Justicia en España

Me sorprende, quizá porque soy lego en Derecho, que los que cometieron los delitos de sedición, malversación de fondos públicos y prevaricación se encuentren libres, haciendo propaganda electoral para las elecciones del 14 de febrero en Cataluña. Más aún cuando el Tribunal Supremo y la Fiscalía se han opuesto a esas concesiones por parte de Instituciones Penitenciarias de Cataluña. Eso se entiende en aquella frase de Pedro Sánchez de: «Un Gobierno dentro de otro Gobierno», y está claro en este caso cuál es el Gobierno que manda. No obstante, pienso que quien ha concedido la libertad a esos condenados, sin reunir los requisitos exigidos, ha cometido un delito de prevaricación: «La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años» (Código Penal, art. 404). También llama la atención que a los representantes de los ciudadanos se les permita tener antecedentes penales, mientras que para ser policía, como es lógico, deben carecer de ellos. El principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución también ha sido vulnerado. Lo que está ocurriendo en España es digno de estudio. MANUEL ESCRIBANO MADRID