Irene y la burramia jurídica
No ha habido jurista que discrepe: su ley del ‘sí es sí’ es un truño
ES ya un clásico poner en duda el conocimiento, valía y utilidad de la intrépida ministra Irene Montero Gil, madrileña de 33 años, titulada en Psicología, con solo un año de nómina fuera de la política (cajera en una cadena de electrodomésticos) y supuesta feminista, que ha medrado por sublimación digital de su pareja y padre de sus tres hijos, el vicepresidente Iglesias Turrión. Pero Irene acaba de marcar un hito. En tiempos de creciente división doctrinaria, ha logrado un insólito consenso. Juristas de todas las ideologías concuerdan en que su Ley de Garantía de la Libertad Sexual (alias ‘ley del solo sí es sí’) es un truño. Así lo considera el informe al respecto del Consejo del Poder Judicial, aprobado por unanimidad por sus 20 vocales.
El éxito resulta todavía más meritorio si se recuerda que en marzo del año pasado, Carmen Calvo y el ministro de Justicia tuvieron que salir a cepillar de urgencia las barbaridades del borrador de Irene y sus asesoras, instaladas en un feminismo lunático, obsesivamente LGTBI y en realidad contrario al sentir mayoritario de las mujeres españolas (y al sentido común). Por entonces, a Irene le había parecido guay estrenar su ley del ‘solo sí es sí’ al hilo de los fastos del famoso 8-M-Covid. Pero con tanta tarta, fiestuqui y nanny-asesoras en el ministerio, cuando se pusieron a redactar la ley les salió un disparate y los adultos del PSOE tuvieron que sacar el boli rojo (con el consiguiente enojo del consorte y promotor de la ministra, Iglesias, que tildó de «machista» al titular de Justicia por arreglar la chapuza de su protegida). Las aventuras de nuestro Gobierno de progreso son bastante más amenas que los adictivos teleculebrones turcos.
A pesar del cepillado de Calvo, la ley del ‘sí es sí’ sigue derrapando. Los tres autores del informe del GGPJ han sido la abogada sevillana Pilar Sepúlveda, progresista y fundadora de una asociación en defensa de las mujeres víctimas de agresiones sexuales; la jueza catalana Roser Bach, que llegó en la cuota de CiU; y el conservador Juan Manuel Fernández, un excelente jurista (y no lo digo porque sea un chalado del Dépor, como yo), que fue presidente del Tribunal Superior de Navarra en tiempos muy complejos. Explican que la definición que hace Irene del ‘consentimiento’ es superflua, pues el Código Penal ya lo tiene en cuenta. También destacan que su proyecto se fuma la sagrada presunción de inocencia, pues en lo que es pura burramia jurídica obliga al acusado a demostrar que es inocente, cuando en un Estado de Derecho es la acusación la que ha de demostrar la comisión del delito. Por último, señalan que al eliminar el delito de ‘abusos sexuales’ para incorporarlo a uno único de ‘agresión sexual’ puede provocarse más indefensión de las mujeres, pues se castiga igual el ‘grado de lesivo mayor’ que el menor. En resumen: un bodrio.
(PD: pero el culpable final de estos sonrojos es quien la colocó y mantiene ahí, en un ministerio de gas, de los inventados solo para comprar el apoyo de Iglesias).