SÁNCHEZ OCULTÓ AL CONGRESO EL INFORME DE LAS AYUDAS EUROPEAS
El Parlamento convalidó el decreto ley sin haber recibido el texto, de 96 páginas, del órgano consultivo PP y Cs aseguran que el escrito es demoledor y el Gobierno alega que no está obligado a mostrarlo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, regresó ayer al Congreso después de casi 50 días sin someterse al control de la Cámara Baja. Y allí le esperaba una desagradable sorpresa. «¿Por qué ha arrancado el informe del Consejo de Estado para ocultárselo a las Cortes? Es la primera vez en la historia democrática que se hace eso. Es un escándalo que puede anular el decreto y que puede hundir aún más la reputación internacional del Gobierno», le interpeló el presidente del Partido Popular, Pablo Casado.
El líder popular destapaba así que el Gobierno había solicitado el informe del Consejo de Estado sobre el decreto de los fondos europeos pero que decidió no informar al Congreso sobre el contenido del mismo y el hemiciclo lo convalidó la semana pasada sin tener conocimiento de las valoraciones del citado órgano consultivo.
Sánchez no tenía respuesta preparada y eludió contestar a la pregunta o realizar cualquier referencia al informe. Se limitó a acusar a Casado de mentir por su «conveniencia» y aseguró que «hasta Abascal le da lecciones de responsabilidad con el país», en alusión a la votación sobre ese mismo decreto en la que Vox se abstuvo y salvó la convalidación. «Le pido una oposición distinta, útil, que se note para qué tiene los escaños», instó.
Elude responder
A la vista de que Sánchez evitaba completamente la cuestión, Casado volvió a presionar advirtiendo que «quien calla otorga». Pero tampoco esta vez obtuvo respuesta del presidente. «De verdad, haga una oposición útil, constructiva, infórmese, no venga aquí a verter mentiras porque a usted le convenga». Sin embargo, fuentes del Gobierno confirmaron poco después que efectivamente se solicitó informe al Consejo de Estado pero que éste no se remitió al Congreso porque, según su versión, no era obligatorio hacerlo. El Ejecutivo se aferra así a que no estaba obligado a solicitar el informe y, por tanto, tampoco lo está a hacerlo público.
En efecto, el informe del Consejo de Estado es preceptivo cuando se trata de un proyecto de ley pero es potestativo en el caso de los decretos. Sin embargo, varios letrados del Congreso coinciden con el PP en que una vez que ese informe existe debe acompañar al decreto. Y, por la misma razón, el Gobierno debía haberlo enviado también al BOE para su publicación junto al decreto. En La Moncloa, los principales asesores del Gobierno en materia legal rechazan este extremo: «Por supuesto que no es obligatorio acompañarlo al real decreto ley porque no era un dictamen preceptivo. No es vinculante y no hay ninguna obligación de
incorporarlo». En este sentido, el artículo 26 de la Ley del Gobierno establece que en el expediente administrativo de cualquier norma deben figurar «la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, los informes y dictámenes recabados para su tramitación, así como todos los estudios y consultas emitidas y demás actuaciones practicadas». Y que este dossier es el que debe remitirse a la Cámara Baja. Las mismas fuentes hacen hincapié en la gravedad del hecho recordando que nunca el Tribunal Constitucional ha tenido que juzgar si el Gobierno ha hurtado informes al Congreso. «Si el caso llega al TC será histórico, será la primera vez que sucede», subrayan las mismas fuentes.
Obligado a publicarlo
Sin embargo, no hay unanimidad en el cuerpo de letrados. Otros juristas del Congreso consultados por ABC coinciden con el Gobierno y consideran que no incumplió la ley al no remitir el informe. No obstante, todos coinciden en que el Ejecutivo debe hacer público el dictamen ya que tanto el PP como Ciudadanos lo solicitaron a través del Registro del Congreso. Respecto a esto, el Gobierno no se niega a dar a conocer el informe pero no se compromete a hacerlo en una fecha determinada, lo que eleva las sospechas respecto a su contenido. Además, el Consejo de Estado aseguró ayer que no puede publicar el dictamen en su página web ni remitirlo a los diputados hasta que el Ejecutivo no «quiera darlo a conocer». Y ello pese a que el decreto fue aprobado por el Consejo de Ministros hace más de un mes –el 30 de diciembre– y ya lleva más de una semana convalidado por el Congreso.
Además de solicitar el informe a través del Registro del Congreso, los populares lanzaron una completa ofensiva parlamentaria por este asunto. Todos los diputados preguntaron por el texto durante la sesión de control al Ejecutivo y cuando ésta llegó a su fin la portavoz del PP, Cuca Gamarra, solicitó a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, la convocatoria de una reunión urgente para reclamar el dictamen al Gobierno, así como la elaboración de un informe urgente de los letrados «sobre la validez de dicho decreto y si puede ser objeto de nulidad». También registraron una iniciativa para recordar al jefe del Gobierno «sus obligaciones constitucionales», otro escrito dirigido a la dirección técnicoparlamentaria de la Cámara para que se pronuncie sobre la validez del decreto y cursaron una petición formal al Consejo de Estado para obtener copia del dictamen.
Las sospechas del PP estuvieron espoleadas por el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, quien reveló que tiene dos datos sobre el informe. El primero, que «es demoledor». El segundo, que tiene 96 páginas. El dirigente naranja explicó a la prensa que una fuente le advirtió de que el Gobierno había solicitado el dictamen y que sus sospechas se desataron cuando La Moncloa no lo incorporó al expediente remitido al Congreso. «No debía ser muy favorable, muy halagüeño», señaló. Vox, que con su abstención fue crucial para que el Gobierno superase esa votación, también defendió la necesidad «esencial» de conocer este informe «con urgencia».
«Se atendieron sus consejos»
Fuentes de La Moncloa rechazan la idea de que el informe del Consejo de Estado sea tan negativo. «Es un informe típico del Consejo de Estado, con temas menores y observaciones más importantes», explican estas fuentes. Desde el Gobierno defienden que estos elementos «han sido atendidos todos». En el Ejecutivo insisten en que «se atendieron sus consejos». Otras fuentes del Ejecutivo ratifican que el texto del real decreto ley ya llegó al Congreso «con arreglo al Consejo de Estado». Estas fuentes apuntan a que el PP y Ciudadanos están intentando echar tierra sobre su rechazo a la convalidación la pasada semana. Y como justificación defienden también que los informes de la Comisión Europea «son muy positivos».
El Gobierno
Defiende que no tenía obligación de trasladarlo pero dice que lo publicará