que no se haya visto envuelta en la polémica, arrastradas por las estrategias invasivas de La Moncloa. Nada escapa a un Gobierno que ha aumentado un 35% el número de altos cargos y que gasta en ellos un 57% más que Mariano Rajoy. ¿Queda alguien en el universo socialista –y podemita– que no haya sido convenientemente colocado en la órbita gubernamental? ¿Dónde quedaron la ejemplaridad y la regeneración? Es el rodillo sanchista.

El parte a 24 de enero de 2021 es el siguiente. En una especie de triángulo diabólico los poderes del Estado conviven enfrentados: el Ejecutivo con el Poder Judicial, que a su vez choca con un Legislativo amordazado por la larga mano del Ejecutivo. Entretanto, los órganos consultivos son ignorados, la fiscal general del Estado es la exministra de Justicia que se presentó a las elecciones por el PSOE y la Abogacía del Estado fue convenientemente descabezada. Además, los organismos públicos, como el CIS, son poco a poco alineados en la estrategia gubernamental. Un largo rosario de ocupación partidista de las empresas públicas que tiene como colofón a la institución que mejor ejemplifica la ola de regeneración democrática que vivió España entre 2015 y 2018: el Consejo de Transparencia también ha sido tomado a las bravas por la Presidencia del Gobierno. Incluso su Partido Socialista ha sido silenciado al más puro estilo Alfonso Guerra: el que se mueva no sale en la foto. La novedad hoy, cuando este Gobierno transita su segundo ejercicio, está en que las costuras del sistema empiezan a dar serios síntomas de estrés. Tanto, que en este análisis no hace falta adjetivar. Hechos y datos.

Segundo Poder, amordazado

Entre el Ejecutivo y el Legislativo suele haber una especial sintonía, dado que hasta ahora los presidentes de ambas instituciones siempre han sido del mismo partido, salvo en el periodo interruptus de Patxi López en 2016 . Pero en esta legislatura esa sintonía está claramente descompensada en favor del Gobierno. Para ello hay una colaboradora necesaria: Meritxel Batet. Hubo un momento especialmente simbólico, revelador del escaso respeto por la independencia y trascendencia de la institución que preside: en la segunda semana de marzo, justo después de que el Gobierno hiciera oídos sordos y permitiera la manifestación del 8-M a pesar del incremento de contagios, Batet suspendió la actividad parlamentaria. Insólito. Lo razonable sería lo contrario: si en tiempos de guerra el Parlamento es lo último que se cierra, ¿cómo cerrarlo por una pandemia, más aún cuando existe tecnología suficiente para garantizar la seguridad de sus señorías?. Es más; cuando el presidente del Gobierno está pidiendo poderes extraordinarios (que el Congreso le otorgó por unanimidad), ¿los contrapoderes no deberían ser igualmente extraordinarios? Para Batet, no. Y el Gobierno abusa: se escurre de su obligación de comparecer, elude su deber de informar al Congreso sobre la pandemia (como se comprometió en el primer estado de alarma) y abusa de los decretos leyes: en 2020 firmó 39, un total de 81 desde que asumió el poder en 2018. Uno cada doce días.

¿Y el control parlamentario? A pesar de que es una de las misiones del Poder Legislativo, y a pesar de la excepcionalidad de la situación social y económica, el presidente Sánchez ha conseguido aprobar un estado de alarma de varios meses sin necesidad de comparecer para dar explicaciones. Más aún: en un nuevo desprecio al Parlamento, ni siquiera fue él quien defendió la petición de un segundo estado de alarma, sino que le endosó la responsabilidad al ministro de Sanidad. Éste lo hizo comprometiéndose a comparecer una vez al mes. Como desveló ayer ABC, ese plazo ya ha vencido y ¿ha visto a usted a Salvador Illa en el hemiciclo rindiendo cuentas? Yo tampoco. Pero hay más: en plena tercera ola, el Congreso cerró sus puertas por vacaciones desde antes de Navidad hasta después de las elecciones catalanas: dos meses sin control parlamentario, dos meses sin que el Parlamento se preocupe por una pandemia que ha provocado más de 85.000 muertos. Eso sí, en ese tiempo se abren las puertas para celebrar la comisión Kitchen o la reforma del CGPJ, pero no para la comisión de Sanidad. Conclusión: el Parlamento, en tiempos de excepcionalidad, no sólo no está más activo que nunca, sino que está amordazado. El gran beneficiado es el presidente del Gobierno, que gracias al rodillo dela izquierda y al apoyo de la presidenta del Congreso sólo acude al Hemiciclo cuando no lo puede evitar. Un Parlamento anestesiado, un Segundo Poder amordazado.

Tercer poder: atacado

La tensión que el Ejecutivo está trasladando al resto de sistema tiene su expresión más clara en el enfrentamiento entre el Legislativo y el Judicial, que esta semana ha alcanzado con el Pleno del Consejo del Poder Judicial acusando a la Mesa del Congreso de estar atentando contra la división de poderes. Si Batet no tiene arrestos para plantarse ante el Ejecutivo, Carlos Lesmes sí los tiene, a pesar de que no es precisamente un presidente del Judicial que esté cómodo en la refriega política.

Empecemos por el principio: el CGPJ está en funciones, en gran medida porque el Partido Popular no acaba de avenirse a negociar. En Génova tienen sus argumentos y no dan su brazo a

Agencia de colocación

Este Gobierno ha aumentado un 35% el número de altos cargos y gasta en ellos un 57% más. ¿Queda alguien sin colocar en el universo socialista? Un decerto cada doce días

El Gobierno abusa de la figura del decreto ley: en 2020 firmó 39 y ya son 81 desde la moción de censura de 2018

torcer a pesar de que la renovación debería haberse producido hace ya dos años. La situación es difícilmente justificable desde el punto de vista democrático, pero cuando el PSOE y Unidas Podemos se rasgan las vestiduras olvidan que el antecedente más parecido a lo que hoy sucede tuvo lugar en los años 2007 y 2008, cuando uno de los vocales del CGPJ era el hoy ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que nunca tuvo ningún problema en que el Consejo siguiera funcionando a pesar de estar en funciones. En todo caso, lo que se hiciera mal en el pasado no justifica los errores del presente, y PSOE y PP deben llegar a un acuerdo cuanto antes. Los dos. La cuestión aquí es qué estrategia ha diseñado el Gobierno para resolver este punto: ¿seducir al PP? ¿atender sus demandas? ¿negociar?No. Lo que ha hecho es intentar cambiar las reglas del juego por la puerta de atrás, aplicando el rodillo en el Parlamento y enfrentando a éste con el Poder Judicial. Todo ello con el silencio de los tres jueces que forman parte del Gobierno, todos ellos exvocales del CGPJ, y con el Parlamento dando cobertura a las tretas del Gobierno. Al tramitar una reforma presentada por los partidos políticos, y no por el Gobierno, no es necesaria la concurrencia del Consejo de Estado. Trucos de mal pagador.

Consejo de Estado

¿Qué se opina en el supremo órgano consultivo del Gobierno de que no se le consulte sobre una reforma que afecta a la separación de poderes y, por extensión al núcleo mismo del sistema constitucional? Oficialmente, no se opina nada, porque el Consejo de Estado es un organismo serio y que hace gala de exquisita neutralidad: si le llaman, acude; y si no, guarda silencio. No le llaman para la reforma de la Ley de Educación, no se pronuncia; no le llaman para la Ley de Eutanasia, no se pronuncia; sí le llaman para el segundo estado de alarma, se pronuncia. Otra cosa es lo que puedan opinar los consejeros, o incluso la presidenta, a título particular.

Una buena pregunta es si debería el Consejo de Estado, como ha hecho el Consejo del Poder Judicial, alzar la voz ante semejante ninguneo desde el Gobierno. Ya les avanzo que en la calle Mayor esquina Bailén no se responderá a esta pregunta, pero hay silencios atronadores. De todos modos, el foco aquí no está en el Consejo de Estado, sino en el desprecio del Gobierno, otra muestra más de esa estrategia tan sanchista de tensar las costuras del sistema. Más rodillo.

Comisarios VS funcionarios

El lector de ABC conoce con detalle el ninguneo de este Gobierno a la Ley de Transparencia y su asalto al Consejo de la cosa. A ningún Gobierno le gusta que le pregunten, en eso Sánchez no es distinto. La novedad está en la colonización del organismo para neutralizarlo. Comisarios en lugar de funcionarios. Más rodillo. Es un caso similar al del CIS: si José Félix Tezanos fue nombrado para que las encuestas se pusiesen al servicio de la estrategia socialista, José Luis Rodríguez cumple la función de narcotizar Transparencia.

Mientras, Radio Televisión Española sigue con Rosa María Mateo como administradora única provisional dos años y medio después de se nombrada. Y entretanto, el Comité Federal del PSOE es un paseo militar del líder –como quedó demostrado ayer–, que da ruedas de prensa tasadas y con cuentagotas y no concede una sola entrevista a los medios incómodos. La última en ABC fue hace ya casi cinco años, antes de que publicáramos el fraude de la tesis, los dedazos a sus amigos, el abuso de los medios públicos en el Palacio de La Moncloa. Sánchez solo aparece en actos propagandísticos perfectamente diseñados para su mayor gloria. Rodillo y más rodillo. Y el que se mueva, o discrepe, recibirá una etiqueta enviada por el oficialismo, y en la que se podrá leer con letras claras un adjetivo calificativo de cinco letras: «facha». O «fascista», o «trifachito». Así está España, escuchando los «quejíos» sordos de un sistema estresado y el silencio cómplice de quienes sí pueden alzar la voz.