PSOE, Podemos e independentistas tumban el plan antiokupación del PP
Los populares proponían penas de cárcel y desalojos en 12 horas
La nueva ley antiokupas propuesta por el PP fue ayer tumbada en el Congreso gracias a la mayoría que forman PSOE, Unidas Podemos y los grupos independentistas. La propuesta incluía medidas para endurecer la legislación actual como la inclusión de penas de cárcel, facilitar que la Policía pueda echar a los okupas en un plazo máximo de 12 horas, la prohibición a los ayuntamientos de empadronar a quienes residan ilegalmente en inmuebles ajenos a su propiedad o aumentar la protección de los vecinos afectados.
La diputada popular Ana Zurita que ayer defendió la proposición insistió en en la necesidad de diferenciar entre frenar un desahucio y amparar una okupación, y cargó contra el Gobierno por «incitar» a esta práctica al hacer que «los ilegales no gocen de la misma protección» que la gente que cumple la ley.
Sin embargo, la iniciativá se topó con las críticas del bloque de investidura de Sánchez. El PSOE tildó la propuesta del PP de anécdota, innecesaria y supérflua». Unidas Podemos, Bildu, ERC, Compromís o el BNG aseguraron que los populares están «sobredimensionando» el problema de la okupación.
En concreto, la iniciativa de los populares consideraba necesario mejorar la defensa de las viviendas pues «el ordenamiento jurídico debe ser adaptado y mejorado para permitir una protección efectiva de los titulares de derechos». «Y, además, ha de tener en cuenta un bien jurídico a proteger que hasta ahora no ha tenido debida consideración: la convivencia vecinal pacífica y respetuosa en aras de la seguridad de las personas y las cosas», añade.
Además, la propuesta del PP abría la puerta a que en los procesos intervinieran las comunidades de propietarios, a las que se les dotaba de medios de defensa jurídica. La clave de esta propuesta era que las comunidades de vecinos y los propietarios que son personas jurídicas pudieran acudir directamente a los tribunales, pues bajo esta figura no solo se encuentran los fondos de inversión, sino también inmobiliarias, pequeños autónomos o pymes.
Los populares sí que lograron recabar ayer, sin embargo, los apoyos necesarios para que el Congreso apruebe su plan para garantizar la supervivencia del transporte en autobús. La propuesta fue apoyada por todos los grupos, a excepción de Bildu que se abstuvo, lo que, según el diputado del PP Andrés Lorite, supone un alivio para los más de 30.000 puestos de trabajo que están en juego en el sector, así como el tercio de empresas cuya viabilidad está en juego. «Hay una amenaza clara para la supervivencia del sector. Y el Gobierno de España ni está ni se le espera», remarcó Lorite.