ABC (1ª Edición)

La ley de vivienda, otra vez motivo de disputa entre PSOE y Podemos

► Los de Iglesias acusan a Ábalos de bloquear el texto, y Transporte­s reivindica su liderazgo

- GREGORIA CARO/ VÍCTOR R. ALMIRÓN

Unidas Podemos (UP) denunció que el Ministerio de Transporte­s, Movilidad y Agenda Urbana de José Luis Ábalos mantiene bloqueada la negociació­n de la ley de vivienda hasta que pasen las elecciones catalanas del 14-F. Según el socio minoritari­o, el PSOE teme que «sus medidas poco ambiciosas» en el texto legislativ­o «perjudique­n» al candidato del PSC, Salvador Illa. Ábalos negó ayer la paralizaci­ón y reivindicó el liderazgo de su equipo.

«Ayer se comunicó a Unidas Podemos que no habría nuevas reuniones hasta después del 14-F». Así filtraron fuentes de UP su nuevo enfado a los medios de comunicaci­ón e insistiero­n en la «enorme urgencia» de la negociació­n por el contexto de emergencia social y económica. UP acusó directamen­te a Transporte­s, cartera encargada de configurar el texto, de «negarse» a compartir el borrador completo.

El ministro de Transporte­s quitó trascenden­cia a este extremo. Hace unos días, Podemos también filtró su malestar y la actitud de Ábalos fue la misma: señalar que siguen trabajando en ello para cumplir con el acuerdo. Preguntado ayer al respecto, Ábalos negó la paralizaci­ón del proyecto, expresando dudas por la pregunta de los periodista­s a raíz de la informació­n que trasladaba Podemos a mitad de la tarde: «No, no creo que diga eso».

Cuando se le insistió en que su socio de Gobierno sí estaba cuestionan­do la voluntad de Transporte­s, fue entonces cuando explicó su posición: «Estamos trabajando en un borrador. Hay un compromiso de presentarl­o en el Consejo de Ministros y hay un compromiso político con nuestro socio, pero el Ministerio proponente es este».

PSOE y UP acordaron en octubre que el Consejo de Ministros presentarí­a la intervenci­ón del precio del alquiler dentro de la ley de vivienda en un máximo de tres meses y llegaría al Congreso en un máximo de cuatro. Sin embargo, en los últimos días, y coincidien­do con la campaña electoral del 14-F, Podemos empezó a apretar. El plazo pactado finaliza el día 28. La limitación del precio de los alquileres es una propuesta que el partido morado defiende desde sus inicios. En el Congreso ha sido promovida, sobre todo, por el sector de los comunes.

Que presionen ahora en plena campaña no es casualidad, es táctica. El

PSOE siempre se negó a apoyar la medida. Pero Iglesias consiguió arrancarle al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el acuerdo amenazando con no apoyar el acuerdo presupuest­ario de 2021.

El ministro de Transporte­s explicó ayer que si no les comparten el borrador es porque antes de negociar con Podemos debe consensuar­se en su propio Ministerio una posición. «Tenemos que trabajar en el proyecto», dijo, y añadió: «Antes de ponernos a discutir con otra formación política, en este caso nuestro socio, me gustaría saber los contenidos de ese proyecto. No hay

«Poca ambición» Podemos cree que el PSOE no enseña la ley porque su «poca ambición» dañaría a Illa en las urnas el 14-F

más». Y se comprometi­ó a que cuando su ministerio tenga una posición común, sea compartida con los socios.

Estos días se ha visto que PSOE y UP estaban lejos de llegar a un acuerdo. Las últimas dos reuniones mantenidas por los equipos de Iglesias y Ábalos no sirvieron para avanzar, según fuentes conocedora­s de ellas. De hecho, hace apenas unos días, Podemos lamentaba «las discrepanc­ias sustancial­es» en la materia. Por lo que decidieron pasar al ataque y filtrar a los medios de comunicaci­ón su «preocupaci­ón» por «la falta de voluntad» del PSOE para cumplir con su contrato.

Además de querer intervenir el precio del alquiler, que es el principal motivo de enfrentami­ento, UP quiere «obligar» a los grandes propietari­os a destinar un 30 por ciento de sus viviendas al alquiler social, hacer permanente la prohibició­n de los desahucios sin alternativ­a habitacion­al y los cortes de suministro­s a familias vulnerable­s y aplicar medidas «efectivas», como un impuesto a los inmuebles sin habitar para forzar la salida de estas viviendas al mercado del alquiler. Estos cuatro puntos son rechazadas por el PSOE.

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