El CGPJ pospone una semana los nombramientos y espera al pacto
Vetos entre Gobierno y PP frenan el acuerdo para repartir el Poder Judicial
Pese a que se esperaba tenso, por las diferencias que el día anterior habían expresado los vocales sobre la necesidad o no de afrontar la última tanda de nombramientos, el Pleno del Consejo se caracterizó ayer por la prudencia. Al menos en lo que se refiere a la cobertura de plazas. No así en lo relativo al demoledor informe del anteproyecto de la ley del consentimiento de Montero con el que el órgano de gobierno de los jueces se despidió.
Por unanimidad, el CGPJ decidió posponer los nombramientos –cuya inclusión en el orden del día forzó un grupo de ocho vocales de distintas sensibilidades– a un pleno extraordinario que, en su caso, se celebrará el próximo jueves 4 de marzo. El órgano decidía así esperar unos días para comprobar si fructifica el acuerdo entre PSOE y PP para su renovación. Si no es así y no hay cambios sustanciales en la negociación, hay vocales que consideran que el Consejo tiene que seguir desempeñando sus funciones constitucionales con normalidad, entre ellas los nombramientos. Por contra, si el pacto está cerrado ya en esa fecha, de estos se encargaría el nuevo Consejo.
Los veinte vocales adoptaban así una decisión con la que se trataba de impedir la fractura en un órgano que desde el mes de septiembre ha efectuado los nombramientos con «mayorías incontestables» de hasta 18 de los 21 vocales en algún caso y, por lo general, de 16. En esta ocasión no iba a ser así, pues del bloque que venía votando unido estos últimos meses, y que integraban vocales tanto de perfiles conservadores como progresistas, se habían descolgado ya tres, lo que implicaba que la cobertura de las nuevas plazas no iba a hacerse con holgadas mayorías. Se trataba de tres plazas correspondientes al Tribunal Supremo (dos en lo Civil y una en lo Social); a dos presidencias de tribunales superiores de Justicia (País Vasco y Canarias), a la de la Sala Social del TSJ vasco y a las de las audiencias provinciales de Salamanca y Almería.
Lo cierto es que en el Gobierno eran partidarios de un acuerdo rápido, que no dilatase los tiempos, conscientes de que políticamente es complejo mantener un «equilibrio», en palabras de un ministro, entre la decisión de abordar un pacto de estas características con el PP y la necesidad de hacerlo de la mano del socio minoritario de la coalición.
En el comunicado que emitieron ayer los grupos parlamentarios de PSOE y PP se trasladaba la idea de que las negociaciones no se interrumpen: «Ambos partidos nos hemos emplazado a continuar negociando en los próximos días para alcanzar un acuerdo» para el desbloqueo de los órganos pendientes de renovación: Consejo General del Poder Judicial, también de un tercio del Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas y Agencia Española de Protección de Datos.
Aunque el acuerdo para la renovación se da por hecho entre los actores consultados, fuentes gubernamentales reconocían en la tarde de ayer que quedaban «varios problemas» por resolver. Desde el lado de Unidas Podemos, donde cuentan con el líder del Partido Comunista, Enrique Santiago, negociando su parte con el PSOE, se aproximaba la idea de que varios nombres estaban en el aire. Algo que corroboraban en la parte socialista. Desde la formación de Pablo Iglesias insistían ayer que «igual que es evidente nuestra presencia en RTVE, se verá en el CGPJ».
Y en esa presencia es donde algunas fuentes apuntan a que se encuentra el problema. Desde el Gobierno insisten en que el reparto está cerrado, con UP logrando dos sillones cercanos a su sensibilidad y el PNV asumiendo uno de los nombres del PP. Pero también reconocen que los populares han vetado a candidatos cercanos a UP y apuntan a ese pulso como el elemento que «está dificultando el cierre del pacto». En la negociación señalan además que desde el Gobierno, por presión de Podemos, se sigue insistiendo con José Ricardo de Prada. Algo que Génova no acepta. Otras fuentes gubernamentales trasladan sus reticencias con la figura de Alejandro Abascal. Pero desde el PP garantizan que ahora mismo «está en la lista», aunque aseguran que no hay «nada cerrado». Otras fuentes señalan que es un nombre innegociable.
Desde el PP se afronta la parte final del acuerdo, «la más difícil», con máxima cautela. También dan por hecho que habrá pacto en los próximos días, pero la presencia de representantes de Podemos sigue siendo una línea roja para los populares. El reconocimiento de que pueda haber alguno sería echar por tierra una de las condiciones principales que puso Casado para que el PP se sentara a negociar con el PSOE.
