Los delfines no ríen
«El principal error de la nueva ley francesa es el prejuicio que le sirve de fundamento. El extremismo y la violencia crecen hoy en todas partes, con o sin connotación religiosa, como muestran los disturbios organizados con ocasión de una sentencia judicial contra cierto mediocre rapero español. La intolerancia se da en las personas más que en las ideas»
LOS humanos tenemos el instinto de ver a los delfines riendo, a los búhos prestando gran atención y a los muertos durmiendo en los cementerios. Pero no: ni los delfines son risueños, ni los búhos son intelectuales, ni los muertos duermen plácidamente en sus tumbas. Se trata de una proyección mental inconsciente de nuestros códigos de percepción a una realidad que suele ser muy distinta.
Algo parecido ocurre con muchos europeos en relación con el islam: tienen el reflejo –más adquirido que innato– de verlo como amenaza. Lo cual condiciona todo proceso mental posterior que tenga que ver con los ciudadanos musulmanes de Europa (hay quienes olvidan que son ciudadanos y europeos, como ellos). La nueva ley impulsada por Macron, y aprobada por amplia mayoría por la Asamblea Nacional de Francia el pasado 16 de febrero, es una muestra de esa actitud.
La ley se introduce significativamente como dirigida a ‘reafirmar los principios de la República’, y deja claro que su intención es luchar contra el extremismo que denomina ‘islamismo radical’. Parece difícil oponerse a una finalidad tan razonable. Las dudas comienzan cuando se analiza el contenido de la ley, prolijo y lleno de tecnicismos, que es imposible resumir aquí. Hay una extraña mezcla de disposiciones que persiguen objetivos sensatos (por ejemplo en materia de discurso de odio, transparencia de finanzas de asociaciones, control de legalidad de establecimientos educativos, igualdad de herederos o poligamia) con otras que tienen menos justificación por su invasión de la privacidad, o por dar atribuciones excesivas a las autoridades administrativas para supervisar, y en su caso limitar, la vida de los ciudadanos franceses. Chocante es el art. 6º, según el cual toda entidad que solicita financiación pública debe firmar un ‘contrato de compromiso republicano’, aceptando respetar los principios de la República francesa. Como si la Constitución fuera contratable y no bastara su mera fuerza de obligar siendo la norma suprema del Estado.
Lo más preocupante de la nueva ley no es su contenido normativo sino el mensaje que transmite. Parte de la importancia de las leyes estriba en cómo se presentan a la sociedad, y cómo explican los problemas que pretenden solucionar. En este caso el mensaje es claro. El islam no se menciona ni una sola vez en los artículos de la ley, pero aparece constantemente en la explicación del proyecto, como si el único riesgo de extremismo fuera el ‘islamismo radical’. Subliminalmente se desliza la sospecha de que todo musulmán, y toda comunidad islámica, son elementos desestabilizadores de la República salvo que sean expresamente ‘bendecidos’ por el laico Estado francés. Se afirma querer erradicar el radicalismo y la intolerancia, pero paradójicamente se alimenta el recelo ante los musulmanes como potenciales enemigos de la sacrosanta República laica.
Dos aspectos de la ley resultan inquietantes. El primero es si realmente hacía falta, pues en gran medida se limita a reformar o matizar otras normas existentes, lo cual podía haberse hecho sin tanto ruido de percusión, y sin estigmatizar a una determinada religión. Tiene el aire de maniobra de distracción política, un modo de ocultar el inmenso fracaso de integración social de parte notable de la población islámica de Francia. Una aplicación de la táctica de la ‘guerra de distracción’: buscar un enemigo externo, real o ficticio, que evite la autocrítica. Francia insiste así en políticas ‘duras’ contra el islam –supuestamente el ‘radicalismo islamista’– que datan de hace casi tres décadas. Legislativamente, desde 2004, cuando se prohibió llevar en la escuela signos personales visibles que revelen la propia religión: se puede ir al colegio siendo musulmán... siempre que no se note mucho. Le siguió la ley de 2010 que –contra el criterio del propio Consejo de Estado– impone multas por llevar el velo integral en la calle. Y ahora esta nueva vuelta de tuerca. ¿Qué más hace falta para darse cuenta de que se trata de una política equivocada, que da alas al extremismo en lugar de neutralizarlo? ¿Realmente la solución es resucitar el mito del francés blanco, secularizado y poscristiano, con una fuerte dosis de relativismo moral e inquebrantable fidelidad al Estado?
El segundo aspecto se refiere precisamente a la lealtad a la República. La nueva ley, utilizando confusamente términos como ‘separatismo’ y ‘comunitarismo’, se rasga las vestiduras porque haya comunidades y personas para quienes sus normas religiosas o morales son superiores a las leyes de la República. ¿De verdad es tan difícil de entender que las personas pongan su conciencia moral por encima de las normas del Estado (no necesariamente contra ellas)? ¿Es quizá el ciudadano ideal aquel que responde a la boutade de Groucho Marx: «Si no le gustan mis principios... tengo otros»? El obligado respeto a la Constitución y al orden jurídico no equivale a adhesión interna. Se extralimita el Estado si se erige en fuente última de la moral personal.
Confundir radicalismo y firmeza en las propias creencias es un error que sólo se explica en el contexto de la ‘modernidad líquida’ de que habla Zygmunt Bauman. O más bien una cultura ‘gaseosa’, donde las convicciones carecen de consistencia y varían de dirección dependiendo de hacia dónde sople el viento de la moda, o de la conveniencia. Un ciudadano que adapte su juicio de conciencia al dictado –cambiante– de la ley civil es en realidad un súbdito. La ley menciona explícitamente entre los principios republicanos la igualdad de los ciudadanos y su libertad de conciencia y de culto (para eso se impuso la laicidad). Pero establece todo un sistema de controles para que las autoridades se cercioren de que la libertad se ejerce ‘razonablemente’, de manera que las manifestaciones de religiosidad sean lo suficientemente ‘atenuadas’ como para resultar aceptables en la secularizada sociedad francesa. El punto de partida es la desconfianza, en particular hacia los musulmanes: algo poco compatible con la igualdad.
El principal error de la nueva ley francesa es el prejuicio que le sirve de fundamento. El extremismo y la violencia crecen hoy en todas partes, con o sin connotación religiosa, como muestran los disturbios organizados con ocasión de una sentencia judicial contra cierto mediocre rapero español. Incluso se dan en causas de suyo nobles, como el movimiento Black Lives Matter. La intolerancia se da en las personas más que en las ideas. Y no hay modo más eficaz de fomentar la intolerancia que tratar de impedir a las personas que sean ellas mismas, dificultarles que busquen el sentido de su vida dentro de un marco de normas comunes pero sin necesidad de un Estado paternalista que les guíe. Empeño, por lo demás, abocado al fracaso.