Escuela judicial: ni conservadores, ni ricos, ni franquistas, ni hijos de jueces
El análisis de las últimas 23 promociones desmonta los argumentos que utiliza la izquierda para atacar y desprestigiar a la magistratura: «Son prejuicios» De los 3.237 alumnos, las mujeres representaron un 65%, sólo un 5,9% tenía padres togados y en uno
«¿De dónde provienen los vocales? ¿Y de dónde provienen quienes pueden acceder a la carrera judicial? ¿Qué familia puede permitirse diez años de estudios sin becas, sin cobrar ni un euro porque sus estudios son de dedicación exclusiva gastando miles de euros en preparadores y temarios? (…) Casi siempre de los mismos entornos. Y ese sesgo marca de forma definitiva el carácter de la Justicia española, que se parece muy poco a la sociedad real (…) Democratizar la Justicia es también democratizar el acceso a quien puede llegar a la carrera judicial». El pasado 15 de diciembre, el líder de Más País, Íñigo Errejón, cuestionaba desde la tribuna del Congreso el modelo de acceso a la carrera judicial, un asunto al que la izquierda viene prestando interés desde los tiempos del exministro socialista Mariano Fernández Bermejo, allá por 2007. Pero es ahora, con motivo de la reforma del Consejo General del Poder Judicial, cuando los socios de Gobierno de Sánchez han mostrado ya sin tapujos su propósito de acabar con un sistema judicial que consideran ‘conservador’ y ‘franquista’. «Togas apolilladas», según el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu o «cloacas judiciales» para Jaume Asens (Podemos).
En el trasfondo del asunto, la misma desconfianza hacia la carrera de la que ya en su día alertó el entonces portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, Antonio García, cuando Bermejo habló de «pescar» jueces en las universidades y no mediante oposiciones, un planteamiento que nueve meses después tuvo que abandonar. «La pretensión del ministro es la de reclutar desde lo ideológico a personas con un determinado perfil y por una exclusiva razón: porque no le gustan los actuales jueces de este país».
El acuerdo de gobierno firmado entre el PSOE y Unidas Podemos el 30 de diciembre de 2019 recogía tímidamente su voluntad de modernizar el sistema de acceso a la carrera «previendo mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades con independencia del sexo y de la situación socioeconómica de los aspirantes». ¿Tienen problemas las mujeres para acceder a la carrera judicial? ¿Los alumnos de la Escuela Judicial son hijos de jueces? ¿es cierto que provienen de clases mediasaltas?
Un estudio de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) sobre las últimas 23 promociones de jueces desmiente esa afirmación. El actual modelo «no solo garantiza la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres, sino que ha permitido que año tras año sean más las mujeres que acceden a la judicatura que sus compañeros varones», concluye. Y así es. Durante el periodo comprendido entre 1996 y 2021 han pasado por la Escuela Judicial 3.237 alumnos; de ellos el 64,78 por ciento han sido mujeres y el 35,22 hombres. En concreto, han formado parte de la última promoción de jueces 70 mujeres y 48 hombres, una proporción que nada tiene que ver, eso sí, con nombramientos en los que pesa más la discrecionalidad: pese a que este año había en activo en la carrera un 54,3 por ciento de mujeres, ese porcentaje no se refleja en tribunales superiores de Justicia, audiencias provinciales, Audiencia Nacional ni en el Tribunal Supremo.
Tampoco hay ningún dato que avale que quienes opositan a juez sean hijos de jueces, conservadores, ni familias con rentas altas. Según este informe, se trata de una afirmación que «solo parece sustentarse en prejuicios». De 2.467 jueces de las últimas 19 promociones, un 74,83 por ciento no tenía (no ya un progenitor, sino un familiar) ejerciendo una profesión jurídica. Del resto, un 5,9 por ciento sí tenía un familiar togado y el otro 19,21 lo tenía en profesiones relacionadas con los tribunales, la mayor parte en la Abogacía. De igual modo, uno de cada tres alumnos que ingresan cada año en la escuela procede de familias en las que ninguno de los progenitores tiene estudios superiores.
Formación e independencia
El estudio de la Francisco de Vitoria concluye que el modelo de selección de jueces en España es similar al de los países de nuestro entorno y garantiza la mejor formación y mayor independencia de los futuros jueces.
Ahora, la oposición a juez consta de tres ejercicios teóricos (un test y dos exposiciones orales) y una práctica que se desarrolla en la Escuela Judicial. Es cierto que el actual sistema de oposición exige un desembolso de entre 100 y 300 euros de media mensuales, que en la mayor parte de los casos asumen las familias. Sin embargo, para los autores de este estudio la solución no pasa por laminar las oposiciones ni disminuir los tiempos de preparación, «con la consiguiente merma de la calidad jurídicoteórica del candidato», sino que el Estado debería «dotar un sistema de becas suficientemente retribuidas en proporción a la situación de cada familia, para poder afrontar la preparación durante un tiempo determinado».
El portavoz nacional de AJFV asegura que «es obvio que esta inversión de tiempo y dinero siempre resulta más asequible para quienes pueden asumirla con más facilidad», pero lo mismo ocurre para ser abogado del Estado, inspector de Hacienda, médico o catedrático y nadie se ha planteado modificar el acceso a esas profesiones «con excusas de género o clase social». «Si alguien pretende cambiar las oposiciones a juez por falsos prejuicios ideológicos o para hacer ingeniería social con la carrera judicial, las consecuencias las sufrirá el ciudadano», dice.