ALUD DE RECURSOS JUDICIALES PARA SORTEAR LA MORDAZA AL CONGRESO
La oposición lleva una veintena de decisiones de Batet y Sánchez al TC El PP y Vox han presentado siete cada uno y ultiman seis más Los partidos responden así al abuso del decreto y la parálisis parlamentaria
El Gobierno del PSOE y Podemos va logrando sortear la débil mayoría parlamentaria de la coalición –155 diputados– con su política de alianzas preferentes con ERC, Bildu y PNV que, de facto, le permite gobernar con muchas de las ventajas de la mayoría absoluta. La izquierda y el independentismo operan como un «rodillo» en el Congreso con la consigna de no dar baza alguna a la derecha y, por tanto, libran al Ejecutivo de desgaste político en la gran mayoría de las ocasiones. De este modo, las peticiones de comparecencias incómodas son rechazadas sistemáticamente, igual que las comisiones de investigación que no convienen o las iniciativas que dejan al Gobierno en evidencia.
Dudosa legalidad
En este contexto, la tarea legislativa ha quedado ahogada por los constantes decretos-leyes que aprueba el Gobierno, que no requieren ser informados por los órganos consultivos, y que no permiten la participación de la oposición. Todo ello envuelto, demasiado frecuentemente, en dudas sobre la constitucionalidad de los procesos o las decisiones adoptadas no solo por el Gobierno sino por el Congreso.
Ante esta situación, PP y Vox han optado por recurrir a la Justicia. Las actuaciones de Pedro Sánchez y Meritxell Batet acumularán en breve 21 recursos ante el Tribunal Constitucional desde 2018. Once de ellos del PP, más nueve impulsados por el grupo que preside Santiago Abascal y uno de Ciudadanos. De todos ellos, 15 ya se han presentado y seis se están ultimando. A estas cifras hay que añadir otros dos recursos interpuestos por los populares ante el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional contra decisiones del Gobierno, y aún hay que sumar los trece que PP, Vox y Cs han elevado contra decisiones de la izquierda y sus socios en los parlamentos autonómicos, sobre todo, en Cataluña. Siete del PP, cuatro de Vox y dos de Ciudadanos.
En lo que respecta al partido de Pablo Casado, en la base de su ofensiva judicial se encuentra la decisión de Sánchez de excluirle de cualquier acuerdo y negociación en el Congreso, para sacar adelante sus leyes con la denominada alianza Frankenstein. Los populares estrenaron la vía jurídica esta legislatura para intentar frenar los excesos de la coalición de Sánchez e Iglesias con un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el nombramiento de la fiscal general. En un auto dictado el 4 de febrero, la Sección Cuarta rechazó inadmitir ese recurso, como pedía la Abogacía, por lo que estudiará el nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado.
Además de este recurso ante el Supremo, el PP ha presentado ya siete recursos ante el Constitucional esta legislatura. El primero, de amparo, derivó del circo organizado en la sesión constitutiva del Congreso, con las fórmulas variopintas de acatamiento de algunas de sus señorías, sobre todo de la parte independentista y populista. Un paso que también ha dado Vox en esta legislatura y Cs en la anterior.
Ambos grupos también coincidieron al llevar ante el TC el «abuso legal» de aprovechar, en plena pandemia, una disposición final del decreto de medidas económicas contra el Covid-19 para blindar la presencia de Pablo Iglesias en la comisión delegada del Centro Nacional de Inteligencia.
En noviembre del año pasado, los populares también presentaron un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional contra lo que bautizaron como ‘ministerio de la verdad’, el organismo impulsado desde La Moncloa para vigilar las ‘noticias falsas’ difundidas por internet. En la lista de los recursos del PP ante el Constitucional hay otros cuatro que se están ultimando. En uno de ellos vuelve a coincidir con Vox: el relativo a la ‘ley Celaá’. El despacho de abogados de Albert Rivera lo está rematando para el PP, en defensa del castellano como lengua vehicular en toda España y de la libertad educativa. No es el único recurso que Casado ha dejado en manos del expresidente de Cs. También se hizo cargo de la actuación contra la ley de alquileres catalana.
Asimismo, el PP ha anunciado recursos contra la reforma del Poder Judicial que impulsa el Gobierno, contra el decreto de los fondos europeos por no remitir al Congreso el informe del Consejo de Estado, y otro más contra el decreto de Garzón que avala la okupación sin violencia. Este último también será llevado ante el TC por Vox.
Fuentes populares sostienen que la avalancha de recursos se debe a su intento de frenar las tropelías del Gobierno y sus «ataques continuos» a las libertades y derechos de los ciudadanos. «El Gobierno ha dado la espalda a la oposición, y una forma de control es acudir a la Justicia para proteger esos derechos», explican.
Anterior legislatura
Desde la moción de censura de Sánchez contra Mariano Rajoy, en junio de 2018, y hasta las últimas elecciones generales, el PP ya había presentado otros siete recursos ante el TC. Cuatro de ellos contra decisiones del Gobierno y el Congreso, junto a tres contra legislaciones autonómicas. En total, desde que el líder socialista es jefe del Gobierno, los populares han llevado al Constitucional, o están en trámite de hacerlo, un total de 18 recursos.
Vox, en cambio, no ha podido presentar recurso de inconstitucionalidad hasta la presente legislatura ya que es necesario contar con 50 diputados. En el plano autonómico, Vox ha recurrido ante el TC la normativa del bable del Parlamento asturiano, la denegación de una visita a un centro educativo de Baleares o el cordón sanitario que la izquierda y sus socios le impusieron en el País Vasco.
Igual que Vox no pudo presentar recursos de inconstitucionalidad en la legislatura anterior, Ciudadanos no puede hacerlo en la presente. Sí pudo hacerlo entre las elecciones de abril y noviembre de 2019 cuando recurrió por tres motivos: el juramento ya citado de la Constitución así como las dos leyes de Abusos Policiales de País Vasco y Navarra.
El acatamiento de la Constitución, la nueva ley educativa o la entrada de Iglesias en la comisión del CNI son recurridos tanto por PP como por Vox