Podemos aprieta a Sánchez y pide el indulto del rapero

En su línea de tener un pie en el Gobierno y otro en la oposición, Podemos anunció que pedirá el indulto para el rapero Pablo Hasel, a quien ayer los Mossos detuvieron en la Universidad de Lérida, donde se había atrincherado. Lo condujeron a la prisión de Ponent, en la capital ilerdense, para cumplir nueve meses de cárcel por enaltecimiento del terrorismo. Podemos, a través del líder en el Congreso, Jaume Asens, anunció que pedirá al Ministerio de Justicia el indulto. Eso sí, aclaró que era una iniciativa «de partido y no de Gobierno».

Mientras desde las filas de Podemos reclamaban el indulto por una cuestión de «normalidad democrática», Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, del que los de Pablo Iglesias forman parte, pasaba de puntillas por este asunto. Al preguntársele en rueda de prensa, se limitó a remarcar que, en cuanto a «reflexiones artísticas», debe haber una «horquilla de comprensión y tolerancia» propia de una «democracia madura». Calvo recordó que el Gobierno tiene en marcha un proceso para reformar delitos relacionados con la libertad de expresión, como el enaltecimiento del terrorismo o injurias, precisamente por los que Hasel ha entrado en prisión. El objetivo del Ejecutivo es despenalizar o rebajar su carga punitiva. Asens se agarró ayer a esta iniciativa para decir que sería «coherente» indultar a Hasel para que se beneficie de los fines de esta reforma.

Los Mossos detuvieron al rapero poco antes de las ocho y media de la mañana en el rectorado de la universidad. Hasel, cuyo apellido real es Rivadulla, se había parapetado allí desde el lunes con un grupo de activistas para «ponérselo difícil» a la Policía. El músico había desoído la orden de ingresar en prisión, por lo que la Audiencia Nacional instó a detenerlo. El operativo, en el que participaron decenas de antidisturbios, transcurrió sin excesivos contratiempos. Los agentes sortearon barricadas de mesas y sillas que interpusieron los activistas, que también lanzaron objetos a los policías. Acabaron deteniendo a Hasel, que, mientras lo conducían, gritó: «Muerte al Estado fascista».

Lo que lleva a la cárcel al rapero, que recibió el apoyo de partidos de izquierda y parte del mundo cultural, no son solo un puñado de canciones. Sobre él pesan varias condenas, de enaltecimiento del terrorismo e injurias, pero también de lesiones y resistencia a la autoridad. La cque finalmente implica su encarcelamiento se la impuso la Audiencia Nacional en 2018: dos años de cárcel y multa de 34.000 euros por enaltecer a ETA y a los Grapo. También le condenó por injuriar a las Fueras Armadas, pero solo el enaltecimiento conllevó pena de

prisión; las de injurias derivó en uma multa. No lo había hecho a través de canciones, sino en Twitter. De 2014 a 2016 publicó decena de mensajes que jaleaban, entre otros, al exjefe etarra Joseba Arregi. En uno decía: «Las manifestaciones son necesarias, pero insuficientes, apoyemos a quienes han ido más allá». Luego, la Audiencia Nacional redujo la pena a nueve meses y un día de cárcel. Confirmaba que las afirmaciones eran delictivas, pero basó la rebaja en que, al estar ETA y el Grapo disueltos, no eran una «amenaza real». El Tribunal Supremo confirmó en junio, punto por punto, esa resolución.

Cuando se dictó esa sentencia, sobre Hasel ya pesaba otra. En 2014 la Audiencia le había condenado a dos años de prisión por una decena de canciones donde instaba a los terroristas a volver a atentar. «No me da pena tu tiro en la nuca, pepero», decía un verso. Era su primera sentencia –luego la confirmó el Supremo–, así que Hasel pidió que no se ejecutase, y la pena quedó en suspenso.

Su historial se completa con otras dos sentencias. En junio un juzgado de Lérida le condenó a seis meses de cárcel por empujar, insultar y rociar con un líquido de limpieza a un periodista de TV3 en una protesta en 2016. Solo unos días después, otra sentencia: dos años y medio por agredir a un hombre que en un juicio había declarado a favor de un policía acusado de agredir a un amigo de Hasel. El rapero también está imputado por el intento de asalto de la subdelegación del Gobierno en Lérida en una protesta en 2018 por la detención de Puigdemont.