La banca alerta a un Gobierno dividido de que no aceptará quitas de deuda
▶ El sector clama que las ayudas directas no han de poner en riesgo la estabilidad financiera
La batalla de las ayudas directas a las empresas amenaza con desatar un nuevo encontronazo del Gobierno con la banca. Las entidades, el Ejecutivo y el Banco de España trabajan en el diseño de medidas para socorrer a un tejido productivo ahogado por la crisis del Covid-19. Una suerte de mesa de negociación para fijar qué se puede hacer para salvar a las compañías y, especialmente, para dilucidar qué empresas son viables y cuáles no.
La banca ha contratado a Oliver Wyman para delimitar la salud financiera del tejido productivo. En otras palabras, para establecer qué sociedades cuentan con una deuda insostenible, porque el ‘café para todos’ no es una opción contemplada ni por el supervisor ni por el Ministerio de Asuntos Económicos. Para aquellas con un endeudamiento inviable la idea es ayudarlas a salir del mercado de manera ordenada.
El problema surge con las que, en teoría, recibirían ayudas directas del Estado. Lo que se está planteando en la citada mesa de negociación es que ese apoyo lo perciban las compañías que cuentan con préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Las medidas sobre la mesa abarcan prórroga de los plazos de devolución, nuevo crédito, conversiones en préstamos participativos... y quitas de deuda. Este último punto mantiene en tensión a las entidades.
Las quitas de deuda, que no son otra cosa que permitir dejar de pagar una parte de un préstamo, incluirían a los créditos avalados por el ICO, pero no se ha concretado, de momento, quién las asumiría. La financiación proporcionada estos meses está garantizada por el Estado hasta en un 80%, pero el riesgo del 20% restante lo carga la banca. El miedo en el sector radica en que el Gobierno decida imponer que las quitas de deuda se repartan entre el ICO y los bancos, según el porcentaje de aval de cada préstamo. Esta, según fuentes financieras, es una hipótesis innegociable para las entidades. De llevarse a cabo, el enfrentamiento entre ambas partes sería total. «Las ayudas no pueden poner en riesgo la estabilidad financiera», indican en el sector. Las mismas fuentes añaden que, en caso de necesitarse quitas, la banca ya las ha hecho de motu proprio en el pasado cuando ha visto que una empresa viable lo necesitaba. El rechazo es frontal a esta tesis puesta sobre la mesa por el Gobierno, al que la banca le señala que el coste de las ayudas directas debe asumirlo el Estado. Es decir, que las quitas solo habrían de correr a cargo de la Administración. Asimismo, la principal solución por la que abogan las entidades financieras es por facilitar y potenciar las refinanciaciones de los créditos ICO, jugando con la carencia, los plazos, etc.
Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Granada, rechaza también imponer esas quitas a la banca, al tiempo que señala que las ayudas han de correr a cargo del Estado. «Una cosa es que cambies las normas del juego para ti, pero no jugando con las de los demás», afirma en relación a esta medida. Además, este economista destaca que si ahora fijas pérdidas en programas del ICO, «¿quién querrá participar en el futuro?». La razón, «el efecto aprendizaje», es decir, que si las entidades ven que ahora el Ejecutivo les obliga a dar créditos por perdidos, no buscarán acudir a futuros programas de índole similar.
Pese a todo, las conversaciones todavía están en una fase incipiente. Lo primero es que Oliver Wyman tenga listo el mapa de las empresas viables e inviables para saber sobre cuántas sociedades habría de actuarse. Con esto definido será más sencillo calcular qué medidas poner en marcha. Solamente la hostelería, por ejemplo, calcula que necesitarían ayudas directas de alrededor de 8.500 millones.
A todo ello se une la tradicional pugna política. Aunque es Economía quien lidera los contactos, hay varios ministerios y miembros del Ejecutivo tratando de meter mano en las medidas. Fuentes financieras apuntan a que el ala socialista es partidaria de la seguridad jurídica y asumir el Estado el coste de las ayudas, mientras que el ala de Unidas Podemos se inclina por cargar a los bancos parte del coste. Como en la condonación de la deuda pública, tan polémica estos días, la postura del partido de Pablo Iglesias es que las pérdidas las asuman otros.