Polémico inicio de campaña para pedir 4.860 millones en ayudas de la PAC
Los cambios de última hora en su regulación resucitan el fantasma de nuevas protestas
Lo que se asemeja a un ritual anual para los cerca de 680.000 agricultores y ganaderos españoles, el pistoletazo de salida al plazo de solicitud ante las autoridades autonómicas competentes de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) que comienza hoy y se prolongará hasta el próximo 30 de abril, está siendo más accidentado de lo que esperaba el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
Sobre el papel, lo que comienza a dilucidarse es el destino de 4.860 millones de euros en ayudas directas de la Política Agraria Común para los productores españoles. Unas transferencias directas que percibirán en forma de anticipos desde el próximo 16 de octubre y el saldo en diciembre.
En total, España recibirá a través de la PAC una inyección de 47.724 millones hasta 2027. Sin embargo, los cambios introducidos a última hora en el real decreto que regula esta convocatoria –aprobado en el último Consejo de Ministros– ha cosechado las críticas de las principales organizaciones agrarias (Asaja y COAG) y resucitado el fantasma de las «tractoradas» que inundaron las calles de media España a inicios de 2020. De momento, el «incendio» se localiza en parte del campo andaluz, comunidad de la que Planas fue consejero de Agricultura, aunque debido al Covid no hay fecha para las protestas.
Desde el ministerio defienden que el nuevo real decreto «asegura un marco estable para los agricultores y ganaderos españoles» para que estos sigan percibiendo las ayudas y recalcan que «sin cambiar las condiciones de admisibilidad de las mismas respecto al periodo 2014-2020».
Derechos de pago
El verdadero punto de fricción entre Agricultura y una parte importante de la producción está en los derechos de pago, organizados en 50 regiones diferentes y que el ministerio quiere con este decreto que se aproximen a la media de cada región en los próximos dos años. El objetivo es que dos productores de la misma zona, y con idéntica actividad, perciban el mismo pago básico.
Desde Asaja hablan de la «imposición» de una nueva hoja de ruta y aseguran que la nueva regulación supone «un salto hacia el nuevo modelo de PAC del que todavía desconocemos cómo se ejecutará en España».
¿Pero cuál es el impacto real de estas modificaciones? Según defendió Planas, «menos de un 1% de los 227.000 perceptores andaluces con derecho a la PAC» se verían afectados. Desde COAG Andalucía contestan que «el reparto de derechos no es de rentas» y estiman que «muchos profesionales y explotaciones familiares de Andalucía, así como autónomos del campo, pueden perder hasta un 70% de las ayudas».