PP y Cs proponen que los jueces elijan a sus vocales en el CGPJ
Enmienda a la totalidad a la reforma que asalta el Poder Judicial
El Partido Popular y Ciudadanos registraron ayer en el Congreso sendas enmiendas a la totalidad a la reforma que pretende impedir los nombramientos en el Consejo General del Poder Judicial mientras esté en funciones. Ambas formaciones respondieron al asalto de PSOE y Podemos al órgano de gobierno de los jueces con textos alternativos a esa reforma en los que proponen la vuelta al sistema inicial de elección de los doce vocales de procedencia judicial, de forma que sean los jueces los que elijan a sus propios compañeros. En la actualidad, el Parlamento interviene tanto en la elección de los ocho vocales juristas como en la de los doce de procedencia judicial, sobre los que tiene la última palabra. El pasado 18 de enero, Vox presentó una enmienda a la totalidad en el mismo sentido.
Los populares recuerdan que las competencias que el ordenamiento otorga al Consejo «son fundamentales para el cumplimiento de su función constitucional» y que la limitación en el ejercicio de estas competencias «no sólo impediría a ese órgano garantizar la independencia de dicho poder del Estado, sino que supondría en sí mismo un ataque directo a la independencia del Poder Judicial».
A su juicio, tras más de 35 años de vigencia del actual sistema de elección parlamentaria «se hace imprescindible reflejar en la Ley Orgánica del Poder Judicial con pretensión de permanencia y continuidad la voluntad constituyente de que los jueces y magistrados participen en el proceso de elección de los vocales del turno judicial de forma directa».
Reforzar las garantías
Junto a esta propuesta, los de Casado proponen otra serie de medidas que refuercen «la garantía de independencia e imparcialidad» de los vocales así como la transparencia misma del proceso de elección». Entre ellas, la obligatoriedad de que todos los nombramientos que haga el Consejo en la cúpula judicial se lleven a cabo por mayoría cualificada, algo que hasta ahora solo regía en nombramientos muy concretos, como presidentes de Sala y magistrados del Tribunal Supremo o presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia.
Además, propone la supresión de la figura del llamado «magistrado autonómico», designado por el Consejo a propuesta en terna de los Parlamentos autonómicos, pues «no es concorde con el modelo la participación de un órgano político, aunque sea de mera propuesta, en la provisión de una plaza judicial».
Desde el punto de vista competencial, el PP quiere que la intervención del CGPJ en el proceso de nombramiento del fiscal general del Estado «tenga un mayor alcance que la vigente de la pura audiencia». Y aboga por que se establezca la obligatoriedad del informe del Consejo en iniciativas que afecten a la organización judicial, a las normas procesales o a la tutela de los derechos y libertades fundamentales.
También Ciudadanos señala que la voluntad del constituyente era que los doce vocales jueces fueran elegidos por la propia carrera, la única opción que garantiza, a su juicio, una verdadera independencia judicial. Alude así a la sentencia del TC de 1986 que advirtió de las «consecuencias perniciosas» que podían derivar de una intervención íntegramente parlamentaria.