La mayoría del CGPJ que desafió el bloqueo político se fractura
El Pleno, obligado a retirar dos plazas del TS al no obtener ni el mínimo de avales
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer seis de los ocho nombramientos previstos con mayorías ajustadas –en algún caso, con el mínimo exigido– y con una profunda división interna entre partidarios y detractores de seguir cubriendo plazas mientras el acuerdo entre Gobierno y PP para renovarlo no esté roto del todo.
Las diferencias entre los vocales, que obligaron a retirar dos de las tres plazas en liza del Tribunal Supremo (al no obtener ninguno de los candidatos una mayoría suficiente), se escenificaron desde el comienzo del Pleno, cuando al grupo de los cinco vocales progresistas contrarios a seguir con los nombramientos se sumaron otros tres vocales del sector conservador que propusieron volver a retrasarlos hasta la reunión ordinaria de fin de mes para ver si el pacto cuaja o si al menos se puede llegar a ese Pleno con los nombramientos más consensuados.
Fuentes del bloque que tradicionalmente viene apoyando la legitimidad de estos nombramientos, y que está integrado por vocales de distintas sensibilidades, no ocultaron su malestar con los que se han descolgado de esta última tanda porque, recuerdan, eran precisamente los más combativos con la reforma del Gobierno que pretende cercenar sus funciones.
La de ayer fue la primera vez desde el pasado mes de septiembre que el Pleno votaba los nombramientos con esta fragmentación, pues las 26 plazas que se han cubierto en esos últimos cuatro plenos salieron adelante con mayorías abrumadoras de hasta 18 (e incluso en algún caso, 19) avales de los 21 posibles. En esta ocasión estaba claro que se trataba de plazas más complicadas de consensuar, y prueba de ello es que algunas, como la presidencia del TSJ de Canarias, venía arrastrándose desde hace un año.
A ello se suma esa división que ya de por sí existía entre los vocales sobre la decisión de seguir con los nombramientos, especialmente tras el anuncio de las negociaciones para la renovación de los órganos constitucionales que, si bien fructificó en el caso del Consejo de Administración de Radiotelevisión Española, no ha sucedido lo mismo con el resto de instituciones pendientes.
Precisamente esa fue la razón que llevó al Pleno ordinario del jueves de la semana pasada a posponer hasta ayer estos ocho nombramientos a la espera de que se cerrara un acuerdo que entonces parecía inminente.
Sin embargo, la insistencia de Podemos en proponer al juez José Ricardo de Prada ha paralizado la negociación sin que a día de hoy esté claro si se retomarán o no los contactos entre PSOE y PP.
Entre los nombramientos aprobados ayer está solo una de las tres plazas del Tribunal Supremo que estaban en el orden del día: la de Sala Civil, que ha recaído en el expresidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) Antonio García, con los 13 votos exigidos.
Con estos mismos avales, pero en segunda votación, han salido adelante las presidencias del TSJ del País Vasco y el TSJ de Canarias. Con 12 votos se ha cubierto la presidencia de la Sala Social del TSJ vasco y con 13 y 14 las de las audiencias de Almería y Salamanca, respectivamente.
A última hora
Varios vocales intentaron frenar la votación pese a que era un Pleno convocado ‘ex profeso’