Nombres pendientes
Los negociadores reconocen que los nombres que faltan por cerrar están generando problemas
No es el primer revés jurídico que se lleva el equipo de Irene Montero en este año de andadura en el Ministerio. Tampoco era inesperado, porque ya hace dos semanas los tres magistrados ponentes del informe que votó ayer el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) manifestaron su disconformidad. Pero sí ha sido el que más ha dolido. De hecho, el varapalo al anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual (conocida como ‘ley Montero’ o ‘ley del solo sí es sí’) fue recibido ayer por otra togada encargada de parte de su redacción, Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, con el calificativo de «regresivo».
El que probablemente haya sido el último Pleno del CGPJ antes de su renovación avaló ayer por unanimidad el informe crítico con el anteproyecto elaborado por los vocales Roser Bach, Juan Manuel Fernández y Pilar Sepúlveda, los tres conocedores directos del drama que atraviesan las víctimas de agresiones sexuales. Los 20 vocales, de distintas sensibilidades, y el presidente del organismo, Carlos Lesmes, ratificaron la ponencia de sus compañeros de modo unánime, lo que puso de manifiesto que las objeciones técnicas del ministro de Justicia a este borrador no debían ser fruto del «machismo» de Juan Carlos Campo, como dijo el vicepresidente Pablo Iglesias, sino de una serie de errores e imprecisiones que también se han visto en el órgano de gobierno de los jueces.
El Consejo tumbó así los puntos clave que había introducido la ‘ley Montero’: la fusión de dos delitos –el abuso y la agresión sexual– en uno y la regulación del consentimiento, del que cuestionan hasta la definición que propuso Igualdad. Los vocales recuerdan que, en contra de lo que afirma el anteproyecto, la introducción de una definición de consentimiento sexual «no responde a un mandato del Convenio de Estambul» contra la violencia sexista. El convenio «no impone a los Estados una concreta definición del consentimiento sexual, sino que deja un margen de apreciación en este punto», señala el CGPJ. De él se desprende que los elementos esenciales del consentimiento sexual son la voluntariedad y el principio de contexto, pero nada dice ese texto de los medios necesarios para manifestar esa voluntad. En este sentido, los vocales ven innecesaria la definición del anteproyecto, que señala: «Se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes su voluntad expresa de participar en el acto».
Para el Consejo, el problema que plantea el consentimiento no es una cuestión sobre lo que debe entenderse como tal de manera conceptual, sino una cuestión probatoria, cuándo existe o no ese consentimiento, y las eventuales dificultades procesales de acreditar su ausencia. A su parecer, la definición que plantea el anteproyecto «determina un aparente desplazamiento de la carga de la prueba, pues parece configurar un elemento negativo del tipo cuyas distintas notas características (manifestación libre, actos exteriores, concluyentes e inequívocos y voluntad expresa de participar en el acto) deberían ser probadas por la defensa para excluir la tipicidad». De esta forma, añade, se estarían alterando de modo sustancial las normas sobre la carga de la prueba en el proceso penal, «con riesgo de afectación del principio de presunción de inocencia».
A juicio de los vocales, esa definición de consentimiento «no logrará evitar la victimización secundaria», pues no va a poder evitar que, para poder valorar el alcance de las «circunstancias concurrentes», los interrogatorios a la víctima versen sobre este asunto concreto.
El órgano pone también de manifiesto contradicciones evidentes en el texto de Rosell y el equipo de Igualdad.
Una más que notable es cuando sostiene que la manifestación de la voluntad (para realizar el acto sexual) puede ser «expresa o tácita» y luego, en un inciso final del anteproyecto, exige que sea «expresa». «Para eliminar esta contradicción el precepto debería referirse a la voluntad a secas, como por otra parte es la práctica del Código Penal cuando emplea este término», señala el texto de los vocales.
Liman las contradicciones
Respecto a la fusión de la agresión sexual y el abuso, los vocales consideran que «puede tener un efecto de desprotección de las víctimas» porque «para el autor del delito no tendrá mayores consecuencias emplear un medio comisivo más lesivo que otro de intensidad menor (...). Para evitarlo –señalan– sería necesario prever una modalidad agravada de agresión sexual cuando concurra un medio comisivo especialmente lesivo (con violencia, con amenazas), imponiendo la pena en su mitad superior». Eso significa que la regu
lación sería, por tanto, similar a la actual distinción entre agresión y abuso.
El informe no es vinculante, pero sí indicativo. Ahora deberá pasar al Consejo de Estado, donde llegará presumiblemente en abril para que siga siendo depurado y no aterrice con estos errores a su tramitación parlamentaria.
La magistrada Rosell se tomó muy mal el revés y disparó al Poder Judicial, al que acusó de no hacerle llegar los informes directamente, sino a través de los medios, y actuar de modo «regresivo», en esta ocasión y también cuando en su opinión se opuso a la ley contra la Violencia de Género y la del matrimonio igualitario, que «comparó con zoofilia», dijo.