La Justicia condena a Francia por no luchar contra el cambio climático
► En una decisión inédita, se considera una «falta» no cumplir con el recorte de emisiones prometido
El Tribunal Administrativo de París (TAP) condenó ayer al Estado francés por incumplir sus compromisos en materia de reducción de los gases de efecto invernadero. Por vez primera en Francia, la Justicia condena al Estado por un delito, falta o perjuicio de carácter ecológico, abriendo la brecha a nuevas y posibles demandas judiciales, individuales, familiares o asociativas.
Entre 1990 y 2013, Francia redujo un 10 por ciento esas emisiones. En 2015, con motivo de la Cumbre del Clima de París, el Gobierno de François Hollande se comprometió a reducir en otro 40 por ciento las emisiones de gases de invernadero, antes del 2020. Entre 2018 y 2019, las reducciones de las emisiones solo se redujeron en Francia un 0,9 por ciento. Cifra muy alejada de las promesas estatales. Ante tal situación y perspectivas, cuatro organizaciones no gubernamentales (Notre affaire à tous, Greenpeace, Oxfam y la Fondation Nicolas Hulot), presentaron una querella judicial contra el Estado por «incumplimiento nocivo de sus propias promesas medio ambientales».
Un euro «simbólico»
El Tribunal Administrativo de París (TAP) dictó una primera sentencia ayer: «El Estado es culpable por carencias e incumplimiento de sus compromisos contra el calentamiento climático». El Tribunal condena al Estado a pagar un euro simbólico a las organizaciones querellantes y pide un «suplemento de información» para estudiar, más adelante, otra dimensión económica de su primera sentencia.
Las organizaciones querellantes deseaban que el TAP obligase al Estado a pagar algo así como «daños y perjuicios», comprometiéndose a «reparar» o «indemnizar» a la comunidad nacional por los daños ecológicos cometidos.
El TAP ha rechazado en primera instancia esa exigencia, estimando que era difícil o imposible evaluar el costo del posible daño o perjuicio. El Tribunal ha pedido más información, para poder aceptar, calcular o rechazar tal petición. A la luz del suplemento de información, el TAP volverá a estudiar las exigencias de las organizaciones ecologistas. La primicia histórica quizá esté abriendo perspectivas inéditas en materia jurídico ecológica. Jean-François Julliard, director general de Greenpace Francia, comentó ayer la sentencia en estos términos: «Debiera hacer reflexionar al presidente Emmanuel Macron, a su gobierno y a todas las familias políticas presentes en la Asamblea Nacional. La histórica decisión jurídica necesitará reexaminar todas las políticas nacionales, más acordes con la imprescindible transición ecológica nacional».