«No queremos más inseguridad y conflictos en los tribunales»

Las expropiaciones del Govern de Baleares abren un conflicto jurídico difícil de ponderar. «En juego están el derecho de propiedad y el derecho a tener una vivienda recogidos en la Constitución», explica Arantxa Goenaga, socia del despacho de abogados Círculo Legal Barcelona. «Hay una pugna entre la libertad de oferta y demanda con la imposición de facilitar a determinadas personas a que paguen menos. No es lo mismo que tu escojas a tu arrendatario a que tu Gobierno te lo imponga siete años. No conoces al inquilino y pasas a tener una persona desconocida que no sabes qué daños puede causar en la vivienda», explica la abogada.

A esta misma conclusión llegó el Tribunal Constitucional (TC) al anular parte del decreto ley de la Generalitat de Cataluña que obligaba a grandes propietarios a ofrecer un contrato social alternativo a los inquilinos morosos con pocos recursos, incluso si estos habían ocupado la vivienda de forma ilegal.

Al igual que en este caso, se espera que los afectados en Baleares recurran en los tribunales la resolución del Govern una vez publicada en el boletín oficial. Por lo que de la misma forma podría acabar en saco roto o con el procedimiento alargándose en el tiempo.

Para que salga adelante, el Ejecutivo de Armengol, entre otros hechos, tendría que demostrar ante la justicia que no dispone del ‘stock’ suficiente de vivienda pública como para tener que acudir a este tipo de prácticas sobre los propietarios, según Goenaga.

«El Gobierno balear tiene que fundamentar mucho la razón de utilidad pública de estas viviendas para que un tribunal les de la razón. Lo más lógico sería que el TC se opusiera a dicha expropiación, porque entiendan que el derecho a la propiedad privada de los titulares tiene que ser prioritario a estas medidas» relata a ABC, la socia directora de Le Morne Brabant en Madrid Alegría Cuevas.

«De ser así, la norma no cumplirá su objetivo de ofrecer de manera inmediata una alternativa social de vivienda», abunda Cuevas.

Por su parte Goenaga también señala el efecto dominó que puede avivar esta medida en el resto de comunidades. Especialmente en Cataluña